Nunca más dictadura

El dictamen de la jueza penal de 7º turno, Mariana Mota, condenando a Juan María Bordaberry a 45 años de prisión, no es un pronunciamiento más. Se trata de un dictamen histórico y este calificativo pocas veces ha estado tan justificado.

Es la primer condena en América Latina a un dictador por el golpe de Estado, ni más ni menos.

La jueza Mota aplicó la disposición del artículo 117 del Código Penal, hizo lugar al pedido de la fiscal Ana María Tellechea y condenó a Bordaberry por «atentado a la Constitución». También condenó a Bordaberry por nueve delitos de «desaparición forzada» y dos delitos de «homicidio político». Los homicidios políticos son los de Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa, y la «desaparición forzada» se aplica a los casos de Arpino Vega, Luis Eduardo González González, Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa Rodríguez, Otermin Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla y Eduardo Bleier.

Tanto en nuestro país como en otros países de América Latina, varios dictadores han sido condenados, en todos los casos por graves violaciones a los derechos humanos: homicidios, desapariciones, torturas e incluso secuestro de bebes; también por corrupción.

Pero hasta ahora ninguno había sido condenado por dar el golpe de Estado.

Ese es el valor jurídico, en tanto antecedente en jurisprudencia y político, con mayúsculas, del dictamen de la jueza Mota.

En una sentencia de 107 páginas que merece ser leída y estudiada, Mota sostiene argumentos como el que sigue sobre la responsabilidad política de Bordaberry: «La suscripción del decreto 464/973 que disolviera las Cámaras e instaurara el dominio del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, atribuyéndose competencias que otrora eran exclusivas de los poderes suprimidos, y que diera lugar al dictado de otra serie de decretos que conculcaron todos los derechos de los individuos, desde los más esenciales, como el derecho a la vida y la libertad (…)»

La jueza establece la extrema gravedad del atentado a la Constitución, señalando que «tampoco puede soslayarse que las consecuencias que devinieron con la aplicación del multicitado decreto 464/973 resultaron en perjuicio de un número indeterminado de personas ello en tanto las medidas dispuestas a partir de la vigencia de dicho Decreto y los posteriores dictados llevaron a despidos masivos, al exilio económico y por razones de persecución política (a partir de la ilegalización de partidos políticos y asociaciones sindicales), a la censura de los medios de comunicación, etcétera, en fin, a implantar una sociedad sumida en el miedo y severamente controlada en todos los aspectos de su vida».

Este párrafo señala con meridiana claridad que las víctimas de Bordaberry y de la dictadura fueron cientos de miles de uruguayas y uruguayos, que vieron vulnerados sus derechos fundamentales. Las más dramáticas y lacerantes expresiones fueron los desaparecidos, los asesinados, los torturados; pero las consecuencias de la dictadura fueron sobre toda la sociedad: «una sociedad sumida en el miedo», señala la jueza.

Al justificar los 30 años de prisión y 15 de medidas de seguridad Mota sostiene que «la gravedad de los delitos que se imputan justifica sin duda la aplicación de la pena mayor en consideración al número de las víctimas, al grado de lesión de los bienes jurídicos en juego y al nivel de reproche que puede reclamarse del enjuiciado en tanto al cargo que ocupaba de Presidente de la República».

Después de 37 años de flagrante impunidad, el golpe de Estado es condenado por la Justicia uruguaya.

Es parte de la construcción del «Nunca más». Este «Nunca más» no es una entelequia, es una construcción colectiva, implica memoria histórica, verdad, correlación de fuerzas en la sociedad y también justicia.

Es una señal democrática y ciudadana a destacar y a atesorar. Mucho más cuando las señales que llegan desde Honduras nos recuerdan que las dictaduras, alentadas por las oligarquías y el poder económico, no son rémoras del pasado.

En Honduras el dictador Michelleti no sólo no fue castigado, fue premiado y declarado senador vitalicio, igual que Pinochet en su momento.

En Uruguay, después de 37 años, ya no. Los dictadores son castigados y los golpes de Estado no quedan impunes. Nunca más.