El derecho de saber

«La democracia es la peor forma de gobierno a excepción de todas las demás que se han probado de vez en cuando». En el estilo tan propio de Churchill, dicha frase ilustra más que cien discursos las razones por las cuales la sociedad uruguaya está consustanciada con el sistema democrático. Para bien o para mal, como escribiera Greenspan, no tenemos más remedio que presuponer que las personas que actúan con libertad tomarán, en última instancia, las decisiones que estimen adecuadas sobre cómo gobernarse. De lo contrario, consecuencias adversas.

Para tomar la decisión a su juicio adecuada, el ciudadano debe conocer lo que se propone hacer quien aspire a gobernar; las metas a las que aspira y especialmente cómo habrá de llegar a ellas. Se trata de un derecho a saber que le asiste al ciudadano, el cual tiene como contrapartida el deber del candidato a decirle la verdad. Este derecho-deber es esencial para la salud de la democracia. No se le pide al candidato una opinión sino una información veraz y concreta sobre el qué y el cómo, teniendo muy presente que la democracia, a diferencia del totalitarismo, no puede sobrevivir si no se dice la verdad.

Esto es valedero para todos los candidatos a cargos electivos y, en un sistema político como el nuestro, se concentra en quienes aspiran a lograr la primera magistratura del país.

En la segunda vuelta del actual proceso eleccionario, la sociedad deberá optar simple y crudamente entre dos personas, el senador Mujica y el doctor Lacalle. En ese contexto, la reflexión precedente ­que puede parecer un pecado de ingenuidad­ cobra su plena vigencia y los candidatos deberían ser muy explícitos.

No se trata necesariamente de propugnar uno o más debates televisados. A veces estos se convierten en un entretenimiento interesante, como si fuera un enfrentamiento deportivo durante cuyo transcurso crece la expectativa por ver quién gana y quién pierde, de tal modo que los temas de fondo que presumiblemente motivan el debate quedan relegados. Por añadidura, la determinación del ganador de la polémica no puede contabilizarse como si fuera una elección. Al otro día las encuestadoras serán las que nos informarán quién ganó y quién perdió, para lo cual incidirá tanto o más que las opiniones vertidas, un gesto, una mirada, la rapidez de los reflejos, el ingenio, la simpatía, el carisma, y una serie de imponderables que generan pulsiones irracionales, y en definitiva nos alejan de lo esencial, o sea, saber lo que hará cada candidato si se convierte en Presidente de la República. En mi opinión sería más útil para la mejor información del elector, que proliferen entrevistas a cargo de avezados profesionales con un listado de preguntas concretas.

En varios países de América Latina, y también en el nuestro, se tiene la sensación ­por lo menos me pasa a mí­ de que en importantes segmentos de la sociedad renacen discusiones que se daban por perimidas. Los ejemplos podrían ser múltiples, por lo cual y en aras de la mayor claridad (y brevedad) me limitaré solamente a uno: la protección de la propiedad individual, la cual, conjuntamente con el estado de derecho son pilares fundamentales del crecimiento económico y la justicia social.

A fines de la década del setenta, en China, a raíz de una grave sequía, tuvo lugar cierta flexibilización por la cual se permitió a los agricultores vender en el mercado parte de lo que producían (hasta hoy no pueden vender la tierra) y, para asombro de las propias autoridades, la producción, tras décadas de estancamiento, floreció de tal manera que esa es la razón, sostiene Greenspan, por la cual la onda reformista se expandió a la industria, y superados retrocesos transitorios originados en el descontrol que siguió a la oleada de prosperidad, el país se internó definitivamente en lo que Deng llamó «socialismo con características chinas», otros «socialismo de mercado» u otros eufemismos por el estilo. El hecho es que por este camino China multiplicó desde entonces su PBI ocho veces y cientos de millones de personas se incorporaron al mercado consumidor o, como me dijera en cierta oportunidad un embajador chino, comenzaron a comer todos los días y hoy, dicho sea de paso, dicho país es el principal consumidor mundial de materias primas. El proceso se basó en una progresiva protección de la propiedad individual consagrada por el Congreso Popular Nacional (Parlamento chino) y que, aun con debilidades, abrió definitivamente las puertas a la inversión extranjera. El inversor tenía la imprescindible garantía de que, si tenía éxito, cosecharía su recompensa.

Es claro que hubo que arrear banderas ideológicas. Porque si los sucesivos gobiernos chinos hubieran seguido aferrados a la concepción marxista de que la propiedad estatal de los medios de producción es «la característica esencial de la capacidad de una sociedad para producir riqueza y justicia», y de que la propiedad privada es poco menos que la apropiación inmoral del esfuerzo ajeno y de algo que pertenece al conjunto de la sociedad, el proceso que llevó a China al sitial en el cual está hoy ni siquiera se hubiera iniciado.

En una América Latina en la cual Raúl Castro, el comandante Chávez (socialismo siglo XXI) o el propio Ortega tienen tantos seguidores, incluso entre nosotros, el alcance de la protección del derecho de propiedad individual es un tema entre tantos sobre el cual ambos candidatos presidenciales deberían informar qué piensan hacer. Es bueno para el sistema democrático republicano.