Hacia la normalización de las relaciones con Argentina

Se han reunido, una vez más, los presidentes de las dos naciones hermanas. El reciente encuentro en Anchorena parece haber trazado definitivamente el camino para superar de una vez por todas las dificultades que venían arrastrándose desde hace casi cinco años y que enturbiaron las relaciones entre ambos países, generando enojosas reacciones en sus respectivos pueblos.

El frenesí ambientalista, el fundamentalismo ecologista, arraigaron fuertemente en la sociedad gualguaychuense pero también hallaron adeptos aquende el río. La defensa del ambiente y del equilibrio ecológico es una causa noble, siempre y cuando no se caiga en extremos absurdos; y sobre todo, que esa militancia no obedezca a razones espurias y sea usada como pantalla tras la cual se esconden intereses que nada tienen que ver con el cuidado del medio ambiente.

La medida desmesurada de la Asamblea de Gualeguaychú de impedir el libre tránsito de personas y mercaderías a través del puente internacional como apoyo a su exigencia de que se desmantelara la planta de celulosa, tuvo su contrapartida en un nefasto sentimiento xenófobo en la sociedad uruguaya y en la exaltación de un patrioterismo abominable.

No bien se conoció el fallo de la Corte Internacional, escribimos en esta página: «Está claro a esta altura que un balance objetivo del fallo del Tribunal Internacional de La Haya arroja un resultado positivo para nuestros intereses. Si bien el país sufrió un tirón de orejas de parte de los augustos jueces por no haber dado los pasos previos previstos en el Estatuto del Río Uruguay, pasando por alto unos cuantos artículos de dicho Estatuto, la postura uruguaya salió triunfante en lo que tiene que ver con la cuestión de fondo, esto es, los efectos de la actividad de la planta sobre el medio ambiente». Y concluíamos afirmando lo siguiente:

«Ahora cabe apostar todo a la buena relación entre los presidentes de ambas naciones, a la razón y a la cordura, a la superación del episodio y a la buena voluntad de los gobiernos para cumplir con la sugerencia del Tribunal en el sentido de proceder a un monitoreo conjunto del funcionamiento de la pastera.

Y, sobre todo, a desterrar todo sentimiento xenófobo y ese triunfalismo que lamentablemente asoma entre muchos de nosotros».

Ahora, a casi dos meses del pronunciamiento de la Corte de La Haya, los hechos confirman lo dicho. El gobierno argentino parece haber comprendido la inutilidad de mantener su postura intransigente, y se ha visto obligado a acatar el fallo y a abandonar sus absurdas pretensiones. En ese cambio tuvo que ver, también, la muy buena relación entre Cristina Fernández y José Mujica. Ya no se habla más, desde la Casa Rosada, de desmantelar la fábrica o de reubicarla en otro sitio, y se ha llegado a un acuerdo de monitoreo conjunto del río en su totalidad y no sólo en el área de influencia de la pastera.

El único punto aún no resuelto es el del piquete que mantiene interrumpido el paso por el puente internacional. Pero ese problema, que hasta ahora parecía sin solución, va en vías de superarse. Con buen tino, la presidenta argentina ha reiterado su postura contraria al uso de la fuerza para desbloquear la cabecera del puente, y que en definitiva se trata de un asunto que debe resolver la Justicia. Todos sabemos que el Poder Ejecutivo está obligado constitucionalmente a cumplir y hacer cumplir las decisiones del Poder Judicial, de modo tal que, si un magistrado entiende que el bloqueo del puente es contrario a derecho y ordena la liberación del paso, el gobierno ­por intermedio del Ministerio del Interior­ deberá hacer cumplir la decisión judicial.

Por todo ello, podemos ser razonablemente optimistas y esperar una pronta solución al entuerto.