Disparen contra la educación: la ofensiva de la rancia derecha

Una y otra vez, sin solución de continuidad, la rancia derecha vernácula denosta cotidianamente a la educación pública, corroborando su visceral odio por la inteligencia y la libertad.

En los últimos meses, desde el matutino «El País» ­tribuna de expresión de los sectores más reaccionarios de la sociedad uruguaya- se ha lanzado una muy bien orquestada operación «enchastre» contra el sistema educativo estatal.

El circense tinglado responde a la necesidad de demonizar a los docentes y a todos los trabajadores de la educación, en el crucial momento de definición de la Ley de Presupuesto.

Como hace medio siglo, para los voceros del bloque neoliberal conservador la educación pública es un coto de caza de la izquierda más radical. Obviamente, esa actitud es otro resabio subyacente de la hoy descongelada guerra fría.

Tanto en las páginas editoriales como en la información que se publica cotidianamente en ese medio de prensa, se califica despectivamente a los docentes, cuestionando su calidad técnica y sus actitudes gremiales.

Se fustiga, por ejemplo, que los sindicatos ejerzan el legítimo derecho constitucional a paralizar sus actividades en reclamo de un mejor salario, que, más allá de las importantes mejoras obtenidas durante el gobierno de Tabaré Vázquez, sigue siendo insuficiente.

También se enfatiza permanentemente en el ausentismo docente, como si este fenómeno sólo sucediera en este campo de actividad. Incluso, con absoluta ignorancia y manifiesta mala intención, se aduce que los educadores faltan a los centros públicos y concurren a los privados. Ello no es posible, porque actualmente existe un mecanismo de coordinación de licencias que lo impide.

Desde hace por lo menos tres semanas y con base en un informe del Banco Mundial, se ha iniciado una ofensiva muy fuerte destinada a «demoler» la credibilidad en nuestra educación.

La operación incluye opiniones y entrevistas a voceros referentes de la educación privada, así como también del sector empresarial.

Nadie niega que la educación pública tenga el gran desafío de iniciar un proceso de mayor sintonía con las demandas del mercado laboral, que se deba repotenciar a la educación técnica y que se requiere mejorar la calidad de los contenidos y aprendizajes. Así lo han comprendido el gobierno y las actuales autoridades de la ANEP.

Entre esas reflexiones, que nos retrotraen a la patética reforma de inspiración economicista digitada por los organismos financieros internacionales y liderada por Germán Rama, se reclama liquidar literalmente la formación humanista y las nociones de cultura general que reciben los estudiantes. Evidentemente, quieren que de las aulas egresen analfabetos con destrezas y habilidades, condenados a ser empleados dependientes toda su vida.

Los presuntos «iluminados» que reclaman profundos cambios, realmente son voceros del statu quo que aspiran a que la educación prepare a los jóvenes para ser meros engranajes del sistema de acumulación capitalista y no ciudadanos maduros y críticos, que posean las herramientas necesarias para interpretar la realidad y ejercer plenamente sus derechos democráticos.

Por supuesto, en sus reflexiones no ahorran expresiones agraviantes y despectivas. Mientras en el período pasado Ignacio de Posadas calificó al debate educativo como «una merienda de negros», Carlos Maggi, en una reciente nota de opinión publicada en el matutino, se refirió a los docentes como «sinvergüenzas».

No satisfecho con este y otros improperios, insinuó que existe una suerte de pacto entre estudiantes y docentes para no aprender ni enseñar y reflexionó que la única alternativa de los padres es la enseñanza privada.

No niego que el columnista tenga derecho a opinar lo que le plazca. Sin embargo, el último informe conocido del Proyecto Pisa demuestra la inconsistencia de esa visión.

Comparando los indicadores de ese prestigioso estudio internacional, se concluye que, en algunos casos, los desempeños de los estudiantes de educación pública de contexto favorable superan a los de la educación privada. Hay que terminar, de una buena vez, con los mitos.

Evidentemente, a más de uno le molesta que el gobierno del Frente Amplio haya instaurado la enseñanza de la historia reciente, que se imparta educación sexual y que se invierta más en salarios, edificación, equipamiento y material didáctico.

No pasa inadvertido que cuando la derecha gobernaba, la educación pública vivía asfixiada y en estado de virtual inanición y los docentes cobraban menos que una empleada doméstica. Hoy, su salario es más digno, aunque debe mejorar.

Además, los estudiantes desconocían la historia de su país y no recibían ni mínimas nociones sobre sexualidad, lo cual los condenaba a una dramática ignorancia.

Obviamente, estas operaciones no son nuevas. Antes y durante de la dictadura, la educación pública fue sometida a permanentes agresiones, con docentes presos, miles de destituidos e incluso asesinados. El maestro Julio Castro y la maestra Elena Quinteros son los dos casos más emblemáticos.

Quienes desde las tribunas reaccionarias reclaman más presupuesto para seguridad y menos para educación, deberían advertir que en algunos de los países que tienen las más altas tasas de inversión educativa y mayor inserción y equidad social, el gasto en seguridad es mínimo y hasta se están cerrando cárceles.

Seguramente lo saben. Sin embargo, insisten en alimentar su odio contra la educación pública, porque saben bien que es la única herramienta que asegura la movilidad social y que forma ciudadanos intelectualmente maduros y críticos, capacitados para reclamar y ejercer sus derechos ciudadanos sin cortapisas.

Evidentemente, siguen pensando con los mismos esquemas mentales osificados de la época de la guerra fría y no se resignan a aceptar que la sociedad uruguaya evolucionó, le perdió el miedo a los apócrifos fantasmas del pasado y sepultó un anacrónico estilo de hacer política.

Afortunadamente, ya casi nadie les cree.