Sociedades hiperrepresivas

Los sistemas penales de las democracias suelen ser más benignos que en otros tipos de sociedades. Sin embargo, esto tiene un límite que es el de la propia conservación del grupo social y el sistema de gobierno. Problemas internacionales dificultan la marcha del péndulo político entre autoritarismo y democracia en las sociedades no liberales de América Latina, y existen fuertes indicios de cambios drásticos en sus sistemas penales.

En mayo de 2008, Juan Gilberto Coitiño fue asesinado en la cárcel de Tacuarembó, 24 horas después de ser remitido y procesado por entregar a su hija de 10 años a la prostitución. Fue crucificado atado a la parrilla de su cama, torturado y quemado antes de morir.

Es posible que el hecho se confundiera con un abuso extremo de convivencia en las cárceles mezclado con el sadismo de personas muy perturbadas.

Sin embargo, existen otros elementos que hacen avizorar otras interpretaciones.

Desde hace muchos años (más de 50 por lo menos) se habla informalmente de una especie de justicia paralela que funciona en las cárceles, particularmente contra los ofensores por delitos sexuales. No existe un solo estudio serio del problema por lo cual no es posible saber hasta qué punto estos hechos se refieren a actos vandálicos oportunistas o a fenómenos sociales más profundos.

Pero, hay más hechos que llaman la atención:

6 de octubre de 2008. Clever Souza (45) venía en su camioneta de trabajar en Punta del Este. Se quedó sin nafta en el kilómetro 70 de ruta Interbalnearia. Caminó para comprar combustible. Dos hombres llegaron en auto y empezaron a gritarle que devolviera lo que había robado. Mientras uno le apuntaba con un revólver el otro le pegaba con un palo. Le hicieron tirarse la nafta encima y amenazaron con prenderle fuego. Siguieron golpeándolo hasta dejarlo inconsciente en una cuneta.

28 de noviembre de 2008. Manuel Arébalo (18) iba en taxi hacia su casa. El taximetrista que lo llevaba sospechó una rapiña y lo bajó en Aparicio Saravia y San Martín. Junto a otros taxistas lo golpearon.

Un libro de 2006, estudia un proceso similar en América Central: Angelina Snodgrass Godoy. Popular Injustice: Violence, Community, and Law in Latin America. Stanford: Stanford University Press, 2006. xvii + 233 pp.

De acuerdo a una misión de las Naciones Unidas a Guatemala, cerca de 500 levantamientos populares con linchamientos fueron registrados solamente en Guatemala entre 1996 y 2002, que condujeron a la muerte de 235 personas. El método preferido de linchamiento era empapar a las víctimas en gasolina y prenderlas fuego vivas. A veces comunidades enteras participan en elaboradas ceremonias de vergüenza pública y abuso contra los acusados, antes de matarlos.

Esta práctica es común en toda América Central, aunque parece particularmente prevalente en Guatemala. En otros países de América Central prefieren el ahorcamiento.

Nadie piense que se trata de comunidades anómicas o disolutas. La tasa de homicidios en las sociedades indígenas y rurales de Guatemala, es francamente inferior a la de Nueva York, y posiblemente a la de Uruguay.

La autora nos expresa que los linchamientos son solo una de una panoplia de tácticas de control hiperpunitivas vigente en América Latina.

Una observación curiosa que estos levantamientos colectivos son acompañados generalmente de un ataque contra el Estado y sus agencias tanto municipales como centrales, policiales y judiciales.

El tema no es que el Estado esté ausente del problema, sino que es visto como un adversario de las comunidades locales.

Las entrevistas registradas en el libro señalan quejas sobre el totalmente ineficiente sistema de justicia criminal y que si un ciudadano honesto por algún motivo se ve envuelto en él no se aplican los derechos humanos, en cambio si lo hace un criminal, todo el sistema corre en su ayuda.

En definitiva el sistema de justicia protege exactamente a la gente equivocada.

La conclusión para estas comunidades centroamericanas, parece que a falta de poder pagar un sistema de seguridad con guardias bien armados y equipados con walkie talkie una lata de gasolina es mucho más barata.

La conclusión tanto para Centro América como para Uruguay, es que estos procesos de linchamiento, son una respuesta para agresiones que atacan en forma severa la integridad social, el capital social, y las instituciones básicas, inclusive la familia.

Pero la respuesta correcta no es el reforzamiento del Estado, sino la mayor participación en el sistema oficial represivo.

Hay quien sostiene que una población con miedo se maneja mejor que una población libre y feliz.

No creemos que los actuales administradores del sistema constitucional en América Latina, compartan conscientemente este enfoque, pero la verdad es que no hacen mucho para aventar las sospechas en este sentido.

Las soluciones son archisabidas: publicidad de los procesos penales, descentralizar la policía, habilitar las fiscalías y la abogacía privada; dar participación responsable a las víctimas en los procesos; participación comunitaria de la sociedad en la Justicia (jurados populares), y en la policía (sheriff o similares) revisar todo el sistema de justicia juvenil, hacer efectivas responsabilidades para la aplicación defectuosa de instituciones de autodefensa como la legítima defensa propia o de terceros, no desarmar a la ciudadanía honesta y sí desarmar a los delincuentes entre otras cosas.

El proceso electoral que acaba de terminar, no dijo una palabra de estos temas, y se limitaron a tratar de profundizar el defectuoso sistema actual heredado de la dictadura de Terra e inspirado en Moussolini.

Todavía quedan etapas pendientes, y el Frente Amplio a diferencia de otras fuerzas políticas, tiene en su proyecto la creación de un Ministerio de Justicia, que de estar bien dirigido puede resolver los problemas de vivir en un país con miedo.

Cabe a la ciudadanía esperar con fe y esperanza, que la dirigencia tenga un momento de lucidez en este tema.