La democracia de los partidos dos años después de las elecciones internas

ace apenas dos años, en el marco normativo impuesto por la Reforma Constitucional de 1996, la vida política del país estaba centrada en las elecciones internas de los partidos previstas para el último domingo de abril.

Los comicios significaban el inicio de una larga cabalgata electoral que se continuaba con las elecciones generales legislativas y primera vuelta del balotaje, en octubre; la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vice, en noviembre; y las elecciones municipales en junio de año siguiente.

El reconocimiento y la preocupación por el funcionamiento de los partidos ya tenía tradición constitucional en el país, y ya la reforma de 1966 había incorporado el referido inciso 11º del artículo 77 que indicaba para los partidos la obligación «de ejercer efectivamente la democracia interna en la elección de sus autoridades y dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios».

Treinta años después, en 1996, la idea de la democracia interna había merecido una atención privilegiada en el curso de los debates y las ideas-fuerza que se manejaron durante la campaña pro reforma constitucional que culminó en diciembre.

Los partidos y sectores impulsores de la reforma ponían el acento en el proceso de democratización de los partidos –ya consignados en el referido numeral 11º del artículo 77 de la Constitución– y el respaldo que, a esa democracia interna, le daba la disposición constitucional que se incorporaba –el numeral 12º del artículo 77–, que establecía, por primera vez en la historia electoral del país, la realización de elecciones internas para la designación del candidato a la Presidencia, y de la Vicepresidencia de la República.

La reforma imponía asimismo que en esas elecciones de abril se eligieran los integrantes de la Convenciones partidarias nacionales y departamentales.

Resulta claro que, conteniendo normas que apuntaban a generar mayores espacios de participación de la ciudadanía, la voluntad de los impulsores de la reforma se dirigía a profundizar las instancias democráticas y al fortalecimiento de los partidos.

Dos años después de iniciado el proceso de elecciones sucesivas e instaladas formal y legítimamente las autoridades nacionales y departamentales, la vida democrática de los partidos se desarrolla con «suertes varias».

Todo parece indicar que las aspiraciones y promesas de transparencia, democracia interna y participación en las que se insistió durante la campaña pro reforma de la Constitución no han encontrado los caminos adecuados para sustanciarse.

El sistema de partidos profundiza algunos rasgos que no apuntan en el sentido de la democratización.

Por un lado, la creciente pérdida de gravitación del Parlamento, y de los parlamentarios.

El primero ha perdido fuerza como instancia de debate de los grandes proyectos nacionales, de elaboración legislativa y como órgano de contralor sobre un Poder Ejecutivo crecientemente gravitante.

Los parlamentarios también han visto disminuidas sus funciones en relación con el contacto fecundo con la gente actuando como articuladores, como gestores, como receptores de las inquietudes de la población.

A partir de esa desvalorización de las instancias parlamentarias, la gravitación propia de los partidos políticos se ve erosionada.

La ruptura del equilibrio entre estos dos poderes del Estado contribuye a maximizar el peso de la administración en la conducción de los asuntos públicos: el peso de un director de la Oficina de Planeamiento, o del presidente del Directorio del Banco Central, ambos cargos nombrados directamente por el Presidente de la República, es de una significación y dota de unos poderes que son impensables para los titulares de cargos electivos que para estar donde están precisan muchas decenas de miles de adhesiones ciudadanas.

El Poder ejecutivo, además, se ve favorecido por la gravitación que el Estado le asigna con relación a los medios de comunicación de más amplio alcance.

El oligopolio de la televisión, con fuertes lazos de poder sobre la prensa escrita y radial, tiene un papel decisivo en la difusión –o el saboteo– de tal o cual información.

Si la agenda política en el país la define el Presidente de la República con el oligopolio de la televisión, para los partidos políticos, el Parlamento y la sociedad civil se hacen cada vez más difíciles y prácticamente inalcanzables las metas de transparencia y democratización contenidas en las cartas constitucionales.