La clara omisión del gobierno

En nuestra edición del sábado 26, se da cuenta del informe anual preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la evolución de la democracia y del respeto a los derechos humanos en todo el mundo.

En él se hace una evaluación por demás crítica de la situación uruguaya, señalando la omisión contumaz de los gobiernos en investigar las desapariciones forzadas.

No deja de ser irónico que el país que hace treinta años promovió y estimuló los golpes de estado y adiestró a funcionarios para practicar una represión brutal contra los reclamos populares se erija hoy en celoso custodio de los derechos humanos y de la democracia. Pero en fin, los tiempos cambian, y bienvenido sea el cambio en la medida que nos proporciona otro elemento de presión en la lucha para saber la verdad sobre los desaparecidos.

El informe contiene afirmaciones de sumo valor que se convierten en sólidos argumentos a favor del esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad cuya investigación compete al gobierno. Es así que podemos leer en una parte del capítulo dedicado a Uruguay: «El gobierno continúa sin obedecer una norma de 1992 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reafirmada en octubre de 1997, que concluye que la Ley de Amnistía de 1986 era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y que recomienda investigar las desapariciones y compensar a las familias de las víctimas. Aunque la Ley de Amnistía obliga a investigar el caso de los detenidos desaparecidos, las tres administraciones desde el retorno de la democracia se han rehusado a abrir investigaciones oficiales«. Obviamente, los subrayados son nuestros, pues es preciso resaltar la coincidencia de la percepción estadounidense con lo denunciado desde hace más de diez años por organismos defensores de los derechos humanos.

Evidentemente, el Departamento de Estado no se afilia a la tesis sanguinettista de que es mejor no tener ojos en la nuca, así como discrepa con la posición que sostiene que el tema ya fue laudado.

¿Con qué argumento se mantendrá el gobierno en su postura y seguirá omiso en el cumplimiento de la ley? ¿O acaso se le ocurrirá acusar al Departamento de Estado de connivencia con la guerrilla?

Prescisamente cuando se conocía el contenido del informe a que hacemos referencia, en el programa matinal que conduce Emiliano Cotelo en El Espectador, el presidente de la República se lanzaba en una diatriba contra el poeta argentino Juan Gelman, a quien acusa de ser un «viejo luchador antidemocrático». Tal parece ser el único argumento de que es capaz de valerse el doctor Sanguinetti para mantener su férrea postura complaciente para con los responsables de delitos contra los derechos humanos. Quienes reclaman conocer la verdad son automáticamente catalogados como enemigos de la democracia, como enemigos de la paz y de la concordia, puesto que  según la percepción de Sanguinetti  al ratificar la Ley de Caducidad, «el pueblo optó por la paz, por mirar adelante».

Dice también el presidente que «desgraciadamente no se ha podido encontrar la verdad de las desapariciones», como si él mismo no fuera el gran responsable del fracaso de las investigaciones por haberlas ordenado a los organismos pertenecientes al mismo cuerpo señalado como responsable de los delitos.

Pero claro está que el doctor Sanguinetti es absolutamente incapaz de reconocer tal extremo. Antes bien, tiene la osadía de atribuir precisamente a quienes reclaman saber la verdad, la responsabilidad de entorpecer las investigaciones: «Creo que mucha gente que ha estado del lado del reclamo ha contribuido a que no se pudiera satisfacer».

Nos permitimos recomendar al doctor Sanguinetti la atenta lectura del informe del Departamento de Estado. Tal vez encuentre allí elementos que le hagan rever su postura.