Esperando con esperanza

Antes de ingresar en la enumeración de las cuestiones pendientes en cuanto a la situación de jubilados y pensionistas, creemos necesario ­como una especie de telón de fondo­ comenzar por algunas reflexiones acerca de la categoría en que se ubica la seguridad social en nuestro país.

En este sentido nos parece evidente que el sistema político en general no le adjudica a este tema, la importancia que realmente tiene a pesar de ser el único que abarca a las personas desde antes de nacer, hasta después de morir.

Es precisamente por esa carencia que se explican las situaciones de relegamiento existentes, más allá del esfuerzo que se realiza desde algunos ámbitos institucionales, políticos o sociales.

Sucede, además, que las consecuencias no se agotan en las consideraciones precedentemente realizadas y esto va dicho específica aunque no únicamente por el tratamiento a quienes constituyen el amplio sector de adultos mayores, la mayoría de los cuales son jubilados o pensionistas. En un somero análisis de este tratamiento, permítanme, sin incursionar en el terreno discriminatorio, mencionar la profunda injusticia que se comete con aquellos y aquellas ex trabajadores, que en su vida laboral han sido al mismo tiempo militantes del proceso de acumulación de fuerzas de cambio en nuestro Uruguay.

Con el «pequeño detalle» que lo han sido sin esperar nada a cambio, que no fuera el interés colectivo de progreso social y político.

Muchos de ellos ya no están entre nosotros, se fueron con pocas quejas y mucha esperanza. Pero vayamos de los reflexivo a lo concreto, anotando con mayúscula que, por lo que conocemos, las reivindicaciones pendientes que vamos a enumerar, no sólo que no surgieron desde una óptica corporativa, sino que siempre antepusieron la situación de los más desvalidos de nuestra sociedad y eso dicho y hecho desde un sector social, cuyo ciclo vital se va agotando inexorablemente.

Por eso es que lo pendiente no puede esperar demasiado tiempo. En ese sentido, veamos en qué situación nos encontramos hoy, a cuenta que estamos incluyendo la comprometida continuidad de varios beneficios instaurados por el gobierno anterior.

Para ello, y para no desviarme un ápice de lo que piensa el colectivo que integro, transcribiré sin ningún ánimo exclusivista, los puntos pendientes que emergen de la reciente declaración de la Dirección Nacional de la Agrupación de Jubilados y Pensionistas de la 90.

a) Creemos que sería necesario definir un cronograma para el acceso gradual de los más de 400.000 jubilados y pensionistas, que aún no han ingresado al Sistema Integrado de Salud, dándole preferencia a las/los discapacitadas/os y a quienes sufren de enfermedades crónicas.

b) Un criterio gradual similar aplicado a quienes no han tenido acceso a la prima por edad, derecho adquirido por jubilados de 70 años o más.

c) Deberá establecerse, tal como estaba comprometido, un nuevo ajuste de la jubilación y pensión mínima al pasado 1º de julio. Recordamos que dicha partida se ubica hoy en $3.090, cantidad insuficiente, tal como lo consideró el último Congreso de Frente Amplio por unanimidad.

d) Otro compromiso asumido fue continuar con los ajustes diferenciales para las pasividades de menores montos. En ese sentido, nos parece justo el planteo realizado por Onajpu, incrementando en un 6% las pasividades menores a $ 6.183 y en un 3% las que se encuentren entre dicha franja y los $12.366.

e) Es necesario continuar avanzando en soluciones habitacionales para los más necesitados que todavía esperan, no obstante existir un fondo acumulado de más de US$ 150 millones aportados específicamente para tal fin, al margen entonces de futuras asignaciones presupuestales.

f) Se debería valorar si es justo y razonable otorgar tal o cual beneficio a jubilados y pensionistas en relación al promedio de ingresos del hogar en que residen, sin perjuicio de establecer un límite de «hasta tanto nivel de ingresos del hogar».

g) Creemos imprescindible, en el avance hacia un sistema de protección social, la reglamentación de la Ley 18.617, aprobada el pasado año, que crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor.

h) Expresamos nuestra más firme voluntad de contribuir al debate sobre el actual sistema de Seguridad Social, tal lo planteado por nuestro gobierno.

i) Las propuestas que contiene esta declaración tienen en cuenta dos aspectos esenciales: mantener los necesarios equilibrios macroeconómicos y continuar la política de redistribución de la riqueza con justicia social.