TV or not TV (ahí está la cuestión)

Jorge Croce

 

Nos enteramos, con asombro, de la noticia publicada en la tapa de LA REPUBLICA del 12/3/01.

Los adjudicatarios (¿a título precario?) de la explotación de la TV cable se aprestan a vender en varios cientos de millones de dólares el «paquete» de la televisión cable de Montevideo.

Inmediatamente de conocida la noticia, nos aprestamos a llevarla al ámbito de la Mesa Política del Frente Amplio, entendiendo que estamos en presencia de un problema muy grave y muy urgente. La urgencia radica en que pensamos en que se pueda desestimular la operación antes que se concrete, por el medio de la denuncia pública, porque después de concretada, es mucho más difícil el logro, habida cuenta del famoso método de los hechos consumados.

La dificultad del mecanismo interno de la Mesa Política, que obliga a presentar los previos con anticipación (antes del día viernes para las reuniones de los lunes), hizo imposible que lo entráramos por dicha vía.

Felizmente, el compañero Tabaré, por propia iniciativa, coincidió con nuestra preocupación y el tema estuvo en las intenciones de la Mesa Política, aun cuando las urgencias de otros temas impidieron que la intención se concretara.

Más allá de que la Mesa Política fue testigo de la denunciada alarma causada por la noticia, se hace imprescindible amplificar la noticia, para tratar de abortar una situación de perjuicio para el patrimonio nacional tan injustificable como dañosa.

Un breve racconto

–El gobierno de Lacalle adjudicó la explotación de la televisión cable de Montevideo, en forma cuestionablemente digitada, oh casualidad, a los explotadores privados de la televisión abierta (Canales 4, 10 y 12).

–Dicha adjudicación, absolutamente discrecional, contó con un profuso material de oposición a la misma, de la que LA REPUBLICA fue el principal, si no el único, medio que se ocupó del caso, en tanto su director era uno de los postulantes a la adjudicación que quedó por el camino, método «digital» mediante.

–De esa forma, esas empresas privadas se hicieron adjudicatarias (¿precarias?) de la explotación de la TV cable en Montevideo, en forma gratuita.

–Ahora resulta que al cabo de unos años de uso y abuso, los adjudicatarios a título gratuito (es un decir…) de dicha explotación se abrogan el derecho de vender dicho «negocio» a una multinacional, como si fuera de ellos, sin que, aparentemente, ningún organismo estatal ni de gobierno le diga «esta boca es mía».

Sin entrar a todos los elementos censurables de la adjudicación de Lacalle, por suficientemente conocidos, creemos que se presenta una inmejorable oportunidad para un gobierno que intenta aparecer como transparente y anticorrupción, que enmendar la turbia maniobra del gobierno anterior.

De la misma manera que se dice que se piensa solucionar la similar adjudicación gratuita a Movicom, de la telefonía celular, cobrándole una suma igual a la que surja de la licitación de otra banda de telefonía celular, corresponde aquí establecer:

–que la adjudicación gratuita a los explotadores de la TV cerrada queda sin efecto;

–que se abra una licitación, con todas las garantías de transparencia y cristalinidad, para una nueva adjudicación onerosa de tales servicios.

Toda otra solución que tienda a mantener el privilegio inaceptable concedido por Lacalle en base a sobrevolantes contraprestaciones, a los mencionados empresarios privados, es inadmisible, si es que este gobierno intenta llevar adelante la política de transparencia y cristalinidad que ha predicado.

Los sufridos uruguayos tenemos derecho a exigir una urgente definición en tal sentido, que muestre fehacientemente que estamos nuevamente en el camino de la defensa de los intereses sagrados de la patria.

(*) Analista