Cárceles: la vergüenza que  los gobiernos no quisieron ver

En nuestro editorial del domingo pasado nos referimos a la situación carcelaria del país, problema que se arrastra de larga data y que se ha visto incrementado en razón proporcional al aumento de la violencia delictiva.

Recordábamos en ese editorial la disposición constitucional contenida en el artículo 26 de la Carta, según la cual las cárceles jamás habrán de ser un lugar de mortificación sino el ámbito adecuado para que el infractor purgue la pena que la sociedad le impone y, al mismo tiempo, para que pueda rehabilitarse y adquirir hábitos de trabajo. Señalábamos, asimismo, que tan loable y noble propósito se había visto reducido a letra muerta en la medida que el Estado pecó de omisión al no disponer de establecimientos de reclusión adecuados al mandato constitucional de rehabilitar al delincuente.

Pero la reciente tragedia en la cárcel de Rocha demostró que el país no sólo le daba la espalda al mandato constitucional de reeducar al recluso para reinsertarlo en la sociedad, sino que dejó al desnudo una realidad desgarradora en la que no se respetan derechos humanos esenciales: hacinamiento y condiciones inhumanas de reclusión, con carencias elementales que hacen de las prisiones meros depósitos de delincuentes. El incendio en un pabellón de la cárcel de Rocha fue un accidente y no es atribuible a una voluntad perversa de las autoridades carcelarias; pero sí quedó claro que se puede hablar de negligencia y de omisiones de las que todos somos responsables.

El primer gobierno de izquierda del país, presidido por el doctor Vázquez, heredó esa realidad carcelaria violatoria del artículo 26 de la Constitución. Pero no sólo eso: también debió afrontar el incremento de la delincuencia y, aunque parezca paradojal, la mejora de la eficiencia policial. En efecto, en el transcurso de los primeros cinco años de gobierno frentista, la Policía mostró paulatinamente una eficacia que asombró a muchos, acostumbrados a su inoperancia proverbial. Esa eficacia hizo que los jueces pudieran reunir pruebas suficientes para procesar y encarcelar a los responsables de delitos, y he ahí la razón del aumento exponencial de la población carcelaria.

Ahora bien, en el transcurso del debate parlamentario en ocasión de tratarse la flamante ley que otorga fondos suplementarios para construir nuevos establecimientos de reclusión y mejorar los ya existentes, algunas voces de la oposición se hicieron oír en un intento de pasar un rasero que equiparara responsabilidades de todos los gobiernos; las de los gobiernos colorados y blancos y las del gobierno de izquierda.

Como queda dicho más arriba, es imposible negar el aumento de la población carcelaria en los últimos cinco años y el consiguiente agravamiento de las condiciones de reclusión. Pero nosotros entendemos que no son comparables las gestiones de los gobiernos colorados, el blanco y los rosados que se sucedieron luego del retorno a la democracia con el del doctor Tabaré Vázquez; hay una responsabilidad evidentemente mayor de quienes gobernaron el país entre 1985 y 2005 que la de quienes lo hicieron ­y lo están haciendo­ desde marzo de 2005. Fueron 20 años de negligencia criminal, de omisiones, de mirar para otro lado, de soslayar la realidad y de no hacer nada para cambiarla.

Aplaudimos el consenso de todo el sistema político para emprender esta tarea titánica de convertir el infierno de las cárceles en un purgatorio donde sea posible cumplir el artículo 26 de la Constitución. Pero esperamos un «mea culpa» de quienes tuvieron responsabilidades de gobierno durante cinco lustros.