Un sistema perverso

Una información aparecida en nuestra edición de ayer da cuenta de las tremendas carencias habitacionales que padece la población montevideana.

Se trata del informe publicado por la revista Propiedades, vocero de la Cámara del Bien Raíz, en el cual se establece que los permisos de construcción de viviendas para Montevideo representan el 22 % de la demanda habitacional total generada en el año 2000. Lo cual –a riesgo de caer en una perogrullada– significa que casi el ochenta por ciento de las necesidades de vivienda no será cubierto.

En más de una ocasión nos hemos referido al artículo 45 de nuestra Carta Magna. En él se establece textualmente: «Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.» Tal lo que reza nuestra Constitución; y sin embargo, es un precepto que cada día parece alejarse más de la realidad. Desde luego que sería ingenuo pretender el cumplimiento a rajatabla de esa disposición. Pero es preciso llamar la atención de los gobernantes sobre un problema que crece y cuya solución no se avizora.

Parece obvio señalar que en definitiva –y como bien apuntaba Gustavo González desde estas páginas– no es apropiado atribuir el incremento de las rapiñas a la proliferación de asentamientos, como parece sugerirlo la publicación de marras. Hay que ver ambos fenómenos como efectos de la miseria, de la pauperización de la sociedad, agobiada por un modelo perverso, un modelo cuyos resultados todos conocemos y que no ha hecho sino profundizar aun más la brecha entre ricos y pobres, haciendo además crecer el número de estos últimos y disminuir el de los primeros; las cifras muestran objetivamente que el crecimiento económico beneficia cada vez a menos personas.

Ese mismo modelo es el que impide que los niños nacidos en hogares carenciados concluyan su ciclo escolar; es el sistema que impide una nutrición correcta y balanceada, con las consecuencias físicas y psicológicas que ello acarrea; es el sistema que niega una atención sanitaria decente. Y se ingresa de ese modo en un círculo vicioso que se retroalimenta: el cierre de una fuente de trabajo genera desocupación y también una mayor oferta de mano de obra; y esto, en un régimen de desregulación laboral como el que pretenden imponer, significa baja de los salarios.

Y en una sociedad en la que prácticamente ha dejado de existir la movilidad vertical, parece ocioso destacar que aquel que ha bajado unos peldaños está, por así decir, condenado a la exclusión. Porque todos sabemos que al disminuir las condiciones materiales se produce un descaecimiento de los valores. Allí está entonces la raíz del problema, en esa imbricada trama de desdichas originadas en el modelo excluyente, responsable de la miseria material y moral de tantos y tantos compatriotas.

Hace unos días un lector relataba una situación que resulta de una elocuencia aterradora: en un barrio carenciado, los niños que salen de la escuela se dedican a agredir incluso con piedras a los automovilistas que por allí circulan y también a los peatones que esperan el ómnibus. ¿Qué persiguen con esa actitud? Nada como no sea expresar –de la manera que pueden y de forma espontánea– su rebeldía ante la brutal injusticia del sistema.