Un cero para privatizadores

Las cosas en el Ministerio de Economía y, por vinculación, en el propio gobierno, eran desde el punto de vista metodológico e ideológico, absolutamente claras. El objetivo era mantener el déficit fiscal en el marco de parámetros acordados con el FMI, para lo cual el camino era uno solo: extraer de los contribuyentes los mayores aportes posibles, quienes además deben pagar –como consecuencia de la fuerte política fiscalista– las mayores tarifas de la región en los rubros fundamentales: combustibles, comunicaciones, energía, agua, etcétera. Con el agregado de que las empresas que los producen son de propiedad del Estado y funcionan en régimen monopólico, por lo cual nadie puede escapar de pagar y pagar.

Por ese camino, iniciado desde la dictadura en adelante, los diversos gobiernos fueron reduciendo la capacidad de competir con el exterior, de vender la producción, especialmente la industrial, apareciendo la argumentación de que este es un país de «servicios» y que a ellos había que apostar. Un rumbo que provocó lo obvio: el cierre de empresas y el crecimiento de la desocupación.

Cuando cayó la inflación, la «estabilidad» lograda tampoco puso en marcha al país. Simplemente, porque así lo quería el FMI, se siguió manteniendo un achatamiento de los salarios y las jubilaciones, estas últimas con topes que se mantienen por debajo de la canasta básica de alimentos, lo que determina otro fenómeno: quienes están en situación de jubilarse no lo hacen. Sería pasar, en miles de casos, de la digna pobreza a la miseria.

Y la inflación cayó, entre otros motivos, por el achicamiento del poder de compra de la población («ese mercado no le importa a nadie», dijo en alguna oportunidad en actual ministro de Economía). Obviamente la política arancelaria estuvo siempre dirigida a lo mismo, que entraran productos del exterior en un proceso destinado a achicar la producción nacional por la vía de quitar competitividad a la misma. La caída de la inflación en el Uruguay está vinculada, obviamente, a una oferta que supera a la demanda.

El otro paso, obviamente para seguir con lo que piensan los fundamentalista del FMI, es la privatización de las empresas públicas, para lo que algunas se están preparando. Ancap, por ejemplo, tiene para resolver dos puntos polémicos: la paralización de las obras de la refinería de La Teja. Claro, los argumentos que se manejan, tienen relación con el posible «socio» de Ancap y la definición de éste sobre qué tipo de refinería que quiere para convertir su eventual inversión en «negocio».

Un segundo punto que debía resolver el Directorio del ente, de acuerdo a lo anunciado, era recuperar para Ancap la distribución de los combustibles, otro de los «dulces» para atraer al inversor. El paquete, luego de detener por razones estratégicas las reformas en la refinería, se conformaba con quitarle a Dasa esa distribución. Por supuesto, los estrategas de las privatizaciones, no pensaron en que este último camino estaba lleno de obstáculos. Uno de ellos era la batalla que daría esa empresa. Se afirma que su titular tomó el teléfono, hizo algunas llamadas clave, y el nerviosismo comenzó a ganar al gobierno y, por supuesto al directorio de Ancap. Ahora se tratará de negociar con Dasa, otorgándole otros perfiles del negocio, para que el comprador que  según se afirma- tiene Jorge Sanguinetti en su manga, no emigre hacia otros rumbos.

Pero el clavo remachado que dejará a Ancap mal parado, es el «negocio» ideado por el anterior presidente del organismo, Eduardo Ache, que compró en la Argentina, con el dinero de todos los uruguayos, a la empresa SolPetróleo, con el objetivo de vender en las estaciones de servicio combustibles refinados en Uruguay. ¿Cómo se llegó a esa disparatada decisión? ¿No se pensó que ingresar al mercado argentino requiere una lógica reciprocidad y que los combustibles que se producen de aquel lado del Plata, tienen costos menores a los uruguayos? ¿Nadie puso sobre la mesa que Argentina, por ser productora de petróleo, compra sus barriles de petróleo a menos de 10 dólares, mientras que Uruguay está hoy pagando más de 25 dólares? Algunas fuentes afirman, por cálculos que han trascendido, que los costos de producción argentinos están por debajo de los uruguayos en casi un 30 por ciento?

Una última interrogante: ¿nadie en este país investigará y responsabilizará a alguien por un negocio tan insólito, que le está costando cientos de millones de dólares al país?

* Periodista