Una realidad social aterradora

Muchos de los preceptos constitucionales suelen no ser cumplidos. Eso es moneda corriente. Pero ocurre que hay circunstancias en que la realidad nos golpea brutalmente como para recordarnos algo que todos sabemos pero que tendemos a olvidar. Entre las disposiciones consagradas en la Carta Magna que los últimos gobiernos parecen haber olvidado, destaca notoriamente el artículo séptimo, que reza textualmente: «Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad».

Todos sabemos –porque lo leemos en los informes estremecedores de la Dirección de Estadísticas y en otros estudios realizados por organizaciones no oficiales– que una parte importante de la población vive (o mejor dicho, malvive o sobrevive) en condiciones paupérrimas. Eso ya no constituye noticia, desgraciadamente. Pero cuando nos enfrentamos a hechos concretos, cuando la miseria adquiere un rostro concreto, las cifras se corporizan milagrosamente y sólo entonces la realidad se nos aparece en toda su sublevante dimensión.

En estos días hemos informado de las condiciones en que viven aproximadamente unos mil trescientos uruguayos en un barrio montevideano bautizado con el sugestivo nombre de la Cachimba del Piojo. Para ellos, como para otros muchos miles más, ese artículo séptimo citado más arriba puede resultar una broma de mal gusto o una ocurrencia digna de la ciencia ficción.

¿Qué ha hecho el Estado para proteger la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo de nuestros compatriotas marginados, excluidos de los beneficios de que gozan los otros? ¿Puede alguien sensatamente sostener que los habitantes de la Cachimba del Piojo están protegidos en el goce de su derecho al trabajo, a la seguridad, al honor, cuando vemos que sólo un cuatro por ciento está empleado, y que las adolescentes subalimentadas se convierten inconscientemente en madres cuyos hijos tienen infinitamente menos posibilidades de sobrevida?

Nuestra generosa Constitución también establece solemnemente que «La familia es la base de nuestra sociedad» y que «El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad» (Artículo 40). Asimismo, el artículo 45 proclama el derecho de todo habitante de la República a gozar de una vivienda decorosa e higiénica.¿Verdad que suena trágicamente risible el contenido de estos preceptos cuando nos enteramos de la descomposición social existente, de las carencias alimenticias que conspiran contra el normal desarrollo físico e intelectual de estos compatriotas y de la insalubridad del medio donde viven?

Desde luego que los problemas sociales y económicos no se resuelven por decreto. Pero de ahí a la indecente insensibilidad exhibida por los gobiernos de las últimas décadas hay un gran trecho. No está mal la respuesta espontánea de mucha gente cuya solidaridad se ha puesto una vez más de manifiesto, donando todo tipo de materiales para paliar en parte las tremendas carencias que sufren esos compatriotas. Pero el gobierno ha olvidado que es su obligación constitucional velar por el bienestar material y moral de todos los habitantes de la República. Es preciso corregir esa omisión criminal.