Impunidad: convivencia insoportable

Milton Romani

 

«Las personas que plantean derogar la Ley de Caducidad quieren hacer que el país vaya hacia atrás 30 o 40 años, para que el país se vuelva a enfrentar». Doctor Jorge Batlle (El Observador 4/4/01)

No sería bueno pensar que el señor Presidente se haya referido con estas palabras a las recientes declaraciones del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Aunque si aplicasemos aquel viejo ejercicio de lógica que aprendimos en los también viejos libros de Bersanelli, la conclusión necesaria sería más que contundente. ¿Recuerda lector, aquello de «Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre…».

«(…) con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que ahora el juez Cavallo las acaba de declarar nulas de nulidad absoluta porque violan la Constitución. . No podemos aceptar las leyes injustas, a pesar de que aquí hubo un referéndum«. Reportaje a Adolfo Perez Esquivel (La República 1/4/01)

¿Tendrá la osadía de estar refiriéndose a los jueces miembro de la Corte Interamericana que acaban de sentenciar nulas las leyes de aministía del Perú? Le explico: este fallo ha sido ahora solicitado formalmente por la Suprema Corte de Justicia de Argentina para analizar la sentencia del juez Cavallo.

Sería de interés público que los miembros de la Comisión de la Paz (aun cuando sus cometidos no estén referidos a los procesos judiciales) pudiesen estudiar este fallo como un instrumento que es, también, para construir la Verdad. ¿Que acá se ha elegido el camino de no investigar, ni siquiera a nivel administrativo? Sí. Pero sería honesto repasar los caminos que pueden llevarnos a ella y admitir que ellos pueden ser recorridos. De hecho están siendo recorridos y, valga la paradoja, nadie puede invocarse como los representantes de la verdad.

Este fallo histórico está a disposición en la portada de la página web del diario argentino Página 12. Un simple click y con ello las consideraciones de lo más avanzado en jurisprudencia de delitos de lesa humanidad a entera lectura del señor Presidente y de los miembros de la Comisión de la Paz. En este fallo los jueces radicalizados que «quieren hacer que el país (¿qué el país, Presidente? ¡¡a la América toda, bárbaros!!) vaya hacia atrás 30 o 40 años, para que el país se vuelva a enfrentar», sostienen, fijese:

«Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos»

(SENTENCIA DE 14 DE MARZO DE 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)

 

El Senado de la República: una opción moral

Los senadores Juan Adolfo Singer, Yamandú Fau y Carlos Garat en la Comisión de Defensa del Senado han avalado moralmente, recomendando la venia de ascenso a Capitán de Navío a dos funcionarios de la Armada (Prefectura Naval) señalados como torturadores: Cap. de Fragata Aníbal del Río y Carlos Márquez. A pesar del voto negativo de los senadores frenteamplistas doctor José Korzeniak y Marcos Abelenda que presentaron las objeciones de los organismos de DDHH. El senador Singer es reincidente. Peor aun, no aprende de la experiencia. Defendió a su amigo el coronel Angel Neira a pesar de la denuncia formal y las sentencias existentes en el fuero civil, difundidas por el ciudadano Alfonso Sanjuán. Lo que repugna al estado del alma es que no se trata de desconocimiento u omisión. Se acepta cínicamente, perversamente, el régimen de impunidad que se ha establecido ya no como fórmula legal, referida a una ley sancionada, sino como sistema de conviviencia. La impunidad es una mancha de aceite que se extiende y se torna cada vez más perversa. Envilece. El ex marinero Daniel Rey Piuma fue recibido por la Comisión por la Paz. Hace 20 años viene haciendo denuncias sobre el terror en la Prefectura Naval, sobre los procedimientos efectuados con los cuerpos hallados en nuestras costas. Identifica al entonces alférez Aníbal del Río como integrante de la DIPRE (Dirección de Inteligencia de la Prefectura) e incluso lo cita como uno de los responsables:

«Hubo un procedimiento que se llamó «Conejo-Coneja» contra unos militantes del Partido Comunista Revolucionario (…) entre el 9 y el 13 de diciembre de 1977. Fueron detenidos Graciela Tórtora, Pierobon de Baccino (embarazada de 6 meses), Orlando Juan Baccino, Gabriel Hermida Moreira y Jacqueline Audifred Demarco. (…) Fueron torturados durante horas (…). A las 5 de la mañana, Orlando Baccino fue llevado al Hospital porque casi lo habían ahogado haciéndole submarino; dos horas antes habían llevado a Gabriel Hermida con lesión de brazo y costillas fracturadas.Hubo dos etapas del interrogatorio. La primera fue muy violenta, casi los matan a los dos, se encargó el DIPRE (…) la dirección del interrogatorio recayó sobre el 2º Jefe de la División, teniente Nelson Sánchez, tenían conocimiento también el mayor Alvaro Diez Olazábal, el teniente Eduardo Cragdallie, el alférez Aníbal del Río, el teniente Daniel Maiorano, el cabo José Castro, el marinero Fernando González Manqui, el marinero Luis Peirano, Arnol González»(Los Crímenes del Río de la Plata. El Cid Editor.1984)

Agrega, sobre este hombre que los tres senadores avalan: «Ha participado en todos los casos de corrupción en que se ha visto envuelto personal de DIPRE, robando incluso el fondo (Caja de Auxilio) del personal de tropa». Este testimonio está en el área de la Presidencia. Al señor Presidente le haría bien leerlo, incluso para anotar algún nombre de los que pueden saber algo. Puede también remitirse al Senado para cuando el pleno deba resolver sobre estas venias. Por lo menos informarle a su correligionario el senador Singer.

 

El final de un silogismo

Para introducir una variante en lo que nos enseñaba el profesor Bersanelli, quiero recordar una premisa deliberadamente omitida desde hace años. Se trata de un Informe de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) de OEA del año 92 (N 29/92) que está en la misma línea del Fallo de la Corte Interamericana (ambos Comisión y Corte funcionan en virtud del Pacto de San José de Costa Rica al que Uruguay adhiere) y que puede constituirse en un paso preliminar para acudir a la Corte:

«1. Concluye que la Ley 15.848, del 22 de diciembre de 1986, es incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3. Recomienda al Gobierno del Uruguay la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto».

El señor Presidente puede empezar a sospechar que la OEA es un nido de radicales.

* Dirigente del PVP