Inversiones extranjeras (IED) y soberanía

Eric Hobsbawn sostiene que «la globalización neoliberal ha debilitado seriamente a los Estados Nacionales como los conductores del poder y artífices de la política.» Un ejemplo preocupante de esa aseveración es el fenómeno reciente de la economía mundial consistente en la avalancha de compradores de tierras. En tanto, será crucial asegurar la alimentación en este siglo, y debido a medidas proteccionistas y limitantes de sus exportaciones adoptadas por países productores de alimentos, diversos Estados de población densa y sin grandes recursos de tierras y agua han comenzado a comprar tierras compulsivamente. Corea del Sur, China, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Japón han comprado o alquilado ocho millones de hectáreas de tierras fértiles. «Regiones enteras han pasado a estar bajo control extranjero en países con escasa densidad demográfica y cuyos gobernantes están dispuestos a ceder partes de la soberanía nacional». (Ramonet). La ONG Grain denuncia «un acaparamiento de tierras a nivel mundial».

La cesión de la soberanía por esta vía golpea con fuerza a la región. En Argentina el diez por ciento del territorio se encuentra en manos de inversiones extranjeras directas (IED). En Brasil, el Movimiento en Defensa por la Tierra estima que en quince años todo el país estará en manos extranjeras. Paraguay, Uruguay y Brasil estudian leyes limitantes de las propiedades extranjeras. En Uruguay, los grandes compradores son argentinos, brasileños, mexicanos, estadounidenses, europeos, sean inversores individuales o grupos empresariales, entre los que sobresalen los de la forestación. Con la tierra en propiedad de empresarios y trasnacionales extranjeras y con tratados de inversiones que inhabilitan prácticamente la expropiación, ¿cuál es el margen de decisión soberana que queda? La existencia de condiciones elementales de vida pasa hoy por la conservación de los Estados Nacionales, que, según Hobsbawn, son «rocas que rompen el oleaje de la globalización». Sin embargo, en tanto las compras y ventas son transacciones entre privados, Botnia se limita a informar por teléfono al ministro de Industria que ya ha vendido su planta a otra trasnacional de la celulosa y del papel. ¿Qué pasaría si el gobierno objeta a los nuevos dueños?

La constitucionalista catalana Oller i Sala opina que «el poder político y la capacidad de control y participación ciudadana que comporta la organización democrática de éste, está retrocediendo peligrosamente ante un poder económico no organizado bajo estos parámetros y que se ha hecho internacional. En las últimas décadas hemos asistido a la emergencia de nuevos poderes que no están sometidos a controles democráticos. Es el caso de las grandes corporaciones financieras, empresariales y también mediáticas que funcionan por encima y al margen de los poderes democráticos de los estados (…). La pervivencia de la democracia requiere el control de las grandes corporaciones y organizaciones trasnacionales por parte de la política democrática, evitando la creciente apropiación privada de las competencias estatales.»

Las consecuencias son obvias: la venta de tierras significa la expropiación de productores, la emigración del campo, el aumento de la especulación, la destrucción de forestas tropicales, etc. Se agregan las dificultades de obligar a cumplir la legislación a empresas más poderosas que el Estado, las que suelen estar a cubierto de las leyes nacionales (por ejemplo en zonas francas). Cabe la posibilidad de ­como lo está haciendo China­ que las empresas traigan mano de obra mal paga, sin contrato de trabajo y sin cobertura social, como en el siglo XIX trajeron al Uruguay esclavos los estancieros brasileños. ¿La soberanía? Bien, gracias.

En Brasil, Lula ha aceptado el alud de inversiones extranjeras con el consiguiente neocolonialismo agrario. El economista de la OCDE Javier Santiso comenta: «Expresiones tales como ‘lucha de clases’, ‘planificación económica’, y ‘estrategias de sustitución de las importaciones’ fueron reemplazadas por otras expresiones como consenso democrático’, ‘consolidación institucional’, `desregulación económica’ y `apertura al libre comercio’.»

El gobierno del Dr. Lacalle dará luz verde al capital y a las IED. ¿Y el de Mujica? El gobierno actual también ha admitido sin objeciones a las IED, permitiendo en grado extremo la concentración y extranjerización de recursos nacionales, verdadero talón de Aquiles de su gestión, lo que cuestiona su política económica. En tal sentido, es necesario corregirla: las IED serán bienvenidas cuando no contraríen los intereses nacionales fijados por el Estado. Por ende, el gobierno ­al timón del Estado­ deberá afinar los criterios que tracen la línea divisoria entre las bienvenidas y las que no las sean, preservando la soberanía. Así Mujica cumpliría el compromiso con su pueblo y su historia, con el antecedente temprano del Reglamento Provisorio de Tierras de Artigas y con el cercano de Sendic y los cañeros, reclamando ¡tierra ahora!