Más desaciertos de la política de comunicaciones y el amiguismo como norma

Con una prolijidad digna de mejor causa, el actual presidente insiste, tozudo, en su incontenible carrera de decretazos contra reloj antes que expire su mandato. Parecería que se hubiera propuesto dejar a su sucesor en el cargo (un hombre de su propio partido y en cuyo sector se formó) una serie de desaguisados como para entorpecer la tarea o, al menos, para agregar más problemas a los que deberá hacer frente el doctor Batlle.

Entre éstos, se destaca la adjudicación  indiscriminada e inescrupulosa  de ondas de radio en todo el territorio nacional, en una medida que, sumada al reciente decreto que proscribe la libre contratación de Televisión Directa al Hogar, se inscribe en una política de comunicaciones instaurada desde la época de la dictadura cívico militar y proseguida por los gobiernos democráticos que la sucedieron. Una política desacertada y antidemocrática, atentatoria de la libertad de expresión y del derecho a la información y favorecedora del surgimiento de monopolios. Paradójicamente, se proclama la libertad de mercado y al mismo tiempo se cercena la libertad de los ciudadanos de acceder a las señales satelitales.

Con toda ligereza se ha abusado de la potestad del Ejecutivo para otorgar frecuencias de radiodifusión o concesiones de televisión, haciendo de esa potestad un instrumento destinado a pagar favores o a premiar a oscuors correligionarios, en adjudicaciones indiscriminadas muy parecidas a las repartijas de cargos.

Pero este frenesí sanguinettista parece haber colmado toda medida, y sus últimas concesiones han merecido la crítica de Andebu y la explicable indignación de las radioemisoras del interior, que resolvieron impugnar el decreto. Es que más allá de cualquier otra consideración, esos otorgamientos de frecuencias «a troche y moche»  según el expresivo comentario de la presidenta de Andebu  ponen en peligro la supervivencia de innumerables emisoras del interior, cuya viabilidad económica se ve seriamente amenazada en razón de la masiva irrupción en el mercado de nuevas frecuencias. Una cosa es estimular la competencia que supuestamente debe mejorar la calidad del producto o del servicio, y otra muy distinta es promover lisa y llanamente la desaparición de muchas empresas. Por otra parte, hay una flagrante contradicción entre la liberalidad con que se han dispuesto las adjudicaciones y la cerrada negativa al funcionamiento de las radios comunitarias, una experiencia social enriquecedora que ha sido sistemáticamente saboteada desde el poder.

La adjudicación masiva de ondas de AM y FM no implicará que los uruguayos estén mejor informados o más entretenidos. Al contrario, nos aturdirán más aun con el coro clonado de una misma voz: la de quien concedió la explotación. En efecto, los permisarios de las ondas deberán competir con las radios ya establecidas por conseguir los mismos anunciantes  comerciantes al fin  que sólo darán su publicidad a quien haga lo que se le dice. Es una forma de asegurarse que el poder contará con la incondicionalidad de la mayoría de los medios electrónicos, obligados a hacer buena letra para subsistir.

Por último, no se ha pensado en el caos adminstrativo que deberá enfrentar la Dirección Nacional de Comunicaciones si se propone efectivamente llevar a cabo el control de emisiones, que es uno de sus cometidos. El espectro está saturado y no es aventurado prever que se generará una zona de ininteligibilidad de señales que puede incluso acarrear conflictos con los países vecinos.