La construcción del "Estado de malestar" en el Uruguay

Desde luego hay diferentes maneras de «hacer balance» de lo ocurrido. Entre ellas está aquella complaciente a que ha sido tan afecto Sanguinetti al concluir su segundo mandato presidencial; o que sintetiza el anunciante televisivo de la propaganda oficialista, que con cara de «piola ingenuo», contabiliza obras gubernamentales de «un país que no se detiene». Hay que reconocer que para facilitar este tipo de «balances», el oficialismo ha contado con las facilidades que le otorgan las amplias disponibilidades de tiempos y espacios en la comunicación de masas, y ciertos artificios metodológicos cuantitativos (para la contabilización del número de viviendas construidas, la medición de la pobreza, o los kilómetros de carreteras construidas por privados mediante el pago de peajes, por ej.). Aunque debe enfrentar la experiencia y el sentido común de la gran mayoría de los uruguayos que viven y sufren en este país desde hace tiempo, a los que se los quiere convencer de lo bien que están, en una suerte de terapia masiva.

Aunque mi deformación profesional me empuja a discutir tales metodologías, no es lo que corresponde en un artículo periodístico, ni constituye el enfoque más importante para evaluar lo ocurrido en el país en todos estos años. Aquí importa apreciar el cambio estructural que ha vivido el Uruguay en estas décadas, y la responsabilidad gubernamental en él.

La «obra» de tres décadas

En gran trazo, desde fines de los años sesenta, luego de un golpe de timón drástico, el país se orientó por un camino a contrapelo de su tradición y de lo que su población sigue añorando. Orientación general de la que no se apartó desde entonces.

Después de algunos años en que la clase política «tiró la pelota para adelante», sin poder sustituir al fenecido «modelo batllista», desde que Pacheco Areco asumió la Presidencia (fines de 1967), la nave nacional puso proa hacia la derecha, y asumió la receta de la política económica neoliberal; dirección en la que sigue en nuestros días. La consigna fue y es liquidar al llamado «Estado de Bienestar», destinado a hacer viable a la democracia política consensual del siglo XX, con sus políticas sociales y su distribucionismo keynesiano; para sustituirlo con el viejo modelo del imperio absoluto del mercado del «capitalismo salvaje». Obviamente, el viraje tenía que encontrar la resistencia popular; a la que se enfrentó con la autoritarización del sistema y su culminación en la dictadura militar (Es falso que ella fuera «respuesta a la subversión». Esta adquirió importancia como consecuencia del nuevo rumbo autoritario del «pachecato»; y estaba militarmente derrotada cuando el Golpe de Estado).

El restablecimiento democrtático traicionó la ilusión popular que lo acunó. Durante el primer mandato de Sanguinetti, se ratificó la orientación de política económica establecida en el proceso autoritario (Pacheco, Bordaberry y dictadura militar); la que siguió con Lacalle y el segundo mandato de Sanguinetti. Tres décadas largas de la construcción en el Uruguay, de lo que alguien ha llamado el «Estado de Malestar».

El «Estado de Malestar»

¿Qué es el «Estado de Malestar»? Ud., estimado lector, seguramente ha escuchado hablar bastante de la «reforma del Estado»; y, en su comprensión más directa, probablemente ha imaginado que se trata de la racionalización y modernización del sector público, para hacerlo ágil y eficiente. Lo cual, claro está, constituye una operación que no puede merecer más que elogios. Pero no es así. ¡No, no! Los que le hablan del «reforma del Estado», en realidad están aludiendo al proceso de cuidadoso desmantelamiento del «Estado de Bienestar»; no para remover sus defectos y potenciar sus virtudes. Simplemente para hacerlo desaparecer y sustituirlo con el «Estado de Malestar».

Este consiste en el desmontaje de toda la organización pública asistencialista, orientada hacia la correción distributiva de los procesos desigualitarios resultantes de la operación del mercado, con la sola subsistencia de los instrumentos más elementales que doten de cierta calidad a la mano de obra y permitan evitar estallidos sociales. Y, por supuesto, la construcción de la cultura de la desesperanza, sobre la posibilidad de que los servicios públicos permitan a los sectores populares escapar de la exclusión a una mejor calidad de vida; con el cultivo de la legitimidad ideológica de que ese debe ser un logro conquistado por los individuos en el mercado.

Sus características

En una perspectiva que privilegia absolutamente el equilibrio fiscal como principal instrumento antiinflacionario y que se propone «liberar al mercado» al máximo de cualquier presión tributaria; el diseño del Estado de Malestar implica su mayor reducción posible.

En primer lugar, por abandono de funciones y obligaciones que había ido asumiento en su construcción compleja y moderna durante la mayor parte del siglo XX; mediante una avalancha impresionante de privatizaciones (totales y parciales), «tercerizaciones», y otras modalidades de desvinculación con tales cometidos.

Ello implica, además de la privación de servicios o productos que de alguna manera contemplaban las necesidades sociales –y no la mera perspectiva del beneficio–, un incremento de la aceleración de crecimiento de las tasas de desocupación.

En segundo lugar, la asunción de que la Seguridad Social concebida como solidaridad de las generaciones activas con las pasivas, es una carga excesiva que una eficiente economía de mercado no puede soportar. En virtud de ello, su conversión en un sistema de ahorro individual que, de paso, proporcione masas de dinero inmediatamente reciclables como inversión. En definitiva, la reducción de la magnitud de su costo y su independización de las finanzas públicas por medio también de su privatización; lo que redunda en su pérdida de eficacia social, convertida en fuente de nueva pobreza.

Conjuntamente con ello, para maximizar el rendimiento del capital (pero en contradicción con la afirmada desfinanciación de ese sistema), la reducción de los aportes patronales a la Seguridad Social.

En tercer lugar, la opción del salario como variable de ajuse, para logar la competitividad en la estrategia de apertura económica, sin afectar el estímulo a la inversión del beneficio capitalista. Para ello, la «desregulación» y «flexibilización» de las relaciones de trabajo; que en buen romance significa el desmontaje de toda la protección legislativa laboral a los trabajadores, para que queden nuevamente sometidos al poder patronal como en el siglo XIX. El crecimiento en los últimos años de las tasas de desocupación (no sólo tecnológica, por supuesto) completa el panorama; debilitando la fuerza sindical que podía ser, hasta cierto punto, compensatoria de esa asimetría.

En cuarto lugar, la generalización de la idea de que todo servicio público debe ser pagado a su precio de mercado; por lo tanto, la progresiva abolición de la gratuidad de ellos, que era un valor en el «Estado de Bienestar».

Por último, la eliminación de la mayor parte de las políticas sociales «blandas» de amplio espectro. En su siempre muy parcial y menguada sustitución, la sobrecarga a la generalidad de las familias y la utilización de las instituciones de servicios no gubernamentales ni públicos, como las ONGs. Y la focalización restringida de las limitadas políticas sociales subsistentes hacia la «pobreza estructural», medida y localizada con instrumentos específicos elaborados al efecto, para atacar sus «bolsones» más visibles. O sea el abandono del valor de equidad como proceso de igualamiento social, sustituido por la idea de asistencia mínima a las situaciones crÃ