¿Quién crea la inseguridad jurídica?

En la jornada de ayer se realizó el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para anular los dos artículos de la Ley de Presupuesto que habilitan mecanismos de privatización de los servicios de telefonía celular e introducen modificaciones a la Carta Orgánica de Antel.

El mecanismo elegido por los impulsores de la consulta popular está previsto en el orden jurídico vigente a través de disposiciones legales y constitucionales claras, como es obvio.

Entre las organizaciones políticas y sindicales que apoyan la iniciativa se encuentran, entre otras organizaciones sociales, el PIT-CNT y su filial el sindicato de Antel y la organización Fucvam.

Desde el punto de vista político, desde la discusión inicial de los artículos privatizadores en el Parlamento, el Frente Amplio-Encuentro Progresista expresó su rotunda oposición y fijó posición favorable a esta impugnación legal.

Apenas difundidas la iniciativa y sus características surgieron, por parte de los voceros de la coalición de gobierno, una serie de objeciones. El centro conceptual de las mismas apunta a reprocharle a los impulsores del recurso del referéndum que, de esta manera, se está creando una situación de inseguridad jurídica.

A partir de ahí, los jerarcas del organismo se lamentan de las dificultades que esa situación le crea a Antel para hacer frente a los desafíos que impone la hora actual y los vertiginosos procesos de renovación tecnológica.

Si se examina cómo se generó esta situación legal en el proceso mismo de sanción presupuestal, los argumentos de los partidos «de la situación» no son válidos.

Es justamente a partir de las modalidades legislativas y sobre todo políticas adoptadas por el gobierno de coalición en el tratamiento de la cuestión de Antel, que está el origen de la inseguridad jurídica a la que se expone a la telefónica estatal.

Tal como surge de las actas en ambas cámaras, el texto de los artículos impugnados se conoció en el curso mismo del tratamiento de la «gran ley», en medio de alrededor de 600 otros que remitían a muy distintas problemáticas.

No hubo un encare medianamente serio de las cuestiones técnicas, financieras y de estrategias de desarrollo que conlleva un proceso de privatización como el proyectado por el gobierno.

Los legisladores, que recibieron el texto apenas cuatro días antes de verse obligados a votarlo, no tuvieron la menor posibilidad de oír asesoramiento de la gerencia, de los operadores privadores, del sindicato que agrupa a los trabajadores, a las cátedras universitarias correspondientes.

Hay algo todavía más grave: la modificación de la Carta Orgánica de un ente autónomo no puede sustanciarse a través de una Ley de Presupuesto.

En primer lugar porque la Constitución es clara al establecer que esas modificaciones requieren un tratamiento específico que exige, incluso, mayorías especiales.

En segundo lugar, el texto constitucional establece que las leyes presupuestales no pueden remitir a cuestiones que vayan más allá del período de gobierno de que se trata. Y es evidente que un proceso de privatizaciones como el que impulsa el gobierno va mucho más allá de 2005.

Desde el punto de vista de la legalidad democrática la responsabilidad de los errores y quebrantamientos del orden constitucional son del gobierno.

Además de estos parámetros legales la cuestión conlleva un aspecto político de la mayor importancia.

Es claro que las decisiones que atañen a un instituto como Antel son patrimonio del país en su conjunto. Remite a bienes y recursos que son de la nación toda. De esta generación y de las que la precedieron. De esta generación y de las futuras.

Si se vende, si se privatiza, si el país es privado de ella, no es sólo una cuestión del actual elenco gobernante. Del actual, agregaríamos, efímero, elenco gobernante.

La idea de asumir «políticas de Estado», un tema que siempre vale la pena analizar en concreto, caso a caso, apunta justamente a no «ultimar», a no «degollar» con medidas políticas impulsadas por tal o cual partido, las cuestiones que son patrimonio de todo el país.

Para eso es imprescindible reconocer la legitimidad de la oposición. Reconocer su derecho a opinar e incidir en las decisiones cuando se trata de grandes cuestiones nacionales.

La oposición impulsa ahora la realización de un referéndum. ¿Qué otro camino le quedaba?