No más impuestos

Desde hace bastantes meses –y a partir de preocupaciones muy serias expresadas por el presidente Batlle y el ministro Bension– distintos actores vienen expresándose en nuestro país, sobre una especie de caos que atraviesa la Dirección General Impositiva (DGI), la principal oficina recaudadora del Estado.

Desde el Poder Judicial, un juez está profundizando en la investigación de un fraude centenares de veces millonario. Un Parlamentario ha manifestado su voluntad de promover una investigación parlamentaria sobre el asunto. El Poder Ejecutivo ha anunciado que en la próxima ley de urgencia se incluirá una restructura a fondo de la DGI. Un consultor contratado a los efectos ha puesto de manifiesto irregularidades y deficiencias notorias que pueden hacer «colapsar» a la oficina.

El asunto va tomando estado público a través de la prensa, paulatinamente. La cosa, pues, es grave.

Sin embargo, todos los que se van pronunciando en torno al asunto lo hacen desde el punto de vista de la falta de efectividad real –sea por defectos de organización o por presunta práctica dolosa– de la Oficina en su tarea principal de recaudar.

Y parece que terminan por ahí nomás las preocupaciones. Aunque no es poca cosa, claro.

Yo me permito agregar otro inciso, que, a mi juicio, no es despreciable. Fíjese.

Según lo que se puede leer en la prensa, el sistema tributario uruguayo «no tiene más base para ampliarse». Desde hace un cuarto de siglo, nuestro sistema es «chupador», dado que grava básicamente el consumo, con las tasas más altas de América, mientras que perdona las rentas y el secreto bancario impide gravar los capitales.

Agregan los analistas que cuando se decide aplicar el IVA a la salud, se está demostrando desesperación: «Es como recibir una patada en el estómago». ¿Sabe cuál le digo? El que sustituyó al 14% votado en el presupuesto y que se rectificó de apuro antes de comenzar a recaudarse.

Me gustaría saber también qué opinan esos analistas sobre la aplicación de un tres por ciento adicional en el impuesto a los sueldos de los jerarcas de la administración pública que ganan por encima de los treinta mil pesos, sin utilizar un rasero igual para los de las empresas privadas, acentuando la discriminación de aplicar el impuesto a la renta sólo a las provenientes del trabajo, o el proyectado sobreIVA del tres por ciento que se anuncia.

Me vuelve a la memoria aquella campaña electoral de noviembre de 1999, en la que distintos ciudadanos clamaban para que no hubiese más impuestos, suponiendo que eso es lo que sucedería si se instrumentaba en el país un impuesto a la renta como el que proponía el EP-FA.

Hoy no tenemos impuesto a la renta para todos, aunque sí tenemos impuestos que son «como patada en el estómago» y tiran de la cuerda hasta extremos insostenibles, que incitan a la evasión.

Y para colmo, los consultores que contrata el gobierno dicen que lo que propusimos en 1999 es lo que correspondería hacer a un gobierno responsable.

Lo que son las cosas ¿no?