LA REALIDAD COMO ALIADO

En la presentación realizada el día lunes 23 por el F.A. en el Salón Azul de la IMM sobre la Economía en el Proyecto Nacional, el compañero candidato a la Vicepresidencia senador Danilo Astori manifestó que el FA tenía a la «realidad como aliado» a diferencia de la otra propuesta electoral hacia el 29 de Noviembre (y yo agrego también respecto a otras propuestas presentadas el 25 de octubre).

¿Qué se quiso expresar con esto? Que las propuestas del FA están basadas en la realidad de lo comprometido y cumplido en este período de gobierno. Nuestras propuestas de 2009 son ir por más y, en algunos casos, por mucho más que lo hecho, porque como fuerza de izquierda nunca consideraremos suficiente lo obtenido. No obstante, lo hecho es una base fundamental para ello y el pueblo uruguayo, en su inmensa mayoría, sabe que es así y por lo tanto que también es seguro que los enunciados no sean meras promesas electorales que se olvidan poco después de la elección.

Cuando comprometemos 200.000 nuevos puestos de trabajo, somos creíbles porque la realidad indica que ya logramos en 5 años igual cifra, cuando comprometemos crecimiento de la producción en un 30% también es creíble porque la realidad muestra que en nuestro período se creció más que eso (con épocas de bonanza pero también de crisis internacional).

Cuando comprometemos la baja de impuestos al consumo (2 puntos de IVA), por supuesto que todos recordarán que, en décadas, en este gobierno fue la primera vez que no sólo no subieron sino que bajaron las tasas de IVA (y se eliminó su adicional, el Cofis) y por lo tanto ya saben que será una medida prontamente aplicada (ya tiene aprobación legal para realizarse) y cuando comprometemos mejoras en el IRPF, la mayoría del pueblo uruguayo sabe que esas mejoras mantendrán y profundizarán la equidad del sistema, porque ese fue el objetivo que la realidad muestra que ya fue logrado con el Nuevo Sistema Tributario.

Cuando comprometemos la baja de la pobreza y la eliminación de la indigencia ya tenemos probado el éxito real del camino (primero con la atención de la emergencia y luego con la recuperación del salario y pasividades reales, la extensión de la protección social e igualdad de oportunidades del Plan de Equidad, la reforma de la salud, el apoyo a la educación, el Plan Ceibal etc.) que realizó este gobierno y, como decimos que falta mucho todavía por hacer, el pueblo uruguayo sabe de nuestro compromiso prioritario en ello.

Por el otro lado, la fórmula presidencial blanca (ahora pretendidamente multicolor) también hace propuestas pero aquí la realidad, y por consiguiente la credibilidad, no están de su lado. El gran caballito de batalla desde el principio fue eliminar el IASS y «desmontar el IRPF». Primer choque con la realidad son sus propios antecedentes. En el gobierno de Lacalle todos los pasivos y trabajadores dependientes tuvieron la más brutal suba de tasas efectivas de sus impuestos sobre sus ingresos, que más que triplicó las heredadas de sus antecesores (la dictadura y Sanguinetti). Si bien sobre el final del período esas tasas máximas bajaron algo, de cualquier forma quedaron muy aumentadas respecto de las anteriores. Reiteramos que pagaban todos los trabajadores dependientes y pasivos y pagaban por todos sus ingresos, sin ningún mínimo no imponible ni deducción alguna y cualquiera fuera su monto, incluso los que ganaban los mínimos (que eran por su parte muy inferiores a los actuales).

Admitamos por un momento que, pese a sus antecedentes, derogue el IASS (que hoy sólo grava a las pasividades mayores que representan un 13% del total de pasividades). ¿Sería esto equitativo para con el conjunto de la Sociedad? No, no lo sería. Estamos de acuerdo que no es un tema de principios de si se puede o no gravar las pasividades porque Lacalle durante su gobierno gravó a todas y con tasas efectivas promedio mucho mayores. Es un tema de equidad. Si estas pasividades mayores a los $16.000 no pagan, el Estado, y por tanto la Sociedad, no percibirá estos ingresos y los mismos deberán ser sustituidos por otros o por disminución de gastos. Lo mismo pasa con desmontar el IRPF. Sólo un 20% de los trabajadores lo pagan (mucho menor cantidad de los que pagaban el IRP en 2005 y por supuesto sólo la quinta parte de los que pagaban durante el gobierno de Lacalle) y en general, aún la mayoría de ellos pagan menos que con el IRP, fundamentalmente aquellos que tienen mayores cargas familiares. ¿Cuál es la propuesta de Lacalle? Comenzar a reducir la recaudación del IRPF con deducciones genéricas, suba del mínimo no imponible y eliminación de las rentas de capital (arrendamientos, intereses, e incrementos patrimoniales) lo que en realidad quiere decir, favorecer sólo a los que más tienen y ganan más. En ambos casos, esto afectará al conjunto de la Sociedad y eso no es equitativo porque lo que paguen de menos los pocos que ganan más, lo pagarán de más (o recibirán menos apoyo social) los muchos que tienen menos.

