Condenado por dictador
Ayer el ex dictador Juan María Bordaberry fue notificado en el Juzgado Penal de 7º Turno de la condena en su contra dictada por la jueza Mariana Motta: 30 años de penitenciaría por «atentado a la Constitución», «nueve desapariciones forzadas» y «dos homicidios políticos».
La condena convierte a Bordaberry en el primer dictador de la historia de América Latina en ser condenado por eso, por dictador. Fruto de la lucha de los pueblos y del avance democrático en nuestros países, muchos dictadores fueron juzgados y procesados. Fueron encontrados culpables de secuestros de niños, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y también de corrupción. Ninguno hasta ahora había sido condenado por el delito principal desde el punto de vista institucional: haber dado el golpe de Estado.
Bordaberry es el primero y Uruguay el primer país donde ese hecho democrático sustantivo ocurre.
Bordaberry fue condenado por «atentado a la Constitución» y es desde ayer «reo de lesa nación».
Tiene un profundo simbolismo democrático y ciudadano la lectura por una actuaria judicial de la condena ante el ex dictador.
Lo tiene por el pasado, pero sobre todo por el presente y por el futuro.
Es cierto, Bordaberry está hoy en una situación precaria de salud, pero no es juzgado ni condenado por su situación actual, sino por sus acciones del pasado, concretas, comprobadas, irrefutables.
Bordaberry disolvió el Parlamento, ilegalizó los partidos políticos y los sindicatos, amparó y hasta justificó ideológicamente la represión y la persecución contra miles de uruguayas y uruguayos.
Bordaberry es responsable del inicio y consolidación de una dictadura de la que participaron y se beneficiaron militares y civiles, que en nombre de la seguridad nacional reprimió, persiguió e introdujo al país en uno de los períodos más oscuros de su historia.
La «Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)», publicada por la Universidad de la República, documentó 116 muertes, 172 desapariciones y 5.925 presos y presas políticas (las denuncias de organizaciones sociales y políticas elevan esta cifra a más de 10 mil), todos torturados, entre ellos 69 niños y niñas que nacieron en prisión o fueron secuestrados junto con sus padres y permanecieron presos, ellos también, durante meses o años. En la misma investigación de la Udelar se documenta que Inteligencia Policial tenía 300.000 fichas individuales de uruguayas y uruguayos que fueron perseguidos. Bajo su gobierno se vigiló y reprimió a sindicatos, clubes deportivos, iglesias, instituciones culturales, hospitales, a todo lugar donde se desarrollara una actividad social.
Pero además intervino la Universidad de la República y fortaleció la intervención en toda la enseñanza pública, provocando un retraso de décadas en el terreno académico y en la formación de los uruguayos. Censuró y persiguió a lo más destacado de la cultura uruguaya en la música, la poesía, la literatura y el teatro, en todas las manifestaciones culturales. Se prohibieron cientos de canciones, miles de libros y obras teatrales, sumergiendo al Uruguay en un oscurantismo medieval.
Reprimió y despidió a cientos de miles de uruguayos, tanto en la actividad pública como en la privada, privando al Estado uruguayo y también a la producción nacional de técnicos, especialistas y obreros calificados, con un impacto no mensurado aún.
Instauró un régimen basado en el miedo y la violencia ejercida en forma planificada por el Estado contra toda la población.
Integró a Uruguay a un esquema regional de represión, es decir que promovió la integración regional por el miedo y la muerte, contaminación que recién hoy comienza a revertirse.
El daño provocado por sus acciones se extiende a todo el cuerpo social y sus consecuencias se notan hasta el presente, en atraso, en pérdida de saber acumulado, en destrucción de la convivencia, en preeminencia de la violencia, la desconfianza y el miedo en las relaciones sociales.
Por todo eso, es trascendente desde el punto de vista democrático, judicial, político y social la condena dictada ayer.
No se trata de ensañamiento con un enfermo. Es la democracia funcionando a pleno y condenando como corresponde al que cometió el delito más grave contra ella, la suprimió y nos dañó a todos.
Es un día de justicia, de fortalecimiento democrático e institucional. Es un día de futuro.
Bordaberry, el golpista, el dictador, 37 años después de su felonía, fue finalmente condenado.
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