Reformas sociales y mayorías parlamentarias

Desde la dirigencia frenteamplista se oyen a diario exhortaciones a la militancia frentista en el sentido de que debe ponerse las pilas para conquistar voluntades en octubre. No es ocioso el llamamiento, pues los partidos conservadores, y notoriamente el Partido Nacional, ya tienen las pilas puestas desde hace un buen tiempo. Claro está que estos, por más que cuenten con militantes entusiastas, no fundamentan su campaña electoral en las tareas proselitistas de sus adherentes, sino que ponen el acento en la presencia en los medios y en la campaña publicitaria de cortos, eslóganes y jingles para captar votos en octubre.

También cuentan, y no es un detalle menor, con un viejo órgano de prensa escrita que exhibe impúdicamente ­y sin haber hecho jamás un mea culpa­ un pasado tenebroso de apoyo incondicional a la dictadura uruguaya y a las del Cono Sur en general. Un matutino que rivalizó con el desaparecido «El Día» en las posturas del anticomunismo más cerril y que refleja a la perfección la tilinguería trasnochada del patriciado decadente.

Leemos en el editorial del jueves 27 una lastimera reflexión sobre las reformas sociales impulsadas por el gobierno del Frente Amplio. Se lamenta amargamente del hecho que este gobierno actual «quiere pasar a la historia como el gran reformador social», sin advertir que la voluntad de un gobierno de izquierda no es pasar a la historia sino realizar las reformas que, de ser acertadas, lo harán pasar a la historia.

Y sigue: «Aprovechando su mayoría parlamentaria, se ha lanzado con la furia y la delicadeza de un toro de lidia a cambiar las normas que regían hasta su llegada el sistema legal de familia uruguayo». Dejando de lado la adjetivación hiperbólica, es preciso destacar dos cosas: en primer lugar, que los cambios en general y las reformas sociales en particular deben ser vistos como pasos positivos hacia una modernización de la sociedad y hacia una adecuación del sistema legal a nuevas realidades sociales. Pero dando por sentado que la derecha es, por definición, conservadora y que no podemos esperar de ella actitudes progresistas, hay otro aspecto sobre el que debemos detenernos: el cuestionamiento implícito al hecho de que el partido de gobierno tenga mayoría parlamentaria y la haga valer para sacar adelante su programa.

¿Está mal hacer uso de las mayorías que legítimamente le dio el cuerpo electoral? ¿Acaso no lo hicieron los partidos tradicionales cuando tuvieron esas mayorías en el Parlamento? ¿El doctor Lacalle no promovió la privatización de Antel con el apoyo de sus legisladores y de muchos colorados?

Y ya que hablamos de la Ley de Empresas Públicas, el editorialista parece haber olvidado que esa ley fue impugnada, que se presentó un recurso de referendo y que en el plebiscito el electorado la desechó. El escriba tiene mala memoria o prefiere soslayar las disposiciones constitucionales que habilitan mecanismos de democracia directa; queda claro, una vez más, que a la derecha no le gustan las consultas populares.

Y si vamos al caso, si las reformas sociales que recibieron sanción legislativa merced a la mayoría de que dispone el gobierno son realmente perniciosas para la sociedad, blancos y colorados pueden perfectamente bien convocar a una consulta popular para derogar dichas leyes. ¿O acaso tienen la secreta convicción de que fracasarían en su intento y que las reformas recibirían el espaldarazo de la ciudadanía?