Con permiso para gastar

Edgar Bellomo*

Parafraseando al temible agente 007, que tenía «licencia (permiso) para matar», digo que el intendente Hackenbruch, con el apoyo implícito o explícito –pero siempre seguro– del Partido Colorado, lo que busca con este presupuesto quinquenal para Canelones es el permiso para gastar.

Creo que ahí radica el «quid» de la cuestión.

Más allá de las muchas consideraciones que pueda merecernos o de los diferentes ángulos desde los cuales analizarlo, del énfasis puesto en una u otra área y aun de los variados enfoques; más allá de los grandes objetivos que podamos perseguir y aun más allá de establecer, una vez más, que NO ES NUESTRO PRESUPUESTO por la filosofía que inspira al mismo, debe decirse que este proyecto presupuestal es difícilmente alcanzable o ejecutable y voy a intentar explicar por qué.

El mensaje presupuestal que el intendente envía a la Junta Departamental aumenta sensiblemente el total de gastos a realizar durante el quinquenio (algo así como una vez y media en comparación con el actual) basándose en un supuesto incremento de la recaudación municipal.

El 49% de los ingresos, como quien dice la mitad, se prevé recaudar entre contribuciones inmobiliarias (25%), patentes de rodados (18%) y tasas de servicios administrativos (6%). El aumento de los ingresos que el intendente estima ocurrirán en las contribuciones inmobiliarias está basado en el reaforo que Catastro presentó, que el intendente comenzó a aplicary y que tantas reacciones negativas ha recogido ya y que seguirá recogiendo seguramente en la medida en que deje de ser parcial y se vaya generalizando su aplicación a todo el departamento.

No parece lógico esperar que en este marco económico, en que las dificultades que los vecinos tienen para encarar la vida y sus gastos son crecientes y donde el componente impositivo pesa cada día más, puedan –por la vía del reaforo– aumentarse y garantizarse efectivamente los ingresos de la comuna. Y, agreguemos, siempre que no resulte inconstitucional su aplicación.

Entonces digo: tan ilógico como lo anterior parece el anunciado abatimiento de la morosidad, la que bajaría del 47% al 23%, según el planteo del equipo económico canario. Y uno se pregunta, ¿qué les lleva a pensar que ocurrirá eso? ¿Intimarán a todos los deudores? ¿Podrán hacerlo?

Otra duda que nos carcome: ¿cómo van a lograr bajar a 0 un déficit que ha ido creciendo y se ubica hoy en más de 33 millones de dólares?

Hemos, corporativa e individualmente, consultado compañeros cuya respetable opinión ha sido guía para nosotros más de una vez; hemos sometido el proyecto presupuestal a estudios de técnicos y no obtuvimos una respuesta que pudiera establecer, aun con las salvedades lógicas de estar respondiendo a futuro, que los propósitos enunciados se van a cumplir. Es más: todo hace suponer que no va a ocurrir un incremento tan sensible de la recaudación que permita esa contrapartida de gastos sensiblemente aumentados.

Soy consciente de que es necesario «ordenar la casa» y para esto también es requisito indispensable una mayor recaudación, pero no es lo fundamental y además, no parece posible en las condiciones actuales. Lo más importante, sin dudas, es cómo se gastarán los dineros del pueblo que lleguen a la comuna y aquí tenemos entonces, una serie de problemas adicionales.

Soy de los que he criticado el clientelismo político que el intendente y sus amigos practicaron y practican en Canelones. Es bueno aclarar que no es el señor Hackenbruch el único responsable de esta situación. Cuenta con el acuerdo o la complicidad de su partido y ciudadanos representantes de sectores del Partido Nacional y otros que se autodenominan «blancos» desde siempre. Aunque cueste creerlo o tenga sus peculiaridades, en Canelones también funciona la coalición. Mas allá de las palabras, los acontecimientos nos demuestran que esto es así. Los protagonistas no son los mismos que a nivel nacional –o no tienen su exacta correspondencia– pero el clientelismo, lejos de disminuir, aumenta. Hay datos y números que pueden respaldar esta afirmación, pero no es el objetivo que persigue esta nota y por lo tanto, quedarán para otra oportunidad si es preciso.

Lo que quiero decir hoy es que sumo mi voz a la voz (y al voto) de nuestros ediles en la Junta Departamental. Porque creo que no es un buen presupuesto (por ejemplo: no alcanza al 4% lo destinado a políticas sociales y culturales) y porque me temo que lo que obtendrá el intendente con su aprobación, es la autorización para gastar y, dentro de cuatro años el panorama general será el mismo o peor aun del que tenemos hoy.

Lo que no estoy en condiciones de afirmar es qué pasará con las obras y contratos. Podrán disminuir, dejar de ejecutarse, o tal vez no. Paradójicamente, va a resultar tan mala una cosa como la otra, ya que, si las obras dejan de realizarse va a ser malo para el departamento y sus pobladores, pero si se cumplen sin disponerse de los fondos necesarios, todos sabemos lo que va a ocurrir. Endeudamiento y problemas con proveedores, aumento del déficit existente…

Y no estoy mencionando a los funcionarios, porque doy por descontado que los haberes correspondientes les serán abonados puntualmente, como es debido. Sólo que también aquí opera la máxima de que al gastar más de lo que disponemos, problemas habrá para el futuro… (gobernante, agregaríamos).

La cosa, desde mi modesto punto de vista, es armonizar los gastos necesarios con la adecuada recaudación y aun con un posible «endeudamiento razonable».

Lo que pasa es que en Canelones no ha habido, con este mismo intendente, en ningunos de sus períodos como administrador, dinero para obras como las necesarias para la desobstrucción, limpieza y recuperación de los arroyos como el de Las Piedras, el Toledo o el Pando, y sí ha habido para contratos varios cuya necesidad es no sólo discutible sino aun de dudosa legitimidad.

Por eso es que veo con preocupación que todo esto falla desde la base, desde el punto de partida. Porque arrancamos con más funcionarios de los necesarios o, para expresarlo mejor, con más funcionarios que funciones cumplidas, y también porque –para justificar un gasto que piensan incrementar– parten del supuesto de que se va a recaudar mucho más y eso no creo que suceda.

No comparto este punto de vista, esta manera de hacer las cosas. Creo que no va a mejorar Canelones y temo que la situación, en pocos años más, se vuelva mucho más comprometida que la actual, lo que ya es decir.

No se trata de «dejar sin presupuesto» a la Intendencia. La cuestión debe ser aprobar uno mejor, más equilibrado, más adecuado a la realidad que este que se nos presenta.

Tampoco es bueno aprobar en general el presupuesto y procurar corregirlo después en su articulado. Quien haga esto, por más duro que sea en sus términos, por más que pretenda criticar y posar de opositor, no hará otra cosa que concederle «luz verde» al intendente. Y eso es lo que él estaba esperando de la Junta Departamental.

* Diputado de Alianza Progresista EP-FA