Un episodio para no olvidar

Pasada la elección, se valoriza la reconciliación, la concordia y la concertación. Es bueno que sea así. Es muy sano que, saldada la competencia, se busque recomponer la unidad nacional y los adversarios se abracen. Es, además, lo conveniente para la tarea común que se presenta a todos.

Es obligatorio, a la vez, distinguir las ofensas o los deslices que así se olvidan de los quebrantamientos de reglas que, en caso de admitirse, dañarían el funcionamiento futuro de la democracia. En ese futuro habrá otras elecciones y otras campañas que serán tan importantes como ésta. No podemos arriesgar que alguna vez el vencedor no tenga la legitimidad que tiene el de hoy; y esto obliga a defender que la puja se dirima con limpieza.

Hay entonces cosas que, si han ocurrido, no pueden archivarse sin más en nombre del espíritu conciliador y constructivo. Está perfecto que los gobernantes electos no las consideren y se dediquen a su nueva responsabilidad. Pero el país y sus ciudadanos tenemos el deber y la necesidad de no olvidar las afrentas a la democracia, y de registrarlas para condenarlas e impedirlas.

Con el episodio más negro de la reciente campaña ocurrió, además, una particularidad. Dio mucho que hablar, pero no se dijeron algunas cosas que son imprescindibles. Lo esencial no se dijo o apenas se insinuó.

Se dijo, como correspondía, que nada relacionaba el arsenal de Feldman con cuestiones políticas, y menos con políticos determinados. Se protestó por la presentación de los anuncios disfrazados de informativo. Se criticó la exhibición de falsos diarios con titulares que nunca existieron. Se desmintió que Jorge Batlle hubiera ratificado nada ante el juez. Se denunció el insulto que suponía difundir el anuncio únicamente en el Interior. Se reveló que, a pesar de su presentación anónima, en realidad lo habían pagado dirigentes del Partido Nacional. Y unas cuantas cosas más.

Todo muy cierto. Pero en las consideraciones que se hicieron sobre esto hay algo que faltó gravemente: las críticas apuntaron en su abrumadora mayoría a la ineficacia del intento. En otras palabras: el anuncio fue un error. Debieron haber previsto que no ayudaría, y resultó contraproducente. Como dijo el Senador Eber Da Rosa. «Yo no me hubiera metido en el baile. (…) Me preocupa cómo repercutirá en la campaña, porque el spot se hizo faltando 20 días para el balotaje, con tiempo aún para generar un efecto adverso». Esto lo dijo un Senador del Partido Nacional; pero muchos otros que no estaban embanderados razonaron en términos similares: fue un error, estuvo mal porque no sirvió.

Ya. Pero el meollo de la cuestión no estaba en eso. No hay derecho a juzgar este episodio sin calificar su faceta moral y su trascendencia política. Lo que se hizo fue un ultraje a las virtudes de lealtad electoral que nos enorgullecen, y una amenaza muy grave para la limpieza de las confrontaciones electorales del futuro. No es posible dejar de calificar el cinismo irresponsable de las justificaciones. El jefe de la campaña nos dio a todos, con sonrisa radiante, explicaciones que insultaban nuestra inteligencia, y atribuyó las críticas a que no se apreciaba el carácter «creativo» de la obra.

También es obligatorio reparar en la faceta jurídica. Esto pudo hacerse impunemente porque nuestra legislación penal sobre la difamación y sobre la información pública falsa adopta criterios de tolerancia extrema en bien de la libertad de expresión. Esos criterios podrán estar bien o mal, pero lo que importa aquí es que los ingeniosos genios que pergeñaron esto caminaron por el pretil conociendo sus límites y cuidando sus traseros. Y lo pudieron hacer también porque los amparaba la pasividad de una Corte Electoral inofensiva para ellos. (La Ley 17.045 regula las campañas y la veda electoral, y pone su control a cargo de la Corte Electoral. ¿Qué hizo la Corte cuando este engendro invadió la televisión en plena vigencia de la veda?)

En este episodio, la responsabilidad de los dirigentes que lo maquinaron no tiene nada que ver con su mayor o menor acierto sobre los efectos del plan. Su conducta es de autoría, coautoría o complicidad en una fechoría.

Aún hay un detalle que tampoco puede olvidarse. Es con nuestro dinero que se hizo esto. Los dirigentes de esa campaña pagaron a los fabricantes del bodrio y a las emisoras que contrataron para difundirlo con el dinero que nosotros, los ciudadanos del país, aportamos para financiar las campañas de los partidos.

El hecho de que la intentona haya fracasado es, además de justo, una demostración magnífica de lucidez de esos ciudadanos del Interior a los que supusieron retardados. Pero el fracaso no puede atenuar la culpa, porque el daño está hecho. Si a este golpe bajo sólo se le reprocha que no haya prosperado, en las elecciones y las campañas del futuro bien podrán aparecer con igual «derecho», y apoyados por este precedente, nuevos talentos que, considerándose más ingeniosos, confíen en torcer los resultados con patrañas más hábiles. Es la idea misma de estafar la elección lo que no puede tolerarse. Y la debemos condenar como lo que es: un crimen de lesa lealtad, un atentado contra la decencia y una puñalada a la preservación de uno de nuestros valores más esenciales.

Ese daño lo sufrimos todos, y los nacionalistas como todos los demás. En el Uruguay todos los ciudadanos somos titulares de la soberanía, y la expresión colectiva de nuestra voluntad determina los destinos de nuestra nación. Todos tenemos en esto un «interés directo, personal y legítimo»: nos va en ello una de las cosas más sagradas que juntos tenemos.

Prevertir la confrontación electoral es mucho más, y muy distinto, que error y torpeza. Y hoy tenemos el deber de realizar nuestra reconciliación nacional sin permitir que se cuele en ella el olvido de una conducta que debemos proclamar como intolerable e irrepetible.