No confundir libertad con libertinaje

En algún momento el país deberá mejorar una de las leyes sacrosantas del sistema en que vivimos: la ley de libertinaje de prensa.

Al menos en Uruguay, hace mucho tiempo que se ha desnaturalizado por parte de diferentes medios de comunicación lo que en un tiempo fue una Ley para proteger y regular la actividad de los medios de comunicación.

Así como ahora se pretende confundir a la opinión pública otorgándole al secreto bancario funciones o potestades de las que carece, nunca las tuvo, en los medios de comunicación nos encontramos con empresas cuyo buque insignia es el caganchero, aunque no el único, porque en otras áreas de la comunicación también se utiliza esta herramienta, que sistemáticamente se dedica a tergiversar la realidad y, con frecuencia, a mucho más que eso: a inventar noticias. En realidad, tal vez la ley sea muy permisiva, pero en algún momento la Justicia y/o el gobierno tendrán que tomar estos hechos con otro talante para reencauzar una noble actividad como es la comunicación, la información.

Esta editorial no trata de un discurso trasnochado sino que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo casi cotidianamente con el diario citado más arriba: personeros del gobierno se ven en la necesidad de perder tiempo aclarando y desmintiendo informaciones que con bombos y platillos elaboran sesudos intelectos dispuestos a pelear de cualquier manera para que no pueda avanzar una política de bienestar, de inclusión social, y de acortamiento de desigualdades económicas y calidad de vida para todos.

El diario del gallito se sumó a aquella política desplegada por políticos desubicados que aconsejaban en el exterior no invertir en Uruguay debido a la inminencia de un triunfo del Frente Amplio. Esta desesperación subió de nivel en la última elección cuando un político «nacionalista» les aconsejó públicamente a los inversores que esperaran los resultados electorales.

La campaña anti país (ellos quieren creer que es anti gobierno del Frente Amplio) ahora se realiza abiertamente desde la Plaza Cagancha, donde está asentado el diario del Partido Nacional, según reconoce serlo una editorial del propio medio.

«El gobierno en ningún momento pensó en gravar con Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni con el Impuesto al Patrimonio (IP) a las inversiones en el exterior de las empresas radicadas en Uruguay, ni a las filiales extranjeras instaladas en el país», se vio obligado a desmentir públicamente el director general de Secretaría del MEF, Pedro Buonomo, ante titulares de corte amarillista y de contenido derechista y antipatriótico del matutino en cuestión.

El jerarca se vio, una vez más, obligado a aclarar que «simplemente se trata de gravar a las personas físicas (no jurídicas) por sus depósitos en el exterior», es decir que la tan tergiversada ley tiene como propósito «gravar con IRPF e IP a las personas físicas uruguayas residentes en el país, por sus rentas provenientes de sus inversiones en el exterior, con lo que se busca equiparar el régimen tributario de los ciudadanos uruguayos residentes en el país en lo que se refiere al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, es decir, que todos paguen por sus verdaderos ingresos en forma proporcional».

De manera que lo publicado es una soberana mentira que, en la medida que afecta los intereses de los uruguayos que no han querido invertir en el país y se han llevado sus riquezas al exterior, donde «estarán más seguras» (?), salen los diarios representantes de esos malos criollos a repicar campanas utilizando sus tradicionales medios de comunicación. Naturalmente que se adorna esta real preocupación de los más ricos, con una serie de ingredientes creíbles pero falsos que además buscan asustar a los inversores.

Retomando el hilo inicial, es claro que no se puede permitir que irresponsablemente se esté boicoteando al país utilizando medios de comunicación del país. Sin coartar la libertad de prensa, habría que instrumentar mecanismos que encaucen en una perspectiva de disenso democrático a las diferentes formas de opinión de los uruguayos, pero que no permitan campañas mediáticas que apuntan al boicot económico

contra todos los uruguayos. Debemos pensar en buscar mecanismos de defensa de los intereses del país, porque informar mentiras que buscan ahuyentar inversiones es una política antinacional.