Hace unas pocas semanas atrás, el propio Lacalle anunciaba que el país estaba en «emergencia económica». Obviamente, aquí también la realidad le da la espalda. No hay un solo dato de la economía nacional que no sea extraordinariamente bueno teniendo en cuenta la crisis internacional de la cual el resto del mundo todavía no terminó de salir. Pero lo más contradictorio es que, pese a ese augurio de desastre, propone reducciones inmediatas y graduales de impuestos y mantenimiento o aumento de algunos gastos públicos. ¿Si esto no es Carnaval preelectoral, qué lo es?

También los blancos hablan por supuesto de crecimiento y desarrollo. ¿Pero cómo les fue con la realidad en su período? Es cierto que el país creció en sus 5 años de gobierno un 25%, pero la realidad indica que este crecimiento fue muy irregular y poco equitativo: la producción industrial no sólo no creció sino que bajó su valor bruto de producción y se perdieron 90.000 puestos de trabajo industrial. Los salarios reales crecieron sólo un 4% en el período, pero este crecimiento también, como todo promedio, oculta los extremos (de crecimiento en sectores importantes y fuertemente sindicalizados ­como el sector financiero y la salud­ y de pérdida de salarios en otros como la administración pública ­policías incluidos­ y la industria) sin negociación colectiva.

Otro punto en que la realidad le da la espalda respecto de sus antecedentes es cuando se refiere al tema de seguridad, y en particular a sus reiteradas menciones a sus condiciones como presidente de ejercer el 100% de autoridad que le otorga la Constitución en el artículo 168 (aunque su soberbia individualista y oligárquica le hace olvidar que en el acápite del mismo la Constitución le otorga las facultades al presidente actuando siempre junto al ministro, ministros o Consejo de Ministros y no individualmente). Según él, en este período, tal autoridad no se ejerció. Entonces nuevamente comparemos con la realidad. ¿Qué hechos recordamos de aquel período?: El caso Berríos en todas sus etapas (la llegada, el ocultamiento, el secuestro y su posterior asesinato con participación de agentes chilenos y uruguayos) donde la autoridad presidencial fue en principio menoscabada y luego, cuando quiso intervenir directamente, ignorada. Por supuesto peor podía ser la visión de su autoridad si esta se hubiera excedido para engañar al Parlamento y al Poder Judicial cuando los servicios de inteligencia fraguaron cartas y fotos para demostrar que Berríos estaba vivo en Italia, cuando hacía tiempo que yacía muerto y enterrado en la playa en Canelones. También podemos recordar todo lo vinculado a la única huelga policial en el país (comenzando por la causa de los reclamos de los policías por recuperar el salario real perdido durante su administración y siguiendo por los desacatos militares para suplir las tareas de vigilancia abandonada por los huelguistas y terminando por acceder a demandas inicialmente negadas). Y podemos agregar los reclamos de los co
roneles, la reuniones de generales para rechazar cambios, las actividades terroristas (con bombas) de las logias militares, los espionajes entre generales, la «polibanda», el extraño incendio intencional de la UTE, etc, etc, etc.

Qué diferencia la de ese gobierno de «mano dura y autoridad presidencial» de Lacalle con lo sucedido en este gobierno de izquierda cuando se dignificó a la Policía comenzando por nombrar a los jefes dentro de los oficiales de carrera y no políticos, con aumento de más del 50% de sus retribuciones, con la inclusión de los aportes a la seguridad social del servicio 222 hasta ese momento «en negro», con la posibilidad de agremiación, con la seguridad jurídica de la Ley de Procedimiento Policial. Pero al mismo tiempo también la firmeza para ejercer la autoridad presidencial y ministerial cuando se dispuso la entrada en los cuarteles o el procesamiento o pedidos de extradición de militares en los casos de violación de los derechos humanos. Ni un momento de duda o vacilación, en esos casos se manda y se cumple o se van.

Pero también debemos recordar la realidad de la inseguridad de aquellos tiempos del gobierno de Lacalle, el incremento de los delitos (basta releer por ejemplo las insospechables denuncias y noticias de sus socios de hoy en el diario El Día) porcentualmente muy superior al de estos años, las propuestas de transferir a las Fuerzas Armadas tareas policiales pero sin responsabilidad penal, las razias indiscriminadas, etc, etc, etc.

También la realidad nos recuerda ese quinquenio de venta de principales bancos a delincuentes internacionales (que luego lo vaciaron e hicieron perder centenas de millones de dólares a ahorristas, depositantes y al país todo), la coartada uruguaya (estudio De Posadas mediante) de la estafa de Collor de Mello, la corrupción del Banco de Seguros, los negociados de la forestación, el intento de venta de las empresas públicas, etc, etc, etc.

Por eso lo del principio, el 29 de noviembre el FA no está sólo acompañando la fórmula Mujica-Astori, la realidad de ayer y hoy la acompañan.