Más descentralización, más democracia

El Parlamento Nacional aprobó la Ley de Descentralización política, que entre sus disposiciones más importantes crea un tercer escalón de gobierno en nuestro país: las alcaldías o municipios.

La idea de descentralizar el poder político en Uruguay se hunde en las raíces del surgimiento de nuestro país a la vida independiente.

Su primer antecedente, recordado recientemente en una columna en esta página, lo constituyen nada menos que los cabildos artiguistas.

El proyecto emancipador de José Gervasio Artigas, junto con su idea integracionista y su profundo contenido social, tenía un componente democrático que le era distintivo.

Artigas quería tener el ejercicio del poder descentralizado, cambiando el centralismo montevideano característico de la colonia. Por ello los cabildos y la idea del pueblo en asamblea.

El proyecto de la oligarquía criolla, que postergó históricamente la propuesta artiguista, frenó la descentralización.

La concentración del poder político y también económico no sólo es de Montevideo con respecto al resto del país, también lo es de las capitales departamentales con el resto de los departamentos.

El Frente Amplio nació como fuerza política con la descentralización como bandera; así lo expresa cada uno de sus programas de gobierno y plataformas electorales.

Pero hizo mucho más que eso. En cada instancia de gobierno frenteamplista impulsó y concretó importantes avances en cuanto a la descentralización.

En la Intendencia Municipal de Montevideo, desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, hace ya 20 años se impulsó un inédito proceso de descentralización que tiene como muestras emblemáticas los centros comunales, la desconcentración de servicios y el Presupuesto Participativo.

Luego impulsó procesos similares en los siete gobiernos departamentales que asumió en el interior del país con sus particularidades en cada caso. Fueron las intendencias frenteamplistas las que conformaron decenas de juntas locales, cuya integración fue postergada durante décadas por blancos y colorados. Como ejemplo se puede mencionar Canelones, con 29 juntas locales funcionando. La modalidad de Presupuesto Participativo, en la cual son los propios vecinos los que definen las prioridades del gasto, se aplicó con particular suceso en Paysandú y Florida.

También lo hizo desde el gobierno nacional. Tabaré Vázquez impulsó la desconcentración y la optimización de los servicios y las oficinas públicas: los centros MEC, los centros de Atención al Cliente, lugares más cercanos a la gente para los trámites y reclamos, el apoyo a los hospitales en el interior del país, son sólo muestras de esa voluntad.

Todo ello es trascendente, pero sin duda la gran apuesta es la descentralización política, expresada en la ley que se discutió con el Congreso de Intendentes y que lleva meses de debate político y parlamentario.

Ningún instrumento político es perfecto ni está libre de tener errores.

Pero no se puede reducir la importancia de la creación de un nuevo escalón de poder político, que acerca el ejercicio de gobierno a la gente y que promueve la participación, a las dificultades institucionales o financieras que provocará.

Todo cambio genera resistencias y problemas en la estructura que debe cambiar, si no, no sería cambio.

No es cierto que se genere más burocracia, la descentralización de Montevideo no lo hizo y tampoco la de Canelones. Tampoco es cierto que el problema sean los cargos de confianza que generará; en realidad hoy son cargos de confianza muchas de las juntas locales que no han podido ser electivas, ahora será la gente la que otorgue la confianza y los respalde. La descentralización, con sus defectos y sus problemas, es esencialmente la radicalización de la democracia y un instrumento, además, para aumentar la eficiencia de la gestión.

Son de recibo las preocupaciones legítimas, porque la descentralización no es buena o mala en sí misma, puede favorecer la participación y mejorar la vida de la gente o puede generar fragmentación; eso depende del proyecto y la práctica política que lo sustente.

Será una responsabilidad de toda la sociedad uruguaya que se proyecte, que mejore y que cumpla su cometido; esa es una empresa colectiva, de todos y no de un partido. Pero no es menos cierto que fue la izquierda la que retomó y rescató del ostracismo histórico una de las señas identitarias del proyecto artiguista. No es poca cosa.