El bloqueo del puente

El anuncio del gobierno argentino de las medidas que adoptará contra los promotores del bloqueo del puente Gral. San Martín generó reacciones encontradas.

Por cierto, es un paso importante en cuanto reconoce la obvia ilegalidad de la actitud que los piqueteros asumieron hace cuatro años. A pesar de la perplejidad por la demora en reconocer algo tan evidente, haberlo hecho ahora es un gran avance. Pero el objetivo final es restablecer la situación a como era antes del corte del puente, o sea la libre circulación de bienes y servicios. Aún cuando no se ha llegado a este desenlace, el reconocimiento oficial de que a raíz y en ocasión del bloqueo se habría tipificado un frondoso abanico de conductas delictivas constituye un hecho en sí mismo positivo porque es lo quiere la gran mayoría de argentinos y uruguayos. La situación, consecuentemente, es la siguiente: el Poder Judicial de la Argentina, más concretamente un juez federal, había decretado el desalojo de los piqueteros dada la ilicitud de su actitud, y el Poder Ejecutivo del mismo país, por su parte, promoverá en el mismo expediente judicial las acciones anunciadas. Sin embargo, reina incertidumbre sobre las secuencias futuras por lo que sería conveniente su dilucidación.

Hay una complicación adicional. Cuando El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció la decisión adoptada, también manifestó, reiterando lo que la presidenta argentina había manifestado días atrás en Anchorena, que el gobierno no iba a reprimir. Si bien los dos conceptos parecen inseparables, no son lo mismo. Hay una diferencia de matiz entre represión propiamente dicha ­con la connotación sancionatoria que involucra­ y asegurar la libre circulación del puente. Puede parecer una sutileza exagerada, pero en este caso es relevante, dado que el gobierno argentino quiere que se restablezca la legalidad asegurando la libre circulación, pero no la pone en práctica. Gobiernos electos democráticamente tienen no sólo el derecho, sino la obligación de hacer uso de las facultades que la ley le otorga para restablecer las garantías jurídicas, máxime que son los únicos que pueden hacerlo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, en declaraciones a la prensa manifestó que » Hay una orden judicial clara y contundente… y que el gobierno la va a hacer cumplir a través de las fuerzas de seguridad federales, en este caso de la Gendarmería, en el marco del estado de derecho». Sin embargo, el jefe de gabinete, al informar oficialmente la decisión del gobierno, sostuvo que «hasta ahora no ha habido contundentemente ningún fallo judicial» que ordene levantar el bloqueo. Esta afirmación neutraliza el efecto disuasorio del resto de su declaración. Los propios piqueteros fueron los primeros sorprendidos. Mientras el mismo 9 de mayo esperaban de un momento a otros la llegada de efectivos de Gendarmería para notificarles el desalojo judicial, se encontraron de buenas a primeras con una opinión sobre la misma resolución judicial, nada menos que del vocero de gobierno, que no hizo más que envalentonarlos y estimularlos a adoptar una actitud desafiante, quizás de parte de una minoría, pero que, como es habitual en este tipo de asambleas, arrastra a los más sensatos so pena de ser considerados «traidores a la causa».

Si los piqueteros no van a acatar voluntariamente ésta o cualquier otra resolución judicial ­alguien tendría que informarles de que no están por encima de la ley­ no alcanzo a comprender cómo, en un estado de derecho, puede caber otra solución que no sea poner la fuerza pública a disposición del juez actuante para que se cumpla su decisión. Cualquier otra dilatoria sería de una total incongruencia entre la decisión de promover la denuncia penal por conductas delictivas de la dirigencia piquetera por un lado, y la renuencia en restituir la legalidad cuya violación generó tales conductas por el otro.

En el estado de derecho el ejercicio de la legítima autoridad no debe demonizarse porque no tiene nada de pernicioso. Cualquier otra persona o entidad que intentara restaurar la legalidad por su cuenta podría ser pasible de incurrir en un delito.