De consumidor a ciudadano hay un gran trecho

Carlos Bouzas

 

Desde hace algunos meses la empresa estatal UTE, asociada con un banco, ofrece a sus suscriptores la «ventaja» de acceder a la compra de distintos electrodomésticos con amplia financiación, pagaderos en cómodas cuotas mensuales que el comprador cancela en el momento de pagar la factura de la luz, ya que ésta le llegará a casa incrementada con el importe de la cuota correspondiente a la compra efectuada.

Todo eso vino vestido con un mensaje ecológico y el agregado de un nuevo servicio brindado por el ente suministrador de la energía eléctrica. Algo así como la quintaesencia de las bondades de la conjunción del interés público y el privado y la superioridad del libre mercado contra el obsoleto y réprobo estatismo.

Pero… Siempre hay alguno ¿vio?

La amplia financiación tiene un límite, una barrera inexpugnable, que es la edad del suscriptor de la luz. Si es muy elevada, no hay tutía con la ecología, la compra del electrodoméstico y la financiación. ¿La razón? Muy sencilla: como el préstamo supone cancelación automática en caso de fallecimiento, el seguro no es atractivo para otorgarlo a las personas de edad avanzada.

Pero la parte que ha despertado las quejas y reclamos por parte de las organizaciones de consumidores es la que tiene que ver con que la cuota venga incluida en la factura de la luz. Porque en el caso específico, si uno no puede porque no le da, pagar una cuota de la heladera –pongamos por caso– y resuelve atrasarse como cualquier hijo de vecino esperando tiempos mejores, solamente podrá hacerlo dejando de pagar íntegramente la factura, con el consiguiente corte de luz.

¿Se da cuenta? La presión, el chantaje encubierto sobre el incauto comprador a crédito, hace que éste deba optar por pagar la cuota de cualquier manera, o, de lo contrario, prescindir del suministro de energía eléctrica. El banco financiador de las operaciones se pone cinturón y tiradores a la hora de otorgar el crédito, contando con la aquiescencia de UTE.

Ayúdeme usted con el razonamiento que sigue. Cada vez que hay un conflicto de los trabajadores de una empresa estatal se ponen en entredicho las medidas gremiales, en atención a que ellas no supongan el corte de un servicio esencial. De hecho, en cada conflicto de este tipo, el Poder Ejecutivo de turno advierte muy seriamente de la obligación de mantener el suministro de energía eléctrica. En algunas oportunidades se ha llegado a promulgar un decreto llamado de esencialidad. En el pasado hubo medidas prontas de seguridad y hasta militarización de funcionarios por este motivo.

Bien: si eso es así, no me cabe en la cabeza que la tan manida esencialidad del servicio desaparezca como por arte de magia, por el simple mecanismo de no poder pagar este mes y decidir en consecuencia postergar el pago de una cuota por la compra del calefón. Y menos todavía, que esa medida sea auspiciada, impulsada, o, simplemente tolerada, por la empresa pública UTE.

Si habrá que mirar con lupa las violaciones de los derechos ciudadanos que se practican diariamente en perjuicio de nosotros, los consumidores, que cuanto más somos de lo segundo, desaparecemos como lo primero.

* Militante del FA