Nueva ley sobre relaciones laborales

El gobierno progresista se ha anotado otro éxito. El Senado acaba de sancionar, con los votos del oficialismo más los del Partido Nacional, la postergada Ley de Negociación Colectiva que ahora deberá ser tratada nuevamente en Diputados ya que en la Cámara Alta se le introdujeron modificaciones. Se supone y se espera que los diputados habrán de dar su aprobación al proyecto modificado de modo que el Ejecutivo lo promulgue lo antes posible.

¿Por qué decimos que es un éxito la aprobación de dicha ley? En primer lugar, porque viene a llenar un vacío legal, vacío que ha generado enfrentamientos, disputas, malentendidos, y que ha imposibilitado llegar a acuerdos entre las partes en pugna. Téngase presente que desde 1942, cuando se votó la Ley de Consejos de Salarios, el país no se había dado una ley de la importancia de esta que regula la negociación colectiva. Pero además, debe valorarse muy especialmente el hecho que el partido de gobierno y el Partido Nacional hayan logrado un consenso mínimo para destrabar aquellos puntos que generaban rispideces y que habrían llevado a que la norma fuera sancionada solamente con los votos del partido de gobierno. Ya hemos hablado de la importancia de este tipo de acuerdos interpartidarios que dan una especial legitimidad a las leyes y que transmiten un mensaje esperanzador a la población.

El texto definitivo de la Ley de Negociación Colectiva aprobada por el Senado es el producto de un largo tiempo de discusión, de análisis, de vaivenes y, finalmente, de concesiones que posibilitaron la mayoría contundente que la respaldó. El ex titular del MTSS Eduardo Bonomi volvió a relatar en el pleno del Senado las peripecias que sufrió el proyecto, y los encuentros y desencuentros que el mismo suscitó de parte del empresariado nacional. Recordó que las cámaras empresariales abandonaron el diálogo en protesta por la aprobación de la Ley de Tercerizaciones, y que trabajadores y empresarios, al no llegar a un acuerdo en el cien por ciento de los temas, dieron por concluida la negociación dejando al Poder Ejecutivo la responsabilidad de elaborar el proyecto.

La postura intransigente del empresariado nacional se mantuvo aun cuando la OIE (colectivo internacional que nuclea a los empresarios de todo el mundo y que los representa en la OIT) consideró que el borrador elaborado por el gobierno uruguayo era perfectamente aceptable con la única salvedad del capítulo sobre ocupaciones de lugares de trabajo. El gobierno, en acuerdo con la bancada parlamentaria, decidió eliminar ese capítulo que tanto rechazo había suscitado tanto en las cámaras empresariales como en los partidos de oposición, demostrando así una flexibilidad y una vocación de entendimiento que pulveriza las acusaciones de intolerancia y autoritarismo provenientes de la derecha recalcitrante.

Los cuestionamientos tenían que ver, también, con la negociación tripartita para decidir sobre todos los aspectos que no fueran el salario y las categorías; y aunque desde el Ministerio se reiteraba que las condiciones de trabajo y otros asuntos ajenos al salario no estaba previsto que se acordaran en negociación tripartita sino entre trabajadores y patronos sin intervención del Estado, las cámaras y la oposición seguían entonando la misma cantilena.

Finalmente, cuando el proyecto ya se hallaba en la comisión del Senado, un acuerdo entre el Frente y el Partido Nacional permitió la incorporación de un último capítulo referido a la prevención de conflictos, conocido como «cláusula de paz», viejo anhelo del empresariado que los partidos tradicionales hicieron suyo y que el gobierno popular aceptó introducir a pesar de la oposición de la central sindical.

El gobierno ha demostrado, una vez más, que es capaz de exhibir firmeza y flexibilidad al mismo tiempo.