¿A dónde marcha Ancap? Falta transparencia en las medidas del gobierno

«Ancap no es propiedad de los actuales directores. Ancap pertenece al país, es un patrimonio de todos los uruguayos».

Hugo de Melo, presidente de la Federación (de Trabajadores) Ancap, 5 de abril.

 

Todos sabemos lo que el ente petrolero significa para el país. Sabemos las expectativas que Ancap despertó cuando fue creada como instrumento de una estrategia de desarrollo de fuerte sentido nacional.

Sabemos de su importancia con relación al conjunto de la actividad económica del país, a partir de la fijación del precio de los combustibles y de otros insumos importantes para la industria, el transporte y la construcción.

En la actualidad, las decisiones del gobierno en lo referido al destino de Ancap han venido constituyendo señales confusas y a veces contradictorias.

La propia participación del Parlamento nacional en el debate en torno al futuro del ente ha venido siendo sumamente limitada. Todo parece indicar que las autoridades del gobierno y del Directorio han venido practicando una acción de gobierno poco transparente tanto hacia la opinión pública general como hacia el Poder Legislativo.

Valga a título anecdótico pero bastante urticante como para suscitar preocupación acerca de cómo se están manejando decisiones que son de todos los ciudadanos, cuestiones que hacen al presente y al futuro del país y que se manejan con extremos de «compartimentación» inadmisibles en una administración que está legal y constitucionalmente bajo el contralor parlamentario.

Según ha dicho en los debates en el Senado el legislador encuentrista Reinaldo Gargano, un pedido de informes por él formulado acerca de los resultados económicos de las inversiones de Ancap en Argentina realizado en 1996 fue respondido en el año 2000.

En un tramo de esta «opera prima» de la ocultación, el texto remitido por las autoridades de Ancap decía «que no se habían producido pérdidas millonarias». De antología.

Entre las cuestiones acerca de las que hay insuficiente información pública están los fundamentos aducidos para interrupción de las obras en las refinerías del ente, planteada, según las autoridades, como suspensión provisoria de sólo 90 días, en el marco de un proyecto de ampliación de la actividad, renovación tecnológica y búsqueda de socio para alcanzar una utilización plena de la capacidad productiva del parque industrial disponible.

Voces provenientes del espacio político y sindical, con sólidos fundamentos que se apoyan en los trabajos realizados por técnicos del organismo, han puesto de duda la viabilidad de esta línea estratégica.

Se hace notar que la suspensión, al atrasar el momento en que Ancap pueda salir con combustibles de mejor calidad (sin plomo la nafta, sin azufre el gasoil) constituye un factor negativo en la consolidad de un proceso de ampliación y renovación del ente.

También han sido ásperamente denunciadas como poco transparentes las nuevas relaciones comerciales del ente, a través del nuevo emprendimiento Ducsa, con DASA, Distribuidora Ancap Sociedad Anónima, propiedad del «industrial» de la distribución Pedro Baridón.

Según han expresado fuentes del Directorio de Ancap, la suspensión de las obras por 90 días sería, cumplido el plazo, ampliada a 180 o más. De hecho se estaría avanzando en una línea de liquidación de la refinería de acuerdo a los pronósticos formulados por el presidente Jorge Batlle hace unos meses cuando sostuvo que al país le sería más conveniente importar nafta que obtenerla a partir de su propio proceso de refinación.

Esta orientación, tan radicalmente privatizadora y con efectos tan poderosos sobre las posibilidades de construir un proyecto de desarrollo nacional, recibió muchas críticas.

No obstante, ese parece ser el camino. El gobierno, más que ganar aliados, lo que parece querer es ganar tiempo. Más que convencer, lo que se busca parece ser aburrir. Y para eso cuanto menos se conozca, cuanto menos se examine en el terreno parlamentario, cuanto menos sepa la opinión pública, resulta más apropiado.