Equilibrio en las relaciones entre capital y trabajo

Al igual de lo sucedido en el conflicto de Conaprole, la acción del gobierno -a través del Ministerio de Trabajo- permitió destrabar la situación de conflicto generada en la curtiembre Paycueros: se levantó la ocupación y se resolvió instalar una mesa tripartita.

El segundo gobierno de izquierda del país continúa transitando los caminos trazados por el primero, que inauguró una nueva era en las relaciones laborales.

A pesar de las innumerables protestas y predicciones agoreras de las clases dominantes y sus voceros políticos, la política laboral de la izquierda en el gobierno no fue un factor de desestabilización ni ahuyentó a los inversores. Con inteligencia y firmeza, con audacia y ponderación, el Frente Amplio rescató a los asalariados de la situación crítica en que estaban inmersos: reinstauró los Consejos de Salarios, promovió la sindicalización y la regulación de los aportes a la Previsión Social, con todo lo cual disminuyó el desempleo, aumentaron las inversiones, se reabrieron fábricas, y mejoró sustancialmente el salario real, al tiempo que se reactivaba como nunca antes el mercado interno.

Pero más allá de las medidas adoptadas que fomentaron esa reactivación de la actividad económica y del nivel de vida de los trabajadores, la izquierda en el gobierno inauguró un nuevo relacionamiento entre el capital y el trabajo; puso reglas de juego claras, disminuyó el desamparo en que se hallaban los asalariados y, al mismo tiempo, brindó seguridades a los empresarios. En suma, buscó -y logró- un equilibrio sustantivo en las complejas relaciones sociales dentro de un sistema capitalista.

Muchos han afirmado que el gobierno del Frente Amplio privilegió a los trabajadores en desmedro de la pujanza del sector empresarial, y que tiende a inclinar la balanza a favor de asalariados. En un país que vio cerrarse fuentes de trabajo, disminuir el poder adquisitivo del salario y pretendió desregular las relaciones laborales como lo pregonaba el fundamentalismo neoliberal, era lógico que un gobierno progresista volviera a poner los puntos sobre las íes. Esto es, que volviera a equilibrar la balanza y a fortalecer a la parte más débil.

Pero ese propósito de rescatar y fortalecer a la parte más débil de la contradicción entre capital y trabajo no significó de ninguna manera otorgar privilegios groseros a los trabajadores y perseguir a los empleadores. Las cámaras empresariales expresan, cada vez que lo consideran justificado, su rechazo a ciertas medidas del gobierno, y desempeñan el papel de opositor a su política laboral; no obstante, las cifras de desarrollo económico desmienten de manera contundente los lamentos que a veces se oyen de parte del sector empresarial y de los parlamentarios que lo representan.

Es que el gobierno progresista, lejos de atacar a los empresarios, viene estimulándolos a trabajar, a invertir y a fortalecerse. El presidente Mujica lo había expresado de manera clara antes aun de convertirse en candidato: «Quiero una burguesía nacional fuerte», había dicho Mujica, sabedor de que el desarrollo económico y el avance social, en un sistema capitalista, sólo son posibles en la medida que haya una burguesía sólida y emprendedora.

Desde sectores radicalizados de la izquierda, se critica acerbamente al Frente Amplio por lo que consideran una política de corte socialdemócrata, enemiga por tanto de los cambios revolucionarios necesarios para desembocar en el socialismo. Pero nosotros y todos quienes seguimos creyendo en la utopía de un mundo más justo y solidario, no podemos atarnos a consignas válidas en otro tiempo, otras circunstancias y otra coyuntura.

Por eso, aplaudimos las políticas laborales diseñadas y aplicadas por el gobierno de izquierda.