La regulación de la propaganda electoral

El Senado acaba de sancionar un proyecto de ley por el cual se regula la emisión de publicidad electoral en los medios televisivos. El texto legal no mereció el apoyo de los partidos tradicionales y fue aprobado solamente con los votos del oficialismo.

Quedó en evidencia, una vez más, que el sustantivo «regulación» se ha convertido en una mala palabra para los partidos conservadores. Partidarios acérrimos de su antónimo, «desregulación», blancos y colorados pretenden la menor injerencia posible del Estado en todos los ámbitos de la actividad nacional. Exponentes de un neoliberalismo ya a esta altura bastante obsoleto, pretenden que sea el mercado, el Dios Mercado, hacedor y deshacedor de las relaciones sociales, el único apto para cualquier tipo de regulación. Y como queda dicho, rechazan la regulación no solamente en el área económica o para las relaciones laborales, sino que también son partidarios de que toda la actividad de las emisoras concesionarias de ondas de radio o televisión funcione sin más reglas que las que fija el mercado.

Precisamente por eso es que la programación de los canales privados se supone que es reflejo de lo que el mercado pide; y como éste ­se supone­ pide chabacanería, vulgaridad y un poco de procacidad, pues los programas de televisión más exitosos se elaboran en función de esos altos principios.

Contra esta calamidad, el Estado poco puede hacer, pues intervenir en este tema podría verse como un atentado a la libertad de prensa y de empresa. Pero sí está entre las potestades del Estado ejercer un mínimo de control referido a otros aspectos que no son el contenido de los programas. Concretamente, la posibilidad de legislar en una materia especialmente delicada como sin duda lo es la propaganda electoral, ámbito particularmente apto para, por un lado, que los dueños de los canales dispongan qué partido podrá emitir sus piezas publicitarias, y por otro, que sólo aquellas agrupaciones políticas que dispongan de medios económicos estén en condiciones de exhibir sus propuestas proselitistas.

De este modo, nada menos que la elección de las personalidades que habrán de regir los destinos del país por cinco años queda sujeta a la capacidad financiera de los candidatos. Esta realidad es profundamente antidemocrática pues conspira contra la libertad de elección de los ciudadanos en la medida que éstos se verán inclinados a dar su voto a quien tenga más presencia u ofrezca los avisos y jingles más atractivos. Por el contrario, aquellos partidos o sectores que limitan su publicidad electoral a los muros de la ciudad verán seriamente reducidas sus posibilidades de conquistar electores.

Ante esta realidad que nadie puede negar, el herrerismo ha lanzado una propuesta singular: que se prohíba, lisa y llanamente, la publicidad electoral a través de la televisión. Este extremo suena más bien a una propuesta de Tortorelli y no refleja la seriedad que se supone debe mostrar un candidato. Nadie puede ignorar que la televisión es el medio masivo de comunicación con mayor penetración en los hogares uruguayos (y de todo el mundo) y, por tanto, quien no tiene presencia en televisión ­quien no se muestra en la pantalla chica­ reduce su chance de ser conocido por la ciudadanía y de ser votado.

Entendemos, pues, que el proyecto de ley de regulación de la propaganda electoral por televisión es un instrumento democratizador, que asegura a todos los partidos y candidatos la posibilidad de hacer llegar su mensaje a todos los rincones del país; y francamente no comprendemos las razones de la cerrada negativa de blancos y colorados a aprobar el proyecto.