El papel de los medios y el prestigio de las instituciones

Hace un par de semanas, la Junta Departamental de Montevideo reveló los resultados de una encuesta sobre el conocimiento que los montevideanos tienen de ese organismo. El resultado arrojó que sólo un tercio de los vecinos tiene una idea cabal acerca de qué es y cómo funciona el Parlamento de la Ciudad; los dos tercios restantes ignoran su existencia y, lo más alarmante, no demuestran interés en el tema.

El presidente de la Junta, el edil socialista Gastón Silva, ha expresado su preocupación al respecto considerando que ese desapego a las cuestiones de orden cívico-institucional constituye un peligro nada desdeñable para la solidez del sistema democrático. Sobrada razón le asiste, ya que por regla general los golpes de Estado o los quiebres institucionales se han sustentado, entre otras cosas, en el descreimiento de la población en las instituciones democrático-republicanas. Ese desprestigio de la democracia formal tiene su origen, obviamente, en el manejo irresponsable que los políticos en general y los gobernantes en particular han hecho de la cosa pública. Corrupción, ineptitud, demagogia, incapacidad de resolver los problemas acuciantes de la población, todo eso explica la falta de confianza de los ciudadanos en el sistema.

En 1972/73, convenientemente abonada por el discurso reaccionario, la idea fue prendiendo en vastos sectores de la sociedad de modo de hacer propicia la solución dictatorial, vista como la única salida a la crisis que entonces se vivía. Recuérdese que justamente fue la Junta Departamental de Montevideo uno de los primeros blancos sobre los que se disparó la prepotencia militar. So pretexto de irregularidades en el manejo de los viáticos, las Fuerzas Conjuntas entraron con violencia inusitada en los domicilios de algunos ediles y los encarcelaron ante la pasividad de la mayoría de la población; también sufrió la misma suerte el doctor Jorge Batlle, acusado por el affaire de la infidencia de 1968. Era obvio el propósito de los militares de presentarse ante la población como redentores y como fieles cruzados contra la corrupción.

Pero si bien, como queda dicho, la responsabilidad primera por el desprestigio de las instituciones recae en el sistema político, el papel de los medios de comunicación en tanto formadores de opinión no debe ser soslayado. En efecto, por comisión o por omisión, los medios audiovisuales cumplen una función decisiva en estas cuestiones. A esto hace referencia el edil Gastón Silva cuando afirma que el desconocimiento que exhibe la población sobre el papel de la Junta se debe en gran medida al ninguneo de que es objeto el legislativo comunal de parte de la prensa.

A riesgo de resultar reiterativos, debemos insistir y llamar la atención sobre el enorme poder de que disponen los medios ­y fundamentalmente la televisión­ para incorporar pautas y valores y para, en definitiva, moldear el inconsciente colectivo. Cuando se hace esta observación, la respuesta de los responsables de dichos medios consiste en argüir que ellos se limitan a ofrecer a la audiencia lo que ésta espera; que ellos no tienen la culpa de que la gente prefiera banalidades, que se entusiasme con escenas policiales que exacerban el lado morboso del ser humano o que encuentre atractivos los programas tarambanas donde se develan las intimidades de la farándula. Tonto sería negar ese dato de la realidad. No obstante, es preciso no perder de vista que la emisión de programas casi exclusivamente de ese tenor coadyuva a imbecilizar a la población pues fomenta la tilinguería en lugar de combatirla.

Está en juego, entonces, además del prestigio de las instituciones, nada menos que la cultura de nuestra sociedad. Evidentemente, algo hay que hacer para revertir la influencia nefasta de los grandes medios concesionarios de ondas que pertenecen al país todo.