Zelaya y nuestra política exterior

Días pasados escuché a una persona del ámbito privado que vive en San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, expresar: «Vamos a pasar hambre (en alusión al boicot económico) pero no permitiremos que un Chávez gobierne nuestro país». Me sorprendió la determinación con que lo dijo.

 

Manuel Zelaya fue depuesto por los militares en la madrugada del 28 de junio pasado, el mismo día señalado para llevar a cabo una «encuesta» de un decreto que, luego de cumplirse otras etapas, habilitaría la posibilidad de la reelección presidencial. Vale decir, un cambio sustancial del orden constitucional por medios distintos de los que la propia Constitución permite.

 

La campaña para convocar la asamblea constituyente comenzó en noviembre. A partir de entonces pasó de todo.

Sin agotar la lista ni mucho menos, pasemos revista a algunos de los hechos que pavimentaron el camino reeleccionista.

 

Tres ministros de Zelaya amenazaron disolver el Congreso Nacional si éste no prestaba su conformidad a la lista de magistrados a la Corte Suprema de Justicia propuesta por el Poder Ejecutivo; la suspensión, por parte de la Secretaría de Finanzas, de las asignaciones previstas tanto al Poder Judicial como al Legislativo; el decreto del 23 de marzo llamando a «plebiscito» para el 28 de junio (el cual, dicho sea de paso, no fue publicado en el diario oficial); la reacción en cadena de los abogados del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público para que se anule el decreto y se suspenda el acto impugnado; el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, los fallos de la justicia contencioso administrativa, un segundo decreto de Zelaya sustituyendo el término «plebiscito» del anterior por «encuesta de opinión pública», la orden del Tribunal Supremo Electoral para que dicha encuesta no se lleve a cabo, la ley que regula el referéndum y el plebiscito bajo la conducción de este Tribunal, y dos días más tarde, otra orden, pero ésta ya de captura de Zelaya, emitida por la Corte Suprema de Justicia. Eso determinó a las Fuerzas Armadas a sacarlo de su casa y ponerlo en un avión con destino a Costa Rica. El mismo día, el presidente del Congreso, Micheletti, asumió la Presidencia de la República al frente de un gobierno de coalición integrado por partidos de gobierno y oposición, respaldado por la Corte Suprema, el Congreso, las Fuerzas Armadas y una amplia gama de sectores sociales. Apenas instalado, el nuevo gobierno convocó a elecciones generales para noviembre y el presidente electo asumiría, según el mandato constitucional, el 27 de enero de 2010.

 

Todo indica que Zelaya se empeñó, en el último tramo de su mandato iniciado el 27 de enero de 2006, en forzar un plebiscito que pavimentara su aventura reeleccionista. En aras de ese objetivo hizo de todo, arrasando con el estado de derecho e internándose en el callejón sin salida de un cuasigolpe.

 

Pero aunque hizo méritos para ganarse su derrocamiento y los golpistas pretendan preservar la precaria institucionalidad de Honduras, es igualmente cierto que lo sucedido allí el 28 de junio es un golpe de Estado y esto es algo malo en sí mismo, máxime que el sistema de justicia hondureño demostró desde antes que puede operar con celeridad y coraje. Era el camino que los restantes poderes del Estado podían seguir transitando a pesar de los rumores de que al otro día de la encuesta Zelaya disolvería el Congreso.

 

Ante ese panorama tan complejo, Uruguay debería atenerse estrictamente y sin reservas al principio de no intervención, piedra angular de nuestra tradicional política exterior.

 

No descarto que en otras situaciones sea conveniente tamizar este principio con otras consideraciones pero no caben en este caso, en el que no están todos los buenos de un lado ni los malos del otro y cobra vigor la distinción entre los distintos grados del mal, esencia de la geopolítica.

 

Finalmente, no podemos disociar el caso Zelaya del actual contexto hemisférico en el cual, impulsado por varios países, se expande cada vez con mayor fuerza y desparpajo la ideología como motor de la política exterior.

 

Antes o después, Uruguay habrá de ponerse a cubierto de esta contaminación ideológica en materia de política exterior. La crisis hondureña es una oportunidad propicia. Va en ello el interés nacional.