Una "revolucionaria" relación "iglesia-estado"

La idea de convocar a otra Asamblea Constituyente ha desatado una andanada de críticas, a pesar de tratarse de algo que, con las modificaciones a la Carta de 1966, por reformas plebiscitadas en 1989, 1994, 1996 y 2004, ningún jurista habría osado negarle mérito. No obstante, la sola mención a una Constituyente ha hecho que se salga a abogar hasta en prevención de inversores extranjeros y se hable contra ella, como si se tratara de implementar un quiebre institucional. Casi al son de la vieja consigna «todo el Poder a los Soviets». Esa convocatoria está prevista en la Carta vigente, proviene de ley de 1918 y siempre ha estado presente desde la Constitución de 1919. Otra «Constituyente», llegado el caso, debatirá y promoverá un nuevo texto, mejor o peor, aunque probablemente más armónico; pero ­por axioma­ jamás caería en violación o quebranto del Estado de Derecho.

¡Oh paradoja!, quienes sí se aprestan a violentar nuestras costumbres constitucionales, tradición, orden jurídico y Constitución misma, son los objetores de la «Constituyente». Se les ha ocurrido proponer como programa político-electoral, una revolucionaria modificación «de facto» a la Carta vigente y a las más caras tradiciones laicas y liberales de la República, sin transitar ninguno de los mecanismos previstos para reformarla. En efecto, a un mes de las elecciones internas, el precandidato presidencial Luis Alberto Lacalle salió al cruce de campañas por e-mail en su contra, considerando que «hay gente que hace pornografía política».

En caso de ser electo, creará, adelantó, una Oficina de Asuntos Religiosos sin variar la separación de la Iglesia del Estado». Preguntado: «En caso de acceder al gobierno ¿qué relación piensa mantener con la Iglesia?, contestaba: «Con las iglesias porque la iglesia no es una sola. Si soy presidente soy presidente de un país laico que es diferente de laicista. Yo soy católico apostólico romano. Es necesario tener una Oficina de Asuntos Religiosos (en el MEC) sin que esto implique que el Estado varíe en nada la bendita separación de la Iglesia del Estado que tanto bien le hizo a la Iglesia y al Estado. Creo que es una fuerza, sin violentar la laicidad del Estado, positiva, que a veces no tiene una referencia concreta. Deambulan de una oficina a otra cuando tienen que obtener sus personerías y algunas exoneraciones tributarias».

Se esconde así, «soto voce», una auténtica aunque elíptica reforma constitucional, «de facto», llamada a regir desde marzo, si acaso triunfare; en algo tan «revolucionario», como sería menguar la total separación del Estado y la Iglesia o iglesias. Quebranta así uno de los principios más caros a la República, laica, laicista o como guste bautizarla. Su escueta «propuesta indecente», casi desapercibida, amerita varias y gravísimas objeciones: 1- Por lo pronto, contradice su discurso en contra de cualquier incremento en el gasto público y del achique del Estado. Es que, a la postre, proyecta crear más burocracia, con su inevitable mayor carga para el erario.

2- Cualquier nueva Oficina surge para regular, fiscalizar o controlar algo; en la especie nada menos que los «asuntos religiosos», en un Estado laico, laicista o como quiera llamarlo, ya que al efecto se usará un concepto inventado. Un término inexistente en la conjugación del verbo «laicizar». 3- Es de temer, además, que por su modo de ver y ser católico, radicalmente distinto al de un JFK, se entremezclaría religión con la «res publica», sumiéndonos en un proceso de neoteocratización de la República. Baste recordar su apoyo al levantamiento de las campañas preventivas del VIH que promocionaran el condón; a instancias de un ministro de Salud Pública vinculado al Opus Dei.

¿Qué tiene que hacer un Estado como el nuestro, con un siglo de separación de la Iglesia, metido a ordenar, regular, controlar o fiscalizar a acólitos y sacerdotes, ministros, pastores o como quieran darse en llamar los oficiantes? No juguemos otra vez al avestruz en materia tan delicada, amenazada por algún ignoto futuro proyecto de ley o simple decreto, de un Lacalle eventualmente reelecto.

Una dependencia pública, tenga el rango que tenga, regula, controla, fiscaliza o, cuando no también, dilapida fondos del erario. Peor todavía, una dedicada a «asuntos religiosos», que probablemente, termine distrayendo cuantiosos recursos públicos para tal o cual creencia. Idea ya insinuada por De Posadas, desde su tradicional conservadurismo ultraneoliberal, promoviendo la entrega de fondos dispensados por el Mides, Panes, etc., a favor de asociaciones privadas dedicadas a obras sociales. Esta sería, para De Posadas, «la solución» ante fallas «burrokráticas», algunas reales, pero las más imaginarias de su nada desinteresada adoración al «Mercado».