En defensa de los trabajadores

Un millón doscientos mil dólares o un millón ochocientos mil dólares han sido descontados indebidamente a los trabajadores, como IRP, durante los meses de enero, febrero y no está claro si también fue efectuada la quita durante el mes de marzo.

La denuncia fue efectuada por el delegado de los trabajadores ante el Directorio del BPS, Ernesto Murro, sin que todavía se hayan tomado las medidas para restituir a sus legítimos propietarios el monto detraído.

Se trata de la no aplicación de lo dispuesto por la reciente ley presupuestal Nº 17.296, del 21.2.001, que establece en su artículo(2º)que sus disposiciones regirán a partir del 1.1.2001, salvo para aquellas que en forma expresa se establezca otra fecha de vigencia.

El Artículo 583 de la ley mencionada estipula:

«Sustitúyese el literal A) del artículo 23 de la Ley 16.697, de 25 de abril de 1995, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley 16.904, de 31 de diciembre de 1997 por el siguiente: » A) 0% (cero por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres salarios mínimos nacionales mensuales. Este porcentaje ascenderá al 1%(uno por ciento) cuando sea de aplicación la afectación establecida por el inciso primero del artículo 501 de la Ley 16.320 del 1º de noviembre de 1992, con la interpretación dada por el artículo 5º de la Ley 17.139, del 6 de junio de 1999.» (Este 1% se refiere a los afiliados activos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de profesionales Universitarios.)

Estamos ante un agravio que afecta a más de 400.000 trabajadores.

Se siguió aplicando el descuento del 1% a pesar de la clara disposición presupuestal que lo eliminaba a partir del 1º de enero del presente año.

Esto me recuerda las infelices expresiones de un ex subsecretario de Economía del período presidencial del Dr. Lacalle quien manifestó que si se le sacaba un poquito a cada jubilado, se podían hacer ahorros de millones de dólares. ¡Claro es lo mismo que hacer morcilla con sangre ajena!

Pero el Directorio del BPS, agente de retención del Impuesto a las Retribuciones Personales, y el Ministerio de Economía y Finanzas, deben dar respuesta inmediata del monto del error cometido y la restitución a sus legítimos dueños.

Si hay un impuesto injusto es precisamente este, el llamado impuesto a los sueldos. En un momento en que los ingresos salariales tienden a la baja y cuando se toma una medida para mitigar sus efectos sobre los sueldos menores a tres salarios mínimos nacionales,(por debajo de las necesidades básicas), resulta doblemente doloroso el error cometido.

El gobierno nacional está en falta y debe rectificar el error cometido.

También sería bueno que el Parlamento tome cartas en este asunto.

* Alianza Progresista