El retorno a la democracia

El pasado 3 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del acuerdo del Club Naval que selló el fin de la dictadura cívico militar en el país.

En momentos en que la sociedad política conmemora este cuarto de siglo del retorno de la democracia, rescatamos la significación histórica de aquel acto, y el rol trascendente del Frente Amplio en la instancia y en el proceso político que el mismo abre. Porque junto con el retorno de la soberanía a su titular, el ciudadano, la «realidad de los hechos» muestra que el acuerdo del Club Naval marca un quiebre histórico en el proceso político del país y el comienzo de una nueva época: por primera vez se sale de una crisis institucional sin la presencia de uno de los partidos tradicionales y con la participación en primera línea de la izquierda política.

Es el triunfo de la estrategia de Concertación, Movilización y Negociación trazada por el Frente Amplio, que asienta en el pueblo organizado políticamente la salida del proceso de dictadura y la reconstrucción democrática del país. Determina para las militarmente invictas FFAA, la derrota de su plan político de perpetuarse en el poder a través del Cosena y el fracaso de su estrategia de salida exclusivamente «a través de los partidos blanco y colorado». Tras once años de avasallamiento de las instituciones democráticas y de ejercicio indiscriminado de la autoridad, cuya exclusiva justificación fue «terminar con la infiltración marxista en el país y con la herramienta política construida con ese fin, el Frente Amplio», se dan de cara con la realidad de tener que devolver el poder a un gobierno civil, a partir de una negociación en la que esa fuerza política fue factor fundamental.

Fuerza política proscripta durante todo el período, sus dirigentes perseguidos, presos, desaparecidos y/o exiliados, pero que emerge vital, asumiendo su responsabilidad histórica con el país, anteponiendo el destino colectivo por encima del propio y afirmada como garantía insustituible del proceso de pacificación, de transformación económica y de profundización democrática al que «todos los partidos se comprometieron» en la Conapro. Para los lemas tradicionales es la constatación de que la era del bipartidismo blanco y colorado llegaba a su fin; que a partir de entonces y como lo anticipara el general Seregni, el nuevo bipartidismo sería entre «conservadores y progresistas». «La salida será entre los dos partidos tradicionales y los militares», decía el doctor Sanguinetti luego de las elecciones internas partidarias de 1982 y en vísperas del diálogo con las Fuerzas Armadas en el Parque Hotel.

«No hay salida posible sin una de esas tres patas del trípode político del presente uruguayo». ¿Qué opción quedaba entonces, a partir del acuerdo del Club Naval, para esas «tres patas» imprescindibles en «un acuerdo de salida»?: recomponer la relación de ambas fuerzas tradicionales, sacudirse al Frente Amplio de un eventual «gobierno de unidad nacional» y laudar con las Fuerzas Armadas sus desavenencias con el Partido Nacional, garantizándose su respaldo. Surge así la campaña para «tirar abajo el pacto», que siembra dudas acerca de «cláusulas no escritas» y «temas subyacentes», con el fin de tejer una leyenda negra sobre el acuerdo. Se erosiona hasta la ruptura a la Conapro, que comprometía al nuevo gobierno con medidas ajenos a su matriz ideológica, y se la sustituye por un pacto de «Gobernabilidad» entre los dos partidos tradicionales. A instancias del doctor Sanguinetti, se procede a la reconciliación del Partido Nacional con las Fuerzas Armadas, en una reunión en Anchorena. Allí surgen las bases de la Ley de Caducidad que sellará el nuevo pacto de la recomposición bipartidista, redactada luego por el Dr. Héctor Martín Sturla y cuyo «costo político» debía «correr por cuenta del Frente Amplio».

Pero «la realidad es tozuda», y se encargaría de confirmar la certeza estratégica de Seregni. La división entre progresistas y conservadores, era una realidad incontrovertible que cortaría horizontalmente a la sociedad y tendría su primera manifestación durante la votación de la Ley de Caducidad y en su posterior plebiscito con el «voto verde».

Que continuaría coagulando en el plebiscito de Antel, en la concertación para el crecimiento, en la construcción de un modelo alternativo de desarrollo sustentable, en el mojón progresista de la Intendencia de Montevideo en 1994, en la conformación del Encuentro Progresista, en las elecciones de noviembre de 2004 y su reiteración el pasado noviembre, con el triunfo del Frente Amplio a nivel nacional y su consagración como primera fuerza en varias intendencias del país. Como fuerza política «pacífica y pacificadora» que no tiene ataduras secretas que lo condicionen en la búsqueda de la verdad, el Frente Amplio desde el gobierno y a partir de la aplicación del artº 4 de la Ley de Caducidad, abrió los cauces que han permitido y seguirán permitiendo conocer los hechos, las circunstancias, los destinos finales de decenas de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar y la punición de los responsables, como pasos imprescindibles de la ansiada reconciliación nacional.

Fiel a su compromiso histórico, ha puesto en marcha un programa de transformaciones profundas, revolucionarias, para asegurar a la ciudadanía la adecuada satisfacción de sus necesidades y el ejercicio pleno de sus derechos.

Transformaciones en el plano de la economía, de las relaciones de trabajo, de la política salarial, de las políticas sociales, de la vigencia plena de los derechos humanos, de investigación, de avance tecnológico, de presupuesto educativo, de reforma en la salud, de ordenamiento administrativo del Estado, de saneamiento del sistema jubilatorio; la revolución del Ceibal, la revolución de la inclusión social

Y que en el pasado mes de mayo se plasma en un proceso de descentralización política y administrativa del país, a través de la elección de alcaldes y consejales en pueblos y villas de todo el país. Que no es un logro exclusivo del gobierno frenteamplista, ¡pero que sólo fue posible a partir del Frente Amplio!

Y que acerca al ciudadano común, al vecino más humilde de la localidad más alejada del poder central, la posibilidad de ejercer su legítimo derecho de incidir, planificar, resolver, disponer y ser el propio ejecutor de las políticas que el conjunto de vecinos de la localidad definan.

Para cada vez más ir construyendo su destino. ¡Y para definitivamente constituirse en el actor principal de su historia, el protagonista de sí mismo!, como sostenía el compañero Seregni.