A propósito de una eventual reforma electoral

Parecería que el bochorno estival ha dejado sin asunto a los protagonistas políticos. Al punto que el Partido Nacional creyó encontrar en un artículo del ex embajador argentino Hernán Patiño un buen motivo para sacudir el ambiente político con los resultados por todos conocidos.

Pocos días antes del escándalo diplomático (¿?), Rodolfo Nin Novoa había lanzado la idea de eliminar el balotaje, incorporado a la legislación electoral en 1996, y admitir la reelección presidencial. Inmediatamente surgieron voces desde los otros partidos del espectro para realizar puntualizaciones, enmiendas, agregados o correcciones a la idea del vicepresidente. Más recientemente, fue el ex intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, quien creyó oportuno exponer su punto de vista al respecto.

Todos estos hechos confirman que la legislación electoral uruguaya necesita una revisión profunda. Ha quedado en evidencia que la reforma constitucional de 1996 no fue un intento serio de modernizar y democratizar el sistema electoral. Fue, no estamos diciendo nada nuevo, una triquiñuela urdida por blancos y colorados para evitar el previsible triunfo de la izquierda en la elección siguiente. Y la maniobra surtió el efecto deseado: en 1994, el Frente Amplio, habiendo obtenido el 40 por ciento de los votos en octubre, fue derrotado un mes después por el coloradismo con apoyo del Partido Nacional. La introducción del sistema de balotaje o segunda vuelta impidió el acceso del doctor Tabaré Vázquez al gobierno, pero de nada sirvió para evitar que la misma fórmula presidencial (Vázquez-Nin) lograra más del 50 por ciento de los votos en la primera vuelta de la elección siguiente, en octubre de 2004. Tampoco pudo impedir que el FA obtuviera la mayoría parlamentaria en octubre de 2009 y que la fórmula Mujica-Astori se alzara con una victoria concluyente sobre la fórmula blanca Lacalle-Larrañaga en la segunda vuelta de noviembre del mismo año.

Con excepción de los sectores astoristas, la izquierda estuvo siempre en contra del balotaje en razón de que el mismo había sido introducido por las fuerzas conservadoras para cerrar el acceso al gobierno del Frente Amplio. No obstante, bueno es tener en cuenta que, como queda dicho más arriba, el desesperado intento conservador no hizo sino postergar por cinco años lo inevitable. Ahora bien, fuerza es reconocer que la tan denostada reforma del sistema electoral tuvo efectos francamente positivos. En primer lugar, consagró la obligatoriedad de que cada lema presentara un candidato único surgido de elecciones internas. Este hecho, nada menor, significó el fin de las cooperativas electorales y llevó a que los partidos tradicionales ya no pudieran ofrecer la multiplicidad de candidaturas presidenciales que resultaban un engaño al elector por lo que éste terminaba dando su voto a un candidato de su partido que se hallaba en las antípodas ideológicas de aquel a quien el elector había confiado su voto.

Asimismo, hay que considerar que el balotaje evita, en principio, que haya un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria. Piénsese, por ejemplo, que de no haber existido la segunda vuelta, en la elección de 1999 el Frente Amplio habría obtenido el gobierno pero sin tener mayoría en las cámaras. Fácil es imaginar el atolladero en que se habría visto inmerso todo el sistema político y el desgaste inútil que habría sufrido la izquierda sin poder llevar adelante su programa.

Todas estas consideraciones no tienen otro objeto que ayudar a reflexionar sobre un tema tan delicado como una posible reforma del sistema electoral. Probablemente haya un sinfín de cosas a corregir y a mejorar, pero a nadie escapa la necesidad de analizar con prudencia y sentido común, despojándose de conveniencias coyunturales, los pro y los contra del sistema actual de modo de elaborar, entre todos los partidos, un sistema moderno, democrático y transparente.