La inseguridad: un problema recurrente

Como uno más de los tantos temas recurrentes, el problema de la seguridad ciudadana  en rigor habría que hablar de inseguridad, puesto que el problema es la falta de seguridad, o al menos la sensación de inseguridad instalada en la mentalidad social  vuelve a concitar la atención de las autoridades y de los medios de difusión, vale decir, de la opinión pública. Cíclicamente, al igual que las cifras de una fracción periódica, gobernantes y prensa dedican tiempo e importantes espacios a buscar soluciones.

Obviamente, la conclusión perogrullesca es que hasta ahora han resultado infructuosos los esfuerzos por solucionar algo que inquieta grandemente a la sociedad. Y esa inquietud que experimenta la población no es en vano. Desde hace unos años hemos asistido a un incremento innegable de la violencia, en cantidad y en calidad: han aumentado los delitos y han surgido nuevas modalidades delictivas, además de la aparición de formas de relacionamiento social con fuertes connotaciones de violencia.

Sin duda los gobiernos se han visto sobrepasados por el auge delictivo e impotentes para dar una respuesta a la sociedad. Ya es un lugar común hablar de la seguridad como de una asignatura pendiente, y a veces causa escozor leer ciertas propuestas de algunos hombres públicos que apuntan a aumentar el rigor represivo como única solución al problema (rebajar el límite de la edad de imputabilidad, incrementar el tiempo de reclusión, promover el gatillo fácil, etcétera). También resulta inquietante advertir cómo el cuerpo social se muestra de acuerdo con las soluciones represivas, y cómo se manifiesta disconforme respecto de la eficacia policial. En este sentido resulta ilustrativo que cada vez más ciudadanos civiles intentan proveerse de armas para hacer frente a la delincuencia, para defender sus hogares o sus locales comerciales. De prosperar estas iniciativas, ello significaría un importante retroceso en las formas de convivencia, pues implicaría volver cien años atrás, al imperio de la ley del Far West.

Tampoco parece sensato lamentarse de la falta de rigor de los jueces, tal como lo hace el matutino El Observador en su edición del domingo. Allí podemos leer lo siguiente: «El asesinato de un policía en La Paloma, que parecía iba por buen camino de ser aclarado, volvió a constituirse en una incógnita: dos de los detenidos fueron liberados por el juez, quien no encontró razón para mantenerlos presos». Es esta una peligrosa forma de razonar que puede conducir a la inversión del principio jurídico por el cual es preferible que esté libre un delincuente a que un inocente vaya preso. Olvidar este precepto moral significaría una involución trágica en la civilización, y no hay temor ni inseguridad ciudadana que lo justifiquen.

Hemos dicho en más de una oportunidad que somos contrarios a las soluciones meramente represivas, por más que entendamos la angustia que vive la población ante la desprotección que siente. Desde hace unos años, psicólogos, sociólogos, abogados penalistas y pensadores han llegado a la conclusión de que el aumento del rigor punitivo no opera como elemento disuasivo ni como recurso profiláctico: ningún ser humano en situación límite que piense en robar para comer se pone a recapacitar sobre su decisión y desiste de ella pensando en los años de prisión que puede arriesgar…

Por ello debe ser bienvenida la iniciativa  contenida en las disposiciones sobre seguridad de una «ley de urgencia» a estudio de la flamante coalición  que prevé penas alternativas a la de prisión. Sería un paso significativo que permite abrigar la esperanza de que por fin el país se encamine hacia verdaderas soluciones a la angustia de la sociedad.

Sin olvidar la necesidad de que se mejore todo aquello referido a la prevención policial del delito y a su represión judicial, debe haber una política de Estado que apunte a combatir las causas que se hallan en las estructuras de una sociedad fracturada por un modelo económico esencialmente injusto.