Guatemala, "Estado fallido"

La renuncia de Carlos Castresana, presidente de la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), generó un gran temblor en las Instituciones del Estado de Guatemala. Su renuncia, según palabras del propio Castresana, se debe fundamentalmente a amenazas de muerte recibidas y además que de once iniciativas de ley planteadas como indispensables para parar la corrupción y actos de ilícitos económicos, solamente cuatro fueron aprobadas. Es importante saber que Castresana cuenta sin dudas con todo el apoyo popular que observó en su accionar, que efectivamente estaba pegando duro contra la corrupción y sobre todo desmantelando los contubernios mafiosos del narcotráfico, ligados a políticos y militares corruptos.

En Guatemala el gobierno de Alvaro Colom se demuestra absolutamente incompetente y atado de pies y manos para tomar cualquier medida contra el verdadero poder que gobierna este país, que genera un «Estado fallido»; ya nadie cree en las instituciones gubernamentales, el narco y las pandillas imponen su «ley y su orden», generando terror en la población. En la pasada semana, por ejemplo, aparecieron cuatro cabezas humanas en distintos puntos de la ciudad, nadie sabe qué sucedió ni cómo, pero a la vez toda la gente sabe quiénes están detrás de esto.

El gobierno acaba de nombrar como fiscal general del Ministerio Público, es decir la institución estatal que debe controlar justamente las cuentas del erario público, a Sergio Reyes, uno de los personajes respecto a los cuales Castresana había dado claras pruebas para desconfiar de su honestidad para cualquier cargo de responsabilidad de gobierno.

Todo esto hace ver que en este país se vive realmente una situación desesperante para la población, entrampada en una violencia ciudadana despiadada que no permite dar un paso sin estar bajo su control. Sería incorrecto plantear que esto es un tema que surge ahora; por el contrario ya desde el gobierno de Alfonso Portillo ( 2000 ­ 2004), hoy preso por cientos de delitos de corrupción, se habilitó la actual «tierra de nadie».

Sin embargo y a pesar de todo esto, el movimiento popular, fundamentalmente el campesinado y sus organizaciones, siguen dando la lucha por cambiar esta situación, aun con muchas limitaciones que generan la coyuntura social y política antes descrita.

En estos momentos una de las mayores batallas es contra los estragos desarrollados por la Mina Marlin en la localidad de San Marcos. La extracción de oro por parte de esta empresa de capitales multinacionales ocasionó una gran contaminación con consecuencias mortales para los habitantes de la zona. Existe un dictamen de una comisión internacional con participación de expertos de Naciones Unidas, el cual demuestra que efectivamente los campesinos tienen toda la razón. Aun así el gobierno de Colom se niega a su cierre.

Uno, al ver esta situación, se encuentra en un lugar de nuestra América donde la vida no vale nada, donde la corrupción, el asesinato mafioso, la persecución a dirigentes populares es moneda corriente. Nuestra América viviendo esta situación sigue con sus «venas abiertas», pero también tiene en su movimiento popular reserva moral y de principios inquebrantables, porque bueno es saberlo, atreverse a luchar contra todo esto en Guatemala requiere de un valor y una entereza a prueba de todo.