La reforma tan anunciada

Las críticas al Estado no son recientes. Recordemos la «boutade» de Mario Benedetti en su libro El país de la cola de paja, editado a comienzos de los sesenta: «El Uruguay es la primera oficina pública llevada a la categoría de república». El escritor resumía así, y reflejaba, un sentimiento que ya por entonces se había instalado en la sociedad, un sentimiento que condenaba a ese «ogro filantrópico», al decir de Octavio Paz, por su tamaño, su pesadez, sus trabas burocráticas y sus funcionarios percibidos como parásitos holgazanes cuyos estipendios, aunque modestos, significaban erogaciones excesivas para el erario.

En los noventa, el presidente Lacalle emitió un comentario que también sintetizaba con crudeza su profundo desprecio por los empleados estatales: «Ellos hacen como que trabajan, y yo hago como que les pago». Tiempo después, aparecieron adhesivos en la luneta trasera de infinidad de automóviles con la frase «Bajen el costo del Estado, ¡por favor!».

A todo esto se sumó el corpus doctrinario del fundamentalismo neoliberal, de la Escuela de Chicago y del Consenso de Washington, que pregonaba minimizar el papel del Estado y achicarlo casi hasta hacerlo desaparecer. El motor del crecimiento económico y de la consiguiente felicidad de los pueblos es la actividad privada, son los heroicos empresarios que ven trabado su sano afán de lucro por un fisco voraz y por normas burocráticas aplicadas con saña por funcionarios ineficientes.

Para los dogmas del neoliberalismo, el desiderátum era la vuelta al Estado juez y gendarme, sin injerencia alguna en la actividad económica que sólo debe regirse por el sacrosanto mercado regulador.

Las experiencias privatizadoras en distintos países ­desde la Gran Bretaña de Tatcher hasta la Argentina de Menem­ demostraron la falsedad del dogma neoliberal: la empresa privada también puede ser ineficiente. Esas experiencias, empero, no parecen haber desterrado el neoliberalismo de la mentalidad de algunos fundamentalistas vernáculos, quienes siguen clamando por minimizar el Estado y, sobre todo, por achicar la plantilla de funcionarios. Daría la impresión de que todo se reduce a eliminar empleados públicos, únicos responsables de la voracidad fiscal y de las trabas burocráticas; se llega incluso a la exigencia de terminar con la inamovilidad de los trabajadores estatales sin advertir ­o soslayando­ el hecho de que están previstas varias causales de destitución, incluyendo la ineptitud. La diferencia con los asalariados de la actividad privada radica en que los públicos no están sujetos a los avatares de la salud financiera de la empresa, o a la arbitrariedad o el capricho de un patrón que puede despedirlos cuando se le antoje. Como con acierto ha dicho el presidente Mujica: los funcionarios «no son otra cosa que la consecuencia de una hipertrofia mucho más genérica y grande, que viene en brazos de nuestra propia historia, de nuestra propia construcción nacional».

En resumen, de lo que se trata es de racionalizar los recursos humanos; equiparar las remuneraciones; redistribuir de la mejor manera posible el personal, y redignificar la función pública. Eso, en cuanto al funcionariado. Pero donde hay que poner el acento es en lo que tiene que ver con toda la pesadilla de trámites inútiles que parecen haber sido creados por una mente enfermiza dispuesta a entorpecerlo todo y a mortificar al ciudadano.