Un aniversario
Se cumple hoy un nuevo aniversario del 14 de abril de 1972.
Sobre los episodios de ese día se ha ido tejiendo una masa de falsificaciones históricas tan compacta, un repertorio de mentiras tan machaconamente repetidas que a la verdad, a la simple evocación de hechos que en su momento nadie negó, le cuesta abrirse paso.
Y no faltan a menudo las voces o los papeles de quienes, sintiéndose progresistas y hasta de izquierda, repiten conclusiones y sofismas nacidos de aquella falsificación, como, por ejemplo, decir que sobre los hechos del pasado «todos los uruguayos tenemos responsabilidad» o que todo se debió a la acción de «los dos demonios», el extremismo de derecha y extremismo de izquierda, actuando contra la democracia.
Los hechos sangrientos del 14 de abril de 1972 no se pueden entender sin remitirse a los antecedentes más inmediatos, no se pueden valorar sin dejar de consignar las denuncias que, apenas unas horas después, formulara en el Parlamento el senador frenteamplista don Enrique Erro.
Los sucesos del 14 de abril, que instalaron en el país el Estado de Guerra Interno y la intensificación de la escalada represiva, fueron la respuesta –violenta, por supuesto discutible– a la existencia del Escuadrón de la Muerte, referida con todo detalle en las declaraciones de un funcionario del Ministerio del Interior, Nelson Bardesio, y conocidas públicamente luego por la valiente intervención de Erro en el Senado.
En el tan siniestro Escuadrón, versión uruguaya de la «Triple A» argentina, también de triste memoria, revistaron oficiales del también ominoso Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), responsable de los secuestros y crímenes de todo tipo en Buenos Aires.
Bardesio, un integrante del Escuadrón que había sido capturado por el MLN, mostró con una claridad y un detalle extremo la cara oculta de la democracia uruguaya. Apenas dos meses después, el senador democratacristiano Juan Pablo Terra da a conocer en el Parlamento otros testimonios de igual tipo, las declaraciones de Nelson Benítez Saldivia, que confirmaron en todos sus detalles las denuncias formuladas por Bardesio.
¿Qué revelaron Enrique Erro y Juan Pablo Terra en el Senado de la República?
Nada menos que una explicación fáctica precisa de una serie de hechos de la mayor gravedad, atentados contra los derechos humanos, contra las instituciones y contra la ley organizados… desde oficinas del Estado, perpetrados por funcionarios públicos. Todo antes, bastante antes del 14 de abril.
El proceso represivo y la desvirtuación de la democracia había empezado antes, por lo menos desde la implantación de las Medidas de Seguridad en junio de 1968. Si bien esta figura está prevista en la Constitución, no lo estaban los atropellos que a su amparo se perpetraron: clausura de diarios, detenciones ilegales, militarizaciones de funcionarios, práctica de la tortura.
La existencia del Escuadrón de la Muerte, contra la que se lanzó la operación del MLN de aquel día de 1972, había permitido al incipiente terrorismo de Estado realizar atentados graves contra domicilios de abogados (como Hugo Fabbi, Alejandro Artuccio, Mario Dellacqua, Arturo Dubra, entre otros).
El Escuadron policial-militar con respaldo del gobierno y del Estado llevó adelante los atentados contra los nacientes comités del Frente Amplio.
Según da cuenta H. Cores en Hacia la dictadura, entre noviembre de 1971 y marzo de 1972 se produjeron 54 atentados, 13 en una sola semana. El grado de agresividad fue aumentando: al Dr. Artuccio le dispararon con una bazuca.
En esos meses fueron secuestrados y asesinados Ibero Gutiérrez, Ramos Filippini, Abel Ayala y Castañeto. También hubo atentados contra las iglesias donde actuaban religiosos solidarios con las luchas populares. Por supuesto que las actividades de estas formas de violencia contra la democracia nunca fueron investigadas por las autoridades policiales de la época. Por lo demás, las potestades del Poder Judicial eran absolutamente desconocidas y el Parlamento sólo conseguía influir en tanto caja de resonancias de las denuncias sobre estos atentados, sin que el Poder Ejecutivo, Pacheco primero, Bordaberry después, se dignaran a prestar la menor atención a sus declaraciones, pronunciamientos o pedidos de informes.
En ese contexto se llegó a los dolorosos episodios del 14 de abril. Evocarlo en toda su dramática significación conlleva no olvidar las circunstancias que lo precedieron.
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