Ineficiencias públicas y privadas

Brum Canet *

 

na carta publicada en LA REPUBLICA el domingo 4 denunciando una serie de hechos en el Aeropuerto de Carrasco, me ha impulsado a reflexionar sobre algunas de las cosas allí denunciadas.

El primer hecho que denuncia la señora es que a su llegada (21 horas) el estacionamiento estaba cerrado. He recibido varios testimonios que corroboran que en muchas oportunidades el mismo está cerrado por la noche. ¿De quién es la responsabilidad de este mal funcionamiento? En primer lugar de una empresa privada, que mediante concesión administra el lugar. En segundo lugar del gobierno que nombró las actuales autoridades del aeropuerto, las que teniendo a su cargo el control de los concesionarios, no buscan soluciones a este tipo de problemas.

La segunda denuncia se refiere a la no aceptación de tarjetas de crédito en el bar del edificio de arribos para el pago de lo consumido, y su cierre en horarios en que aún hay actividad de vuelos y pasajeros. Nuevamente, este hecho negativo para el turismo y para la imagen del país cae bajo la responsabilidad de una empresa privada, concesionaria del servicio, así como de las autoridades encargadas del aeropuerto.

Otra denuncia se refiere a que el restaurante del aeropuerto estaba cerrado para una fiesta de cumpleaños. De nuevo una empresa privada.

También denuncia que el cambio (del BROU) estaba cerrado. En este caso estamos hablando de una empresa pública, y simultáneamente con la exigencia de que este cambio se mantenga abierto en un horario que cubra vuelos nocturnos o fuera de horarios habituales. Debemos tener claro que mantener abierto un cambio en horarios en que las transacciones deben ser mínimas, hace que en términos comerciales no sea rentable (y por lo tanto ninguna empresa privada va a querer hacerlo), pero justamente esa es una de las funciones de las empresas públicas: prestar servicios a la población, aun cuando no sean rentables en términos comerciales. En este caso la responsabilidad entonces cae en las autoridades nacionales nombradas por el actual gobierno.

De esta manera, a través de la carta pública, podemos ir viendo diversas ineficiencias, tanto de empresas privadas (concesionarias de servicios del aeropuerto) como de autoridades públicas.

Y es aquí en donde quiero centrar el análisis del tema. En diversas oportunidades hemos escuchado argumentaciones a favor de la privatización de ámbitos que funcionan bajo administración pública, fundamentado en una mayor eficiencia de lo «privado». Aquí tenemos un buen ejemplo de varias ineficiencias privadas, aquí tenemos un buen ejemplo de cómo las concesiones a privados no siempre generan eficiencia, y muy por el contrario en muchas oportunidades son igual o peor de ineficientes que las administraciones públicas. Y aquí tenemos también un ejemplo de ineficiencias del control público sobre los concesionarios privados. Si ni siquiera pueden controlar bien a pequeños concesionarios que no concentran mucho poder, ¿se imaginan a estos mismos administradores controlando una empresa que hubiera concentrado la administración de todo el aeropuerto, con el poder que ello significa? Afortunadamente para el Uruguay, hace muy poco se frustró el intento de privatizar (concesionar por 30 años) todo el aeropuerto. Pero nuestra posición contraria a su privatización, no era para avalar ineficiencias (públicas o privadas), sino sobre la base de que una empresa pública puede administrar eficientemente y a favor de los intereses nacionales el espacio que le corresponde. Hoy no está bien administrado en muchos aspectos. Las denuncias de esta carta muestran algunos de los problemas (los más visibles para los usuarios comunes), lo que nos ha motivado a presentar un pedido de informes en la búsqueda de encontrar algún mecanismo que permita solucionarlos, porque lo central y más importante es buscar las formas para que el Aeropuerto Internacional de Carrasco funcione correctamente en la órbita que creemos es mejor para los intereses nacionales: la pública.

* Representante Nacional por el EP-FA