La CIDH y Venezuela

La orquesta internacional contra Venezuela está en pleno desarrollo. Una de sus partes fundamentales lo constituye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha publicado su informe anual, de 322 páginas, sobre el estado de situación de los derechos humanos en nuestro país, en el que se le acusa de ser violador de los derechos humanos, de la libertad de expresión y, más aún, de socavar la democracia regional.

Se dice que desde el 2002 y hasta la fecha, el gobierno de la nación sudamericana «se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta las facultades asignadas a la comisión, como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados Miembros de la Organización». Por supuesto, no se dice que nuestro gobierno no tiene objeción en que esta comisión venga al país una vez que la misma presente formalmente «disculpas» por haber apoyado el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Para la CIDH existe incompatibilidad del marco legal vigente en materia del derecho a la libertad de expresión con las obligaciones del Estado a la luz de la Convención Americana, porque en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión aprobada en 2005, en el artículo 29, se establece que quienes «promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan apología o inciten al delito; sean discriminatorios; promuevan la intolerancia religiosa; sean contrarios a la seguridad de la Nación; sean anónimos; o cuando (…) hayan sido sancionados en dos oportunidades» serán sancionados con «la suspensión de hasta por setenta y dos horas continuas» o «revocatoria de la habilitación, hasta por cinco años» en caso de reincidencia. Preguntamos ¿Y eso es negativo? ¿O acaso es lícito hacer apología del delito?

Esta comisión a pesar de ser de derechos humanos, menciona sólo de pasada los inmensos logros que nuestro gobierno ha tenido precisamente en esta materia, particularmente en los derechos económicos, culturales y sociales.

Ahora, más allá de estas consideraciones, es bueno que nuestros lectores sepan que esta es la misma comisión que avaló el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, para lo cual es importante hacer memoria.

Estando el presidente Chávez secuestrado, una ONG colombiana, Minga, solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida del Jefe de Estado. Sin embargo, esta comisión se limitó a enviar una carta, firmada por el secretario ejecutivo, Santiago A. Cantón, al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto, en los siguientes términos: «Excelentísimo señor José Rodríguez Iturbe, ministro de Relaciones Exteriores, Caracas, Venezuela. Tengo el honor de dirigirme a su excelencia, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la oportunidad de hacer de su conocimiento que la Comisión ha recibido una comunicación respecto a la situación de los derechos humanos del señor Hugo Chávez Frías», dice el párrafo primero, mientras que en el párrafo final se coloca esta perla: «Ruego al ilustrado gobierno de su excelencia proporcionar a la Comisión Interamericana la información que considere pertinente, dentro de un plazo de 5 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación».

Como se puede apreciar, hay un trato muy especial al designado ministro por un gobierno golpista al referirse a «su excelencia», «excelentísimo e «ilustrado señor», mientras que al presidente constitucionalmente electo Hugo Chávez, le dan el trato de «señor», con lo cual hay explícitamente un reconocimiento al gobierno de facto.

Finalmente, este informe de la CIDH es utilizado por algunos medios de comunicación para afirmar, sin mayor consideración y desparpajo, que el presidente Chávez es un dictador, ­para el actor y director estadounidense Sean Penn, no obstante «ha pasado por 14 de las elecciones más transparentes del mundo y ha sido elegido democráticamente»­ y al mismo tiempo, decir, sin mayor pudor, que los protagonistas del golpe de estado del 11 de abril de 2002 eran «excelentísimos e ilustrados» señores.

El fariseísmo es una cosa seria.