Conflicto con Argentina: apostar a la buena fe

Transcurrido algún tiempo del pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya, las relaciones entre los dos países parecen empezar a recomponerse tímidamente.

El gobierno de Cristina Fernández había adoptado una actitud de razonable sensatez al no cuestionar el fallo del Tribunal aceptando tácitamente su derrota en lo que tiene que ver con la pretensión de los ambientalistas de que la planta de celulosa fuera clausurada. Nuestro gobierno, por su parte, aceptó de hecho su omisión de no haber seguido los pasos exigidos por el Estatuto del Río Uruguay, y envió señales de distensión. El discurso del presidente Mujica en la reunión de la Unasur que designó a Néstor Kirchner secretario general del organismo aludió al conflicto e hizo hincapié en la necesidad de actuar de buena fe.

Recientemente, se ha reunido la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para tratar la puesta en práctica del monitoreo conjunto tal como había recomendado la Corte Internacional, y que había sido una propuesta original de Uruguay. Todo parecía encaminarse hacia la solución definitiva, aunque el bloqueo de los puentes se mantenía sin que el gobierno argentino hallara los medios para levantarlo. Sin embargo, la delegación argentina en la CARU formuló una propuesta que introdujo un elemento de fricción: su pretensión de monitorear no solamente los efectos de la actividad industrial en las aguas del río y en el ambiente en general, sino que representantes argentinos controlaran el proceso industrial desde dentro de la fábrica UPM.

Tal pretensión fue en principio rechazada por el gobierno uruguayo por entender que la CARU sólo tiene potestades para controlar la calidad de las aguas y no el proceso industrial en sí. No obstante, dicha postura fue rápidamente revisada y el gobierno se mostró dispuesto a discutir la propuesta argentina.

Entendemos que esta última actitud es la correcta. No queremos decir con esto que haya que avenirse mansamente a la pretensión argentina, pero sí que no es conveniente cerrar las puertas al diálogo que permita llegar a un acuerdo para destrabar la situación. En un asunto tan delicado, es preciso observar prudencia en aras de mantener el equilibrio imprescindible.

A poco de conocerse el dictamen del Tribunal, escribimos lo siguiente: «El fallo inapelable estableció que la planta de celulosa no ha contaminado el aire ni las aguas, no ha afectado el equilibrio ecológico ni la salud de las poblaciones adyacentes, y no hay razón para suponer que lo hará en el futuro, por lo que la industria podrá seguir funcionando en su ubicación actual mal que les pese a los ambientalistas.

Pero el tirón de orejas al gobierno uruguayo por su omisión debe hacernos reflexionar. (…) Consideramos que la no consulta al país hermano fue un error que no se debió haber cometido. Y de nada vale la justificación que circula por ahí según la cual, en caso que se hubiera consultado al gobierno argentino, éste se habría negado a la instalación de la planta, con lo que la millonaria inversión no se habría realizado. Es esta una postura mezquina y propia de una «viveza criolla» que deja al gobierno uruguayo como partidario del «fait accompli», el hecho consumado.

Ahora cabe apostar todo a la buena relación entre los presidentes de ambas naciones, a la razón y a la cordura, a la superación del episodio y a la buena voluntad de los gobiernos para cumplir con la sugerencia del Tribunal en el sentido de proceder a un monitoreo conjunto del funcionamiento de la pastera. Y, sobre todo, a desterrar todo sentimiento xenófobo y ese triunfalismo que lamentablemente asoma entre muchos de nosotros».

El gobierno uruguayo debe mostrar su buena disposición al diálogo; y el argentino, dar alguna señal en el sentido de terminar con el bloqueo de los puentes.