A 37 años del cuartelazo

Hace hoy 37 años, un oscuro dirigente ruralista ­llegado a la Presidencia de la República merced a unos comicios de cuya pureza subsisten serias dudas­ ponía fin oficialmente a la vigencia del estado de derecho.

El golpe de estado de Bordaberry y los mandos militares no fue sino el puntillazo final, el tiro de gracia que recibía una democracia malherida luego de cinco años del gobierno autoritario y despótico de Jorge Pacheco Areco, que desconoció la Constitución, la separación de Poderes y, en general, los principios básicos de la convivencia democrática.

Pacheco había elegido a Bordaberry como alternativa a su propósito de ser reelecto. Lo eligió, como quien extrae un conejo de su galera, entre la más rancia oligarquía terrateniente, ultraconservadora y confesional. Fue una decisión acertada: aunque sin el carisma que su predecesor había logrado adquirir, el delfín profundizó las características represivas del gobierno anterior; se institucionalizó la tortura como medio de obtener información y, a la vez, de instaurar el terror; el escuadrón de la muerte tuvo vía libre para actuar; se sucedieron asesinatos y las desapariciones. Bajo inusual presión, el Parlamento votó las leyes de «estado de guerra interno» y, luego, de «seguridad del Estado». Ambas leyes significaron abrir las puertas a una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en áreas reservadas al poder civil.

Ya en octubre de 1972, se avizoraba la irreversibilidad de esa tendencia, pero fue en febrero del año siguiente, cuando se produjo la sublevación de los sediciosos castrenses, que la suerte quedó echada. Y pocos meses más tarde, cuando el Parlamento ­hasta entonces sumiso­ se rebeló y no hizo lugar al desafuero del senador Enrique Erro, ya era tarde.

A última hora del 26 de junio, Bordaberry ya había firmado el decreto de disolución de las Cámaras, y con las primeras luces del 27, los uruguayos despertaron oyendo marchas militares irradiadas en cadena de radio, mezcladas con la lectura de los primeros decretos dictatoriales. El golpe tan anunciado se había concretado.

Se abrió así un periodo de 12 años de plomo durante los que la represión se fue haciendo cada vez más cruel al amparo del terrorismo de estado. Los militares y sus aliados civiles colaboracionistas, patéticos cómplices de los motineros, no sólo instalaron el terror en la sociedad sino que, además, se ocuparon prolijamente de aplicar recetas económicas neoliberales que terminaron definitivamente con el Estado de bienestar característico del Uruguay batllista.

En fin, todo esto es historia conocida.

No obstante, nunca está de más insistir en mantener la memoria de aquella etapa negra de nuestra historia.

Fue una dura lección que no debemos echar en el olvido. Tampoco debemos soslayar los errores de la izquierda, como, por ejemplo, el desprecio por la democracia «formal» y por las libertades «burguesas». Huelga aclarar que tal democracia y tales libertades no son la panacea que todo lo resuelve, así como que es preciso seguir luchando por profundizar la democracia de modo que no sea solamente la democracia política sino que se haga efectiva en los ámbitos social y económico. Pero la historia reciente ha demostrado que es la democracia formal el mejor sistema de convivencia, y que es posible empezar a cambiar y a eliminar las injusticias a partir de un Estado de derecho asentado en el respeto por los derechos humanos y heredero de los principios de las revoluciones burguesas del siglo XVIII.