De causa nacional a causa judicial

La reciente decisión del gobierno argentino ha causado cierto estupor, y no llega a comprenderse cabalmente cuál es la razón de la denuncia penal y civil presentada por Cristina Fernández contra los asambleístas de Gualeguaychú.

Aclaremos, de entrada, que coincidimos con los términos de la denuncia así como con la larga lista de delitos en que habrían incurrido los ambientalistas piqueteros al cortar el paso por el puente internacional; una lista que excede largamente las infracciones denunciadas por el gobierno uruguayo desde que se instalaron los piquetes.

Lo que ha causado sorpresa es el brusco viraje en la postura que del asunto había mantenido el gobierno argentino por un lado, y que la denuncia judicial presentada por éste se realice cuando ya había una orden judicial de disolver el piquete, consecuencia de la demanda efectuada por comerciantes y vecinos de la propia ciudad de Gualeguaychú, por otro.

Recordemos que ni bien los furibundos ambientalistas instalaron su campamento en la cabecera argentina del puente, el presidente Kirchner, lejos de apaciguar los exaltados ánimos, había proclamado un apoyo casi explícito a la medida, llegando incluso a sostener que se trataba de una «causa nacional»; recuérdese, asimismo, que mientras otros piquetes instalados en otros puntos del país ­y por otras razones­ eran disueltos por la fuerza pública, el gobierno de Kirchner anunciaba su decisión de no intervenir en el del puente internacional.

Vanos fueron los intentos del gobierno uruguayo para hacer entrar en razones a su par argentino. Las gestiones realizadas en ese sentido por nuestra cancillería chocaron con la actitud prescindente de Brasil y con la no menos prescindente de los organismos del Mercosur; incluso la Corte Internacional de La Haya, en el reciente fallo, se lavó las manos sosteniendo que el problema del corte del puente binacional no era de su competencia.

La tirantez entre ambos gobiernos llegó a su punto culminante cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez vetó a Néstor Kirchner para ocupar la Presidencia de la Unasur. El deterioro de las relaciones amenazaba con profundizar el conflicto hasta límites insospechados. El pronunciamiento del Tribunal Internacional fue decisivo para empezar a encauzar el conflicto y normalizar las deterioradas relaciones entre ambos países. Luego del veredicto que desechó las denuncias argentinas sobre contaminación ambiental, toda la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú quedó deslegitimada y el mantenimiento del corte del puente no tuvo razón de ser.

Paralelamente, e incluso antes del pronunciamiento de la Corte de La Haya, la presidente argentina Cristina Fernández había empezado a dar muestras de mayor disposición al diálogo con su par uruguayo recientemente electo. La buena relación entre ambos mandatarios permitió un plausible acercamiento, algo impensable un tiempo atrás, cuando Kirchner y Vázquez ocupaban la presidencia de sus respectivos países. En la última reunión ocurrida en Anchorena, Cristina Fernández anunciaba su postura contraria a reprimir a los piqueteros, pero abría la puerta a una solución judicial que la obligara a disolver el piquete; era una forma de decir «no quiero reprimir, pero si una decisión de la Justicia obliga al gobierno deberé cumplir tal decisión».

Pocas horas después, un magistrado entrerriano fallaba a favor de la demanda de un grupo de vecinos y ordenaba el levantamiento del piquete. El gobierno de Cristina Fernández tenía pues las manos libres para ordenar la intervención de la Gendarmería, pero curiosamente inició una querella contra los ambientalistas denunciándolos por una cantidad de delitos penales y civiles.

Tal vez esta acción del gobierno argentino opere en el sentido de dilatar por un tiempo el levantamiento del piquete; pero quizá le otorgue argumentos más contundentes para hacerlo.