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Tacurú y una maniobra política nada estúpida

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Víctor Rossi

 

Con fecha 23 de febrero de 2001 el ministro del Tribunal de Cuentas general Guillermo Ramírez remitió una nota a la Asamblea General, con motivo del cuestionamiento que le hiciera su par el contador Ariel Alvarez, representante del Encuentro Progresista en ese organismo.

El motivo: que Alvarez dijo en LA REPUBLICA que la observación acerca del convenio por el cual se comunica a la IMM que debe cambiar la modalidad del contrato con el Movimiento Tacurú es “una estupidez, puesto que una donación no tiene que ser de determinado monto”.

Ramírez, preocupado por la utilización de la palabra “estupidez”, realizó una investigación lingüística que transcribe en su nota dirigida al presidente de la Asamblea General, profesor Luis Hierro López.

Es así que descubre que “estupidez” significa “torpeza notable en comprender las cosas” y también “dicho o hecho propio de un estúpido”.

Con perseverancia sigue investigado para saber que “estúpido” significa “necio, falto de inteligencia”. Y empleando la más elemental estructura de la lógica, concluye que “la estupidez constituye una forma o un modo de ineptitud para comprender las cosas como para encararla con inteligencia”.

Por eso, al final de su misiva y en un acto de coraje intelectual que no nos asombra, escribe: “Someto a consideración de ese Alto Cuerpo mi actuación al votar afirmativamente la resolución adoptada por el Tribunal en sesión del 17 de enero 2001″.

El general Ramírez con esta misiva intenta dos cosas, sin caer en ninguna estupidez: a) da un paso más en el cuestionamiento a la IMM por el convenio que estableció con Tacurú, a favor de la comunidad y de un grupo de muchachos que necesitan trabajar para poder reintegrarse a la sociedad; b) procura fortalecer su posición en momentos en que se habla de relevos y nuevas designaciones.

Pasa por alto que los convenios de la IMM y del Movimiento Tacurú para realizar el barrido de ciertas zonas de la ciudad de Montevideo vienen de lejos y que ya hay múltiples antecedentes que avalan a los mismos, tanto en lo administrativo como en la práctica en las calles.

En los archivos del Tribunal de Cuentas están algunos de esos antecedentes y si se accede a ellos se puede abordar el tema con mediana inteligencia.

Ya en 1993 el doctor Tabaré Vázquez, siendo intendente de Montevideo, estableció un convenio con el Movimiento Tacurú para cumplir similares tareas de barrido de la ciudad. Y fue el doctor Luis Vera Izeta (1), asesor letrado del Tribunal de Cuentas, quien en un informe de noviembre de ese año, escribió: “Se trata de una transferencia simple de fondos a una institución sin fines de lucro, con la particularidad que además de proporcionar trabajo a las personas que son asistidas por dicha institución, redunda en un beneficio para la comunidad a través de la prestación de servicios de limpieza. De ser así no habría lugar a la aplicación del artículo 33 del Tocaf”. Y agrega que esto “en principio se ve corroborado por el Visto de la Resolución Municipal N 403/93″.

Es Vera Izeta (*) quien sugiere que la concordancia que debe existir entre el objetivo anunciado y su concreción “se configuraría mediante una clara donación modal efectuada por la comuna a la institución sin fines de lucro, donde el modo sería accesorio y no lo principal (en el caso, destinar el dinero para retribuir a jóvenes que harían tareas de barrido de calles)”. El Tribunal de Cuentas hace suya esta sugerencia.

Ya van ocho años del inicio de esa experiencia que ha sido positiva y a la que nadie cuestionó (excepción hecha de Adeom y por otras razones), hasta que hace pocos días ciertos nostálgicos parecen estar interesados en volver a la época de la persecución ideológica meneando viejos fantasmas. Entonces el general Ramírez reacciona rápido y en forma nada estúpida ante un calificativo sobre una resolución que él impulsó, mientras en casos donde está en juego la moral pública y la buena administración no ha mostrado ni tanta minuciosidad ni tanta agilidad.

Digamos, entonces, que sobre el convenio en debate, la estupidez se fue de turismo, siempre podrá mejorarse, corregirse o anularse un acto administrativo, pero lo que hay aquí es una clara “jugada política” (apreciación que también utilizó el contador Alvarez) aunque el precio sea debilitar el apoyo a jóvenes que mucho necesitan y lesionar el prestigio de una institución que lucha por el rescate de la dignidad, no sólo de los más débiles, sino de la sociedad toda.

Lamentamos el camino elegido, en un momento en que resulta imprescindible para el país y su futuro jerarquizar el Tribunal de Cuentas y ampliar sus cometidos. Este sí es un tema que el Parlamento seguramente deberá abordar.

* Representante Nacional EP – FA

(1) Vera Izeta, funcionario asesor del Tribunal de Cuentas, fue director nacional de Zonas Francas durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle y actualmente es director General del Ministerio de Educación y Cultura.

 

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