BPS: ¿quién le teme a las urnas?

Juan Calvo

 

Hemos leído detenidamente en los diarios de sesiones de las dos Cámaras la discusión tendiente al cambio de las normas vigentes para la integración del representante de los afiliados, trabajadores y empresarios, en el Banco de Previsión Social (BPS) que culminara con la aprobación de la ley Atchugarry-Núñez, que en lo sustancial establece la designación por parte del Ejecutivo y no la elección. Quisiera compartir con los lectores algunas reflexiones que me merecen la postura de los partidos representados en ellas y particularmente la del Frente Amplio, al que adhiero y voto desde su creación en 1971.

El proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado donde se articuló el acuerdo Partido Colorado-Frente Amplio, al que acompañó el Nuevo Espacio. Tuvo la única oposición del Partido Nacional.

Algunas de las intervenciones de los legisladores nos preocupan y motivan a la reflexión. Dijo el senador Atchugarry: «…No queremos ser reiterativos en cuanto a las molestias ocasionadas a la población –en este caso, 700.000 personas por un lado y más de 12.000 por otro– y los gastos que aparejaría en un momento complicado…».

Al señor senador le decimos que estamos convencidos que el ejercicio del sufragio de 759.951 activos, 550.877 pasivos y 126.765 contribuyentes ocasiona menos molestias a la población que el impuesto a los sueldos, la falta de trabajo, el aumento infundado al precio de los combustibles, así como la política económica de su gobierno que está llevando tanta pobreza al campo y a los semáforos de nuestra ciudad.

El senador Larrañaga fue contundente: «…Hay elección o no hay elección; se aplica la Constitución de la República o no se aplica; es tan claro como eso». Compartimos esta valoración, así como la posición adoptada por su partido en ambas Cámaras, y lamentablemente también debo reconocer –con dolor– que es cierto lo que continúa diciendo: «El Encuentro Progresista-Frente Amplio está abogando por no aplicar la Constitución de la República…».

A su turno el senador Mujica expresó: «Sinceramente, hubiera preferido una elección abierta, pero tengo que respetar a los compañeros del PIT-CNT. Así nomás lo digo. Uno se tiene que tragar a veces las cosas…».

Las explicaciones del senador Couriel son la confesión de la sinrazón de la posición que su bancada asumió: «El señor senador Korzeniak se retiró de Sala y tiene todo el derecho de hacerlo. La posición que fijó la Mesa Política es la que trajo todo el Frente Amplio en la primera sesión en que se trató este tema y responde exactamente a lo que hoy estamos votando». Parece simple concluir que un profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, con la trayectoria del senador Korzeniak no tenía otro camino que el de retirarse para no legitimar con su presencia tan desacertada resolución de su fuerza política. En otra intervención el senador Couriel manifiesta: «Personalmente, no me disgustaría para nada que hubiera habido elecciones en todos los órdenes. Se dieron, sí, condiciones muy especiales y, de acuerdo con ellas, el hecho de que hubiera elecciones, de alguna manera nos alejaba de la representatividad y de las demandas de los distintos sectores sociales». Nos preguntamos cuán especiales son esas condiciones, cuáles son las demandas y qué sectores, que si hubiera elecciones de alguna manera nos alejaríamos de la representatividad.

¿No es en los electores en quienes radica la representatividad de los elegibles?

El senador Gargano expuso a su vez: «Me hubiera gustado que hubiera habido elecciones para todos los sectores». Pero agrega: «Creo que el texto de acuerdo al que se llegó con el Partido Colorado contempla, en buena medida, el mandato de nuestra organización política, esto es, conseguir que aquello a lo que aspiraban las organizaciones sociales pudiera realizarse. En el caso del PIT-CNT, esto está claro y lo han explicado varias veces los compañeros».

No subestimaremos la inteligencia del lector comentando esta intervención.

En la Cámara de Representantes el Partido Nacional, al igual que en el Senado se ubicó al frente en la defensa del acto eleccionario para todos los órdenes, mientras que el Partido Colorado y el Frente Amplio defendieron los términos del acuerdo alcanzado en la Cámara alta. No obstante, los diputados Chiflet y Díaz Maynard del EP-FA hicieron notar su disconformidad con dicho proyecto de ley, no sólo en la Cámara, sino en declaraciones públicas de amplia difusión.

En su momento el diputado Blasina expuso: «Como todos sabemos, se trata de encontrar una solución realista y flexible para un problema complejo. Además, dicha solución –desde nuestro punto de vista, expresada en el proyecto que estamos considerando– es absolutamente acorde con un proceso caracterizado por sucesivas aproximaciones a lo que establecen la Constitución de la República y la Ley Nº 16.241 sancionada el 9 de enero de 1992″.

Confieso que me resulta difícil encontrar el problema complejo cuya solución realista y flexible sea la de evitar de cualquier forma que el cuerpo electoral habilitado para elegir en los trabajadores, jubilados y empresarios afiliados al BPS se pronuncie libremente. Con mucho respeto a su investidura le recuerdo al legislador que su obligación es respetar y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Ambas no necesitan de ningún proceso de aproximación.

Resulta altamente significativo el fundamento de voto del diputado Pérez (Darío): «He votado afirmativamente este proyecto de ley con disgusto y mal humor… Ahora, tuve que elegir entre el mandato de mi fuerza política y lo que siento en esencia por la libertd. Me he dado una puñalada y espero luchar dentro de mi fuerza política para que esto no se repita«.

Lamentamos profundamente que la posición adoptada en esta oportunidad por la fuerza política haya primado sobre la característica rebeldía orejana de uno de los más promisorios abanderados de un cambio que requiere a gritos el accionar político de la izquierda… Así como el hecho de que otros como él (Pintado, Orrico, etc.) manifestaran que votaron por disciplina partidaria.

No recuerdo cuántas veces se reunieron la Mesa Política, el Plenario Nacional, las Coordinadoras de Montevideo, las Mesas Departamentales del Interior o los Comités de Base, para discutir y resolver tan importante tema que justificara, más que disciplina partidaria, tanta obediencia debida.

A esta altura de los acontecimientos algo es absolutamente claro. Cada cual debe juzgar si la proscripción de un acto eleccionario no es un verdadero ultraje a la democracia, y a la pureza republicana.Y si esa elección está preceptivamente impuesta con toda claridad por la Carta Magna, qué signo para el futuro de nuestro pueblo es que el partido de gobierno y el Encuentro Progresista hagan alianza para violar una conquista que rige desde 1966, y que sólo se cumplió entrado el nuevo milenio, una sola vez y sólo para los pasivos.

Francamente resulta inexplicable tanto temor a las urnas, y provoca un profundo dolor cuando el mismo tiene como abanderada a una fuerza progresista.

* Militante Frenteamplista – Ex Candidato a Diputado por el EP-FA (Canelones, 1999)