La cárcel del futuro

La política de rehabilitación carcelaria continúa siendo para el actual gobierno uruguayo un tema muy sensible, más allá del horroroso suceso ocurrido en la Cárcel de Rocha que le costó la vida a varios ciudadanos de este país, muchos de ellos jóvenes, pasibles todos de ser rehabilitados y recuperados socialmente y del cual la sociedad uruguaya en su conjunto se ha compadecido, sintiendo que todos y cada uno de nosotros somos responsables de tantas miserias. La interpelación de estas horas al ministro del Interior Eduardo Bonomi no arrojó nuevas luces sobre una realidad que viene arrastrándose, como reflejo de la creciente pauperización del Uruguay desde fines de los años 50, acompañada de un flujo de migración interna ya estructural, desde los departamentos del noreste, norte y centro del país hacia la zona costera y en particular hacia el departamento de Maldonado, como informa el Programa de Naciones Unidas en torno a los migrantes internos en 2009. La situación carcelaria no es otra cosa que el escalón más bajo en las miserias que viene arrastrando el Uruguay desde hace décadas y que debe resolverse gradual y proactivamente. Es una reconstrucción colectiva y paciente que llevará generaciones y en la que los recursos que el Estado brinde y la gestión en educación formal y no formal jugarán un rol fundamental.

Deben analizarse estos indicadores de migración interna que es lo que mayormente nos preocupa y convoca en lo que afecta a Maldonado, como ediles de este departamento. Puede afirmarse que ya el censo de 1985 reveló que los departamentos fronterizos con Brasil (Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha y Treinta y Tres) tuvieron tasas de crecimiento anuales por encima de la media nacional, revirtiendo una tendencia histórica, que los ubicaba como expulsores de población. En paralelo, se registró un crecimiento elevado de la población de Maldonado, zona turística internacional que incluye a Punta del Este. Curiosamente la zona centro del país muestra niveles bajos o negativos de crecimiento en ambos períodos intercensales (1985-1996). El censo de 1996 mostró que Maldonado tuvo el crecimiento más alto del país, acentuando la concentración de la población en el sur, fundamentalmente en la faja costera del Río de La Plata.

Si bien la enorme mayoría de esas personas llegó a Maldonado a buscar su lugar en el mundo de forma absolutamente lícita, respetable y honorable , a trabajar en la construcción y en servicios de carácter turístico, algunos ciudadanos condicionados desde su nacimiento con necesidades básicas insatisfechas se dedicaron a repetir su conducta delictiva cometida en sus lugares de origen, engrosando la población de la cárcel vernácula, que parece estar en el centro de una nueva decisión de carácter político y estratégico para el país.

Las autoridades competentes en la materia tendrían a futuro la potestad de dar carácter Regional a la Cárcel Departamental de Maldonado, con ubicación en Las Rosas. Con ello se permitiría el traslado de ciudadanos procesados por delitos de diversa peligrosidad desde otras partes del país a Maldonado.

Esta decisión debe ir más allá de Comisiones integradas de Seguridad Pública y Derechos Humanos o de una o múltiples sesiones extraordinarias en la Junta Departamental de Maldonado, órgano soberano en el cual el pueblo ha depositado su confianza.

Es de rigor, de toda lógica, por encima de banderías políticas y filosóficas que la ciudadanía de este departamento, en particular quienes han nacido en Maldonado, los ciudadanos y contribuyentes que pagan sus impuestos a diario, los operadores turísticos expresen democrática y pacíficamente sus puntos de vista, con antelación a lo que la autoridad competente decida, en algo tan sensible para la gente. En todo caso y en aras de adelantar opinión decimos que no nos parece apropiada ­a efectos de potenciar la inversión extranjera en el medio local­, que asegurará fuentes de trabajo y bienestar a la población, la construcción de una «megacárcel» en el Departamento de Maldonado, ni mucho menos el traslado de presos desde otros lugares del país hacia esta zona, que debe abocarse con todas sus potencialidades a constituirse en eje potencial de desarrollo turístico.

Algunos compañeros de nuestra fuerza política seguramente juzgarán que la opinión de este edil es de carácter restrictivo, clasista y hasta xenofóbica y por lo pronto utilizarán en su argumentación la frase para el bronce «todos somos ciudadanos de una misma república», destinada a sacar vítores y aplausos en la galería de quienes aún no han despertado y asumido de que nos comprende como Frente Amplio la responsabilidad de gobernar para todas y todos y asegurarle al ciudadano común, el libre ejercicio de sus garantías individuales. La piedra de toque es que el Estado siempre debe tutelar y salvaguardar el bien jurídico superior, cual es la seguridad pública, que incluye la integridad física y sicológica del individuo y que conforma el principal de los derechos humanos.

En el plano local, nos parece que el concepto de «turismo seguro», nos obliga a pensar y plasmar otras estrategias para la sensible problemática carcelaria, en particular en un área de desarrollo turístico para el Uruguay, generadora de divisas y de fuentes de trabajo para miles de familias.

Nuestra modesta opinión, por cierto, es construir establecimientos penitenciarios lejanos a centros poblados, en zonas rurales apartadas de cualquier concentración urbana y apelar a otras formas de régimen penitenciario, con una policía especializada en el cuidado de cárceles. Esta tarea no corresponde al Ejército Nacional, que puede realizarla circunstancialmente y por razones de emergencia carcelaria ­como lo ha anunciado razonablemente la autoridad­ ni mucho menos a la Policía Nacional, encargada de la compleja labor de prevenir y reprimir el delito. Con la mayor humildad sometemos a la consideración pública que se estudie la posibilidad, entre abundantes ejemplos en la región y el mundo, de aprehender de la experiencia penitenciaria en Chile, particularmente durante las gestiones de los presidentes Lagos y Frei Ruiz Tagle, permitiendo la construcción de cárceles privadas y concesión de las mismas a particulares, no en forma exclusiva, sino con un criterio mixto (función estatal en la mayoría de los casos) y experiencias pilotos con privados, a efectos mejorar la condición humanitaria de los reclusos.

Creemos que es una buena cosa mirar al vecino, aprender de sus experiencias y si es posible y extrapolarlas a efectos de continuar generándole a la ciudadanía la convicción, no ya la sensación, de que la seguridad pública es un derecho humano fundamental.

El panorama regional al respecto es lúgubre, por cierto. Los gobiernos progresistas poseen en este desafío humanitario, vinculado a la pobreza material y espiritual, refractado en cárceles inhumanas y degradantes para cualquier observador, una tarea gigantesca. Todos los actores involucrados debemos interactuar, proponer, dialogar y finalmente encontrar una la solución de fondo, vinculada también en el Uruguay a las causas penales inconclusas en su mayoría y sin condena que obran en el seno del Poder Judicial y que condicionan el abarrotamiento de presos que no tienen la certeza de cuando podrán salir en libertad y rehabilitarse socialmente